Ingresos injustificados y presuntos ingresos no reportados a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 salieron a relucir en el interrogatorio que rindió el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, a la Fiscalía antes de desistir de colaborar con la justicia en la investigación en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Cabe recordar que el exdiputado por el Atlántico fue capturado –junto a su exesposa Daysuris Vásquez– el 29 de julio en Barranquilla. Días después, dijo que colaboraría con la justicia mediante una negociación con la Fiscalía en la que revelaría “nuevos hechos y situaciones (...) por mi familia y por mi bebé que viene en camino”.
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Cinco días después, un juez con función de control de garantías le concedió el beneficio de libertad condicional. Tres semanas después recibió una visita de su padre, el presidente de la República, en Barranquilla. Una visita que causó revuelo por la posibilidad de que el Jefe de Estado influyera en el caso. Un mes después de esa visita el exdiputado desistió de su intención de colaborar con la justicia y, por lo tanto, la Fiscalía presentó ante un juez de conocimiento escrito de acusación (paso previo para ir a juicio) en contra.
Aún así, antes del desistimiento el mayor de los hijos del presidente rindió un interrogatorio, cuyo contenido fue revelado por El Tiempo y Semana. En el mismo salta a la vista el conocimiento que tenía el entonces candidato presidencial sobre la financiación de su campaña por medio de dineros que no fueron reportados y los nombres que estarían involucrados en estos movimientos.
El papel de Euclides Torres
Los nombres mencionados por Petro hijo fueron el empresario Euclides Torres, el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, el contratista Christian Daes, la primera dama Verónica Alcocer y el senador del Pacto Histórico Pedro Flórez.
Por un lado del entramado relatado confluyen Benedetti, Flórez y Torres. El último como financiador en la sombra –pues no habría sido reportado– de la campaña presidencial del Pacto Histórico; el primero como el que llevó a Torres, y el segundo como el intermediario para obtener esos dineros.
“De eso salió un documento supuestamente que era Verónica, pero realmente la legitimación (del hoy senador Flórez) nos la dio el propio candidato a la presidencia”, expresó Nicolás Petro.
Euclides Torres es un megacontratista atlanticense que lleva 20 años manejando las concesiones del alumbrado público en Atlántico, Valle del Cauca y Santander, así como en el sector del tránsito. El exdiputado Petro dijo que su padre no solo sabía que Torres era el mecenas de su tercera aspiración por llegar a la Casa de Nariño, sino que guardaba silencio cada vez que Armando Benedetti decía abiertamente que el contratista estaba detrás del pago de los eventos.
“Sabía (Gustavo Petro) perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña”, expresó su primogénito en la diligencia judicial. Además agregó que “se lo mencioné varias veces” y que “cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía”. Ante esto, según su hijo, el entonces candidato Petro “siempre se quedaba callado”.
Christian Daes y primera dama
Por el otro lado del nudo están Verónica Alcocer, el representante Agmeth Escaf, su exesposa y exasesora del Ministerio del Interior María Antonia Pardo y el contratista Christian Daes. Según el testimonio, en medio de la campaña la gerente de Artesanías de Colombia, Adriana Mejía, se reunió con Daes y Escaf para luego transportar “unos recursos para la señora Verónica Alcocer”, de quien dijo tendría una supuesta campaña paralela.
Y añadió que “Christian Daes financió parte de esa campaña (de Alcocer)”, que “el dinero llegaba a través de Agmeth Escaf” y que “la ocasión en que estuve presente fue en efectivo”.
Christian Daes es un personaje reconocido en Barranquilla, pues junto a su hermano José Manuel ‘Yuyo’ Daes han sido protagonistas en la contratación pública en esa ciudad, por medio de sus empresas Tecnoglass (fabricante de vidrios en Estados Unidos y América Latina) y A Construir (dedicada a las obras públicas).
Además de ser muy cercanos a la familia Char y sus aliados políticos, fueron las cabezas detrás de la construcción de las obras “La Ventana al Mundo” y “La Aleta del Tiburón” en Barranquilla.
En el libro La Costa Nostra de la periodista Laura Ardila se les dedica un capítulo en el que se menciona un proceso abierto en 1993 en Estados Unidos en su contra por conspiración para importar cocaína y lavado de activos (del que salieron avantes), así como una mención a ellos por parte de un colaborador de las autodefensas en la que los define como “amigos de la organización” paramilitar.
Lo que se viene ahora para Nicolás Petro –quien este sábado dijo que estas declaraciones las hizo tras ser doblegado “moral y físicamente” por la Fiscalía– es un juicio en el que podrá reservarse el derecho de guardar silencio y de no declarar en contra de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad (lo que obviamente incluye a su padre).
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¿Qué dice la acusación contra Petro Burgos?
El fiscal de este caso, Mario Burgos, radicó escrito de acusación contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En un documento de 83 páginas la Fiscalía señala la presunta existencia de un ingreso patrimonial injustificado, dado que de su trabajo como diputado Petro Burgos recibió ingresos por $280.331.394, pero registró ingresos por $1.205.750.000, por lo cual el ente acusador señala que no hay soporte del origen de los otros $1.053.911.056.
“El señor Nicolás Fernando Petro Burgos (...) tenía la capacidad de comprender su ilicitud, comprendía que estaba incrementando para sí y para otro de manera no justificada su patrimonio económico, siendo servidor público”, dice el escrito.
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