El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de aclaración presentada por la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal y mantuvo vigente la medida cautelar que suspendió provisionalmente los convenios que sustentan el nuevo modelo de producción y expedición de pasaportes.
La decisión fue adoptada en un auto del 16 de septiembre y conocida este jueves 17.
El Tribunal consideró que la providencia del 3 de septiembre era suficientemente clara en cuanto al alcance de la medida cautelar, por lo que no había lugar a modificar ni precisar sus efectos.
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El punto de fondo es el nuevo modelo mediante el cual se busca producir, personalizar, custodiar y distribuir las libretas de pasaporte.
La medida cautelar había ordenado suspender provisionalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, así como los contratos y convenios que se desprendan de ellos.
Después de la decisión del 3 de septiembre, la Cancillería acudió nuevamente al Tribunal para pedir precisiones sobre la forma en que debía continuar la expedición de pasaportes mientras permanece suspendida la ejecución de esos instrumentos.
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En particular, el Ministerio buscaba establecer cómo garantizar la producción y entrega de los documentos y si la Imprenta Nacional podía continuar con determinados procesos relacionados con las libretas que ya se encuentran en inventario.
La entidad también planteó inquietudes sobre la personalización, suministro y distribución de esas libretas. La respuesta del Tribunal fue que esas definiciones no corresponden al juez dentro del alcance de la medida cautelar.
Según la providencia, no le corresponde sustituir a la administración en la planeación, dirección o ejecución de las medidas que considere necesarias para enfrentar la situación.
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En otras palabras, la decisión judicial mantiene la suspensión, pero deja en manos del Gobierno la búsqueda de los mecanismos administrativos, contractuales, presupuestales o logísticos necesarios para garantizar que los colombianos sigan recibiendo sus documentos.
El servicio de pasaportes debe continuar. Hay un punto que el Tribunal había dejado expresamente establecido desde la decisión inicial: la suspensión de los convenios no puede convertirse en una suspensión del servicio público de expedición de pasaportes.
La medida cautelar ordenó mantener la prestación del servicio de manera continua, regular e ininterrumpida.
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La Presidencia también señaló, después de la decisión del 3 de septiembre, que el Gobierno debía adoptar las medidas necesarias para evitar que la controversia judicial afectara a los ciudadanos.
Por eso, el nuevo pronunciamiento judicial no significa que se haya ordenado dejar de expedir pasaportes.
El problema que ahora debe resolver el Ejecutivo es cómo garantizar esa operación mientras los convenios suspendidos permanecen congelados.
De hecho, el Gobierno ha analizado diferentes alternativas para asegurar la continuidad del servicio. Entre ellas aparece la posibilidad de recurrir a mecanismos administrativos de contingencia.
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¿Por qué se suspendieron los convenios?
La decisión del 3 de septiembre se produjo dentro de una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional.
El demandante cuestionó el esquema adoptado para la producción, personalización, custodia y distribución de las nuevas libretas y planteó una posible afectación de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público y el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos.
Al estudiar la solicitud de medida cautelar, el Tribunal señaló preliminarmente inconsistencias en la información entregada sobre la ejecución del nuevo modelo.
Entre los elementos mencionados estuvieron cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios y ausencia de soportes suficientes sobre aspectos como infraestructura, personal y avances de la operación.
La suspensión, sin embargo, no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de los convenios. Se trata de una medida cautelar adoptada mientras avanza el proceso judicial.
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La disputa que sigue Con la aclaración negada, la medida cautelar permanece vigente y el Gobierno deberá definir cómo mantiene la operación del sistema de pasaportes sin ejecutar los instrumentos contractuales cobijados por la suspensión.
La controversia de fondo continúa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Allí deberá establecerse si las actuaciones cuestionadas vulneraron los derechos colectivos invocados en la acción popular y cuál será, finalmente, el futuro jurídico del esquema implementado para la expedición de los nuevos pasaportes.
La decisión de este jueves, por ahora, no cambia la obligación de garantizar el servicio a los ciudadanos, pero sí mantiene congelado el núcleo contractual que está bajo cuestionamiento judicial.
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Preguntas y respuestas
- ¿Qué decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre los convenios de pasaportes?
- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de aclaración presentada por la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal y mantuvo vigente la suspensión provisional de los convenios relacionados con el nuevo modelo de producción y expedición de pasaportes.
- ¿Qué convenios de pasaportes siguen suspendidos por orden judicial?
- La medida cautelar mantiene suspendida provisionalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, además de los contratos y convenios que se desprendan de ellos.
- ¿La suspensión de los convenios significa que Colombia dejará de expedir pasaportes?
- No. La decisión judicial no ordena suspender el servicio de expedición de pasaportes. El Tribunal estableció que la prestación debe mantenerse de manera continua, regular e ininterrumpida mientras permanece suspendida la ejecución de los convenios.
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