La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia envió una comunicación a organismos internacionales en la que expresa preocupaciones sobre la política de ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro y sus posibles efectos en la seguridad y el proceso electoral en el país.
La carta, dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, al secretario de Estado de Estados Unidos y a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plantea cuestionamientos frente a decisiones recientes adoptadas en el marco de esa estrategia de seguridad.
En el texto, Valencia sostiene que, aunque la ‘Paz total’ buscaba abrir canales de diálogo con organizaciones ilegales, “en la práctica ha permitido la expansión de estructuras criminales y terroristas en el país”.
Como sustento, cita cifras sobre el aumento de delitos como secuestro, extorsión y acciones terroristas en los últimos años.
De acuerdo con la comunicación, en 2025 se registraron 698 secuestros, lo que representaría un incremento significativo frente a años anteriores.
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También se mencionan niveles récord de extorsión en 2024 y 2025, así como un aumento en eventos catalogados como terroristas.
El documento también hace referencia al crecimiento de los cultivos de coca y a la expansión territorial de los grupos armados ilegales. En ese sentido, señala que estas organizaciones tendrían presencia en cerca de la mitad de los municipios del país, lo que, según la senadora, evidencia un deterioro de la situación de seguridad.
En el plano político, la carta advierte sobre posibles implicaciones de estas decisiones en el contexto electoral.
Valencia afirmó que la suspensión de órdenes de captura “se produce a pocos meses de las elecciones presidenciales” y planteó que, en zonas bajo influencia de grupos armados, las condiciones para el voto libre podrían verse afectadas.
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Además, mencionó el nombre del senador Iván Cepeda como eventual candidato del oficialismo, al señalar el riesgo de que estas dinámicas incidan en el respaldo electoral en territorios con presencia de organizaciones ilegales.
Finalmente, la senadora hizo un llamado a la comunidad internacional para que “acompañe y supervise” el proceso electoral en Colombia, con el fin de garantizar condiciones de transparencia y seguridad.
Según indicó, el fortalecimiento de estos grupos y las decisiones adoptadas en el marco de la política de paz podrían tener “un efecto inmediato e indebido” en los resultados electorales.
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El Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre esta comunicación en particular. Tampoco lo ha hecho el candidato Iván Cepeda.
Sin embargo, la polémica en su contra también llegó de otro frente. Roy Barreras aseguró, sin pruebas, que grupos armados buscarían votos para él o presionarían para llevar la balanza a su favor.
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