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Desde su lugar de reclusión, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega aseguró que detrás de su caso hay intereses políticos que no permiten su libertad.
El seis de noviembre de 1985 ocurrió un hecho que cambió para siempre la historia de la vida institucional del país. Ese día un comando armado de la guerrilla del M-19 se tomó a sangre y fuego y durante 28 horas el Palacio de Justicia, un edificio ubicado en el centro del poder político de Colombia, a escasos metros del Congreso de la República y de la Casa de Nariño.
Hoy, cuando se cumplen 30 años de aquel fatídico día, en el que 95 colombianos entre magistrados, funcionarios del edificio, miembros de la fuerza pública y guerrilleros perdieron la vid, tanto los militares encargados de la operación de recuperación del Palacio como los familiares de las personas que murieron coinciden en algo: exigen justicia.
El del coronel (r) Alfonso Plazas Vega es uno de esos casos. Plazas Vega quien para la época de los sucesos tuvo la misión de coordinar el ingreso de los vehículos blindados al Palacio, habló con EL COLOMBIANO en las instalaciones del Cantón del Norte en Bogotá, donde ya ajusta ocho...