El pleito entre la Cancillería y la firma inglesa Thomas Greg & Sons continúa, sin embargo, puede haber un giro en medio de las pretensiones de ambas partes. De hecho, tanto el Gobierno como esa firma que lleva realizando la fabricación de los pasaportes desde hace décadas en el país, solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aplace la diligencia tras la suspensión del proceso judicial que cursa por la no adjudicación de la licitación para la impreso de los pasaportes en 2023.
La demanda, por $ 117.000 millones, busca una indemnización por los presuntos perjuicios causados a Thomas Greg. Pero, la ampliación obedece a que ambas partes exploran posibles soluciones al litigio mediante negociación entre las partes.
Por eso, la diligencia se retomará el 4 de febrero próximo.
En contexto: Thomas Greg: ¿solución o perpetuación de un monopolio con los pasaportes?
En septiembre del año pasado, el Gobierno Nacional logró un acuerdo con la compañía Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes en Colombia al menos hasta septiembre de 2025. La cancillería se vio obligada a ceder para evitar un problema mayor y finalmente negociar con el actual fabricante, tal como lo recomendó hace más de un año la entonces directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, removida del cargo por sugerir esa alternativa.
¿Cómo inició el pleito?
Todo inició cuando el excanciller Álvaro Leyva anunció la apertura de una convocatoria pública para elegir un nuevo fabricante de pasaportes y cambiar al actual, Thomas Greg.
Sin embargo, poco después de publicarse la convocatoria, se conocieron más de 400 quejas de al menos 10 empresas interesadas en participar. Los competidores alegaron favorecimientos a Thomas en el pliego de condiciones para que ninguna firma tuviera oportunidad de ganar más que ellos mismos. Al final, Thomas fue la única que cumplió con los requerimientos, y quedó como único proponente habilitado.
Fueron los reclamos de los demás interesados en los que basó el excanciller Leyva su decisión de declarar desierta la licitación lo que resultó un tiro al pie. El Gobierno se había quedado sin fabricante de pasaportes por primera vez desatando una crisis que al final se subsanó prorrogando el contrato a Thomas Greg, primero por un año, desde el 3 de octubre de 2023 hasta el 3 de octubre de 2024 y ahora otro año más, hasta septiembre de 2025.
Los vientos, en todo caso, seguían soplando a favor de la compañía que inició una carrera en la que se fue perfilando como el único salvavidas, acentuando su inevitable escogencia, sin rival, así como ha venido ocurriendo desde hace más de cuatro décadas. Esta vez volvió a caer parada: continuará como fabricante y a la par llevará a cabo funciones para asesorar a una empresa de Portugal.
Según los planes del Gobierno, en septiembre del otro año los portugueses y la Imprenta Nacional asumirán toda la generación de las cartillas. Los favoritismos hacia Thomas Greg no eran bien recibidos en el petrismo. Desde antes lo venía ventilando el jefe de Estado: “Thomas Greg & Son’s pone a los presidentes de Colombia”, dijo el mandatario en el año 2019.
Esta controversia produjo la suspensión del excanciller Leyva por parte de la Procuraduría y su salida del gabinete.
La firma ha estado en la cúspide del negocio de transporte de valores, seguridad privada y contratos de impresión para documentos que requieren seguridad, como cheques, estampillas, cédulas y pasaportes o tarjetones electorales.
Thomas Greg le reclama al Estado 117 mil millones de pesos como indemnización por los cuatro años que quedaría por fuera del negocio, aunque de prórroga en prórroga ya lleva ganado un año. Más allá de los cuestionamientos por la aparente falta de equidad de la licitación también hay que decir que Thomas Greg & Son’s ha cumplido con su tarea de imprimir los pasaportes de los colombianos.
