Paz y derechos humanos

Asesinato de exmiembros de las Farc no se detiene

Las dos últimas víctimas fueron Wilmar Asprilla y Ansel Montoya, quienes hacían proselitismo político en Antioquia. “Los Urabeños” serían los autores.

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19 de enero de 2018

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Pese a los esfuerzos que el Gobierno viene haciendo para proteger la vida de los exguerrilleros de las Farc que dieron el paso a la legalidad, los siguen asesinando.

Los cálculos varían de acuerdo a quien dé la información: el presidente Juan Manuel Santos reconoció ante “Pepe” Mujica y Felipe Gonzalez, expresidentes de Uruguay y España garantes de la implementación, que desde la firma del Acuerdo en el Teatro Colón habían asesinado 33 excombatientes, a los que deben sumarse el homicidio de otros dos el martes pasado en Peque, Antioquia, y 12 de sus familiares; sin embargo, las Farc aseguran que son 36 exguerrilleros y 13 allegados muertos.

El mandatario explicó que hasta el momento se han implementado 112 esquemas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para brindar seguridad a 123 integrantes del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que estarían en alto riesgo.

Pero no ha sido suficiente para detener las acciones que parecerían hechos aislados, pero al sumarse evidencian la grave problemática para los que dejaron las armas.

¿Cuál es la magnitud?

El exterminio es una preocupación constante de Farc. El recuerdo de lo que ocurrió con la Unión Patriótica, UP, hace tres décadas, aparece recurrentemente, y el aumento de excombatientes asesinados reportados cada semana hace que reclamen por protección.

El movimiento señaló en un comunicado que “ve con preocupación que la cultura de eliminación física de la oposición siga haciendo carrera en Colombia, y que no se cumpla con brindar garantías de seguridad para el ejercicio de la política al nuevo partido surgido de la transformación de las Farc”.

Por esta razón hicieron un llamado al Estado y a las autoridades competentes a pronunciarse frente a los “sistemáticos asesinatos” y “tomar medidas para que no se repita un genocidio político como lo ocurrido con la UP”.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que los esfuerzos del Ejecutivo están dando resultados: “Si comparamos con lo que ocurrió con los excombatientes de los grupos paramilitares que se desmovilizaron como consecuencia del proceso de paz adelantado entre el 2004 y el 2006, según el hoy vicepresidente de la República (Óscar Naranjo), que para esa época fungió como director Nacional de la Policía, cerca de 700 excombatientes fueron asesinados durante el año posterior a la desmovilización, en este caso la cifra de los excombatientes de las Farc asesinados ha sido menor: no supera las 50 personas”.

Así se eligen los protegidos

El ministro Rivera explicó que las personas a quienes se les otorgan esquemas de protección son seleccionadas por una comisión mixta integrada por cinco delegados del Gobierno Nacional y cinco de las Farc, por lo que ese partido político participa en igualdad de condiciones al Ejecutivo a la hora de determinar el riesgo.

Aseguró, además, que varias de las víctimas no contaban con ninguna medida especial de protección, como es el caso de Wilmar Asprilla Allim y Ansel de Jesús Montoya Ibarra asesinados en Peque, porque las Farc no lo solicitaron. EL COLOMBIANO conoció un documento de la UNP en el que la entidad confirma que “no se encuentran solicitudes de asignación de medidas de protección”, por parte de ambos excombatientes.

Ya las autoridades manejan hipótesis sobre ambos homicidios. Según el general Carlos Rodríguez, comandante Región 6 de Policía, sostuvo que al parecer serían miembros del Clan del Golfo, también conocidos como “los Urabeños”, quienes perpetraron el ataque, lo que habría ocasionado diferencias dentro de esa organización criminal.

No obstante, las investigaciones son lentas. Según el informe de la Presidencia, solo cuatro de 40 casos determinados están en juicio, el resto se mantienen en indagación o investigación.

Es importante resaltar que esta semana llegó a la oficina del partido Farc un panfleto supuestamente enviado por el Clan del Golfo en el que amenazaban a los exguerrilleros y a las sedes políticas. El Gobierno prometió seguridad y aún no se ha establecido la veracidad del papel.