Después de cuatro años de gestión, Paula Gaviria dejó la Unidad para las Víctimas para dirigir la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia. En entrevista con EL COLOMBIANO, Gaviria contó qué retos dejó en su antiguo puesto y lo que se viene como consejera.
¿Qué responsabilidades le quedan al nuevo director?
“Seguir atendiendo y reparando a las víctimas, el número de víctimas es muy grande, ningún país ha registrado tantas como Colombia, entonces el desafío es enorme. Nosotros lo que hicimos fue abrir el camino y consolidamos la institucionalidad y la política. Logramos avances para indemnizar a más de 600 mil víctimas, en lograr atender en su salud emocional en su tema psicosocial a más de 300 mil en coordinación con el Ministerio de Salud, también se logró mucho con la vivienda gratuita para las víctimas de desplazamiento, se han entregado más de 60 mil casas. Lo que se viene es seguir en ese camino, pero ahora es hacerlo en el marco de un país que se está acercando al fin del conflicto”.
¿La Unidad para las Víctimas contará con suficiente dinero para el posconflicto?
“Cuando inició en el 2011, la política de víctimas la acompañó un plan de financiación de la política a 10 años de 55 billones de pesos, de esos 55 billones de pesos se han ejecutado un poco más de 30 billones. Sin embargo no se tenía proyectado que el universo de víctimas fuera de ocho millones, esa cifra nos llevó a cambiar frente a ese plan de financiamiento. Adicionalmente la Corte Constitucional ordenó que las víctimas de desplazamiento también sean reparadas, todo esto ha obligado a diferentes entes de Estado a pensar cómo se podrá refinanciar la política de víctimas. En el acuerdo de víctimas en La Habana, del pasado 15 de diciembre, se acordó que el Estado va a financiar esa política, pero también que las Farc deben contribuir para la reparación”.
Ya sobre su nuevo puesto, ¿cómo será su trabajo para articular las agencias que están involucradas en el posconflicto?
“Lo primero es que la vigencia de los derechos humanos tiene que ser la gran apuesta del posconflicto, la vigencia plena del respeto y la garantía por los derechos humanos, todos los derechos, los de primera generación, libertad, integridad, vida, los culturales, también el respeto para quienes los defienden, hay que garantizar la no repetición después del fin del conflicto. La vigencia de los derechos humanos garantizará un buen posconflicto. La política de víctimas”.
¿Desde su despacho también se tienen programas para los guerrilleros que se van a desmovilizar después de un acuerdo final?
“Claramente, el primer reto que tiene el Estado es el de la seguridad y el de garantizar que esas personas no sean afectadas y más después de que decidieron entregar las armas y reintegrarse a la vida civil. Para esas garantías hay una mesa específica que se está desarrollando en Cuba, hay una estrategia que está prevista para ese asunto y a la Consejería de Derechos Humanos le corresponderá tener parte de la responsabilidad para que ninguna persona que entre en un proceso de reintegración tenga algún riesgo en su seguridad”.
¿También tendrán una especial atención en el desplazamiento intraurbano, una atención a este fenómeno?
“Sí, si bien el desplazamiento general ha tenido una reducción del 50 %, en los últimos dos años, hay un aumento en otro tipo de desplazamiento como es el intraurbano. En este tema vamos a continuar con un plan que viene avanzando para mitigar con atención y respuesta a las comunidades que están sufriendo este tipo de desplazamiento”.
Otra de las tareas que tiene su despacho tiene que ver con los menores que van a salir de las filas de las Farc, ¿qué información tiene?
“La tarea que nos puso la mesa de diálogos fue liderar una mesa para buscar estrategias para la entrega de menores por parte de las Farc. La primera parte de esa tarea ya se entregó, se está estudiando la propuesta, mientras que la segunda era entregar una propuesta y unas recomendaciones para la creación de un programa integral para la atención de esos niños niñas y adolescentes”.
¿Ya se tiene algún plan para solucionar la problemática que tienen los desmovilizados de las Auc al ser condenados por el delito de concierto para delinquir y su inhabilidad para contratar con el Estado?
“Esta es una barrera que tenemos que superar, porque ellos ya dieron el primer paso de estar en la legalidad, entonces tenemos que trabajar para que ellos tengan garantías y poder realizar sus proyectos de vida en la legalidad”.
