Ningún gobernante de la historia reciente de Colombia ha evitado el nepotismo en su gabinete; hermanos, hijos, padres y hasta suegras terminan nombradas en cargos a los que no hubieran llegado si no es por su grado de consanguinidad con altos funcionarios. En algunos casos puede que la persona cumpla con el perfil requerido, pero la ‘palanca’ fue determinante. Lo contradictorio, sin embargo, es que el presidente Gustavo Petro prometió en campaña que no sería así si llegaba al poder y que supuestamente iba a romper con “el régimen enquistado en el Estado”, citando al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
Igualmente, siendo oposición, varios congresistas del Pacto Histórico y líderes del petrismo reclamaban a quienes entonces ocupaban el poder por nombramientos de familiares en distintas carteras incluyendo cómodos cargos en el servicio exterior. Hoy que son ellos quienes ostentan el poder han caído, según los hechos, en varias prácticas que solían criticar.
EL COLOMBIANO recopiló e investigó la red de familiares de ministros, exministros y congresistas del petrismo que están nombrados en el Gobierno. El caso más reciente, revelado por este diario, tiene que ver con el doble rasero de un congresista al que si a su apellido se le cambia una letra quedaría como un chiste del lenguaje.
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Doble rasero de Racero
Nueve familiares y cercanos al representante a la Cámara, David Racero, y su tío, José Luis Mayorca, accedieron a contratos directos con entidades del Gobierno.
Estas personas son hermanos, primos por la línea materna o paterna del representante, y familiares o cercanos a su tío Mayorca, que fue congresista y candidato a la Gobernación de Cesar en las elecciones pasadas. En casi todos los casos se trata de la primera vez que llegaron a trabajar con instituciones del Gobierno Nacional. Además de estos hechos, la Corte Suprema investiga a Racero por los movimientos financieros que hizo con una mujer que trabajaba en su UTL para préstamos en un contexto de subordinación y por las presiones para cargos en el Sena, que parecerían irregulares para un funcionario del Legislativo.
Durante el periodo del expresidente Iván Duque, Racero criticaba los nombramientos de políticos sin experiencia en cargos reservados para la carrera diplomática y hacía hilos en redes en los que exhibía, una por una, las hojas de vida de las personas a las que cuestionaba: “Aquí podrán ver el ‘criterio técnico’ que usa Duque para la conformación del servicio exterior colombiano”, decía en 2021.
Su doble rasero quedó expuesto cuando el petrismo llegó al poder —fue el primer presidente a la Cámara de este cuatrienio— al punto de protagonizar escándalos sobre el presunto mal manejo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) pues habría puesto a trabajar a un colaborador suyo en un fruver, según audios y chats.
El caso más emblemático de un familiar de Racero con contratos públicos es el de José Manuel Márquez Mayorca, primo suyo, que ha tenido en esta administración cinco contratos, algo difícil de encontrar con ese nivel de éxito en las instituciones públicas.
El exitoso contratista firmó el 17 de mayo de 2024 un contrato con la Agencia Nacional de Tierras por más de 66 millones de pesos. Ese mismo día firmó otro con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pero no se ejecutó. Márquez tiene otro vínculo con Colombia Compra Eficiente sellado el 19 de diciembre de 2023 por 25 millones de pesos. En el sistema de contratación pública aparece uno adicional con esa misma entidad por 45 millones de pesos el 20 de febrero de ese mismo año. Y uno más con la Superintendencia de Notariado y Registro el 24 de febrero de 2023 por más de 16 millones de pesos.
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Los contratos tienen objetos parecidos en apoyo a oficinas administrativas para la implementación de programas o proyectos de cada entidad. Pero no se explica cómo un mismo contratista puede desarrollar cuatro en secuencia y cumplir eficazmente con todas sus tareas.
Como Márquez Mayorca hay más familiares del congresista que trabajan en ministerios, superintendencias y entidades centrales sin haber tenido en general gran experiencia previa en el sector público. Estos son Camila Racero Gómez, Tania Carmona Racero, Felix Darío Racero, Edgardo García Mayorca, Leyla García Mayorca y Ángela María Araujo y otros más.
De hecho, en el caso de Racero hay otros cuestionamientos por los contratos que firmó la Cámara mientras él era el presidente de la Corporación con cajas de compensación. En ese cargo también esposas de sus primos se vieron beneficiadas con contratos en la Cámara, sin que hasta ahora haya ninguna explicación. Tampoco hay respuestas a los intereses de su tío, que fue antes un poderoso socio y accionista de la EPS Medimás, una de las grandes historias de fracaso de aseguradoras privadas cumpliendo con derechos fundamentales. Paradójicamente, este es el argumento central del presidente en sus discursos sobre la necesidad de eliminar el papel de los intermediadores en el sistema de salud. Ni Racero ni Mayorca han explicado porque este último, sin ningún cargo, acudía a reuniones del Gobierno para la reforma.
Otros congresistas
No es el único congresista que tiene a familiares trabajando en el Gobierno. Por ejemplo, el senador Inti Asprilla de la Alianza Verde, del corazón del petrismo, también estaría ejerciendo el nepotismo como práctica. Según una denuncia del congresista de la oposición, Andrés Forero, tíos de Asprilla han sido designados como contralores en EPS intervenidas y reciben honorarios millonarios del sistema de salud.
La denuncia de Forero señala que Gladys Señora de las Mercedes Asprilla Coronado y su esposo Julio César Florián Londoño ocupan cargos como contralores en Nueva EPS y EPS Sanitas, respectivamente, pese a un aparente conflicto de interés. Ambos fueron designados por la Superintendencia en 2024, con contratos que les otorgan ingresos mensuales combinados de aproximadamente 160 millones de pesos, según documentos revelados por Forero.
Pero hay más. Las hijas de la pareja también estarían vinculadas con contratos en el sector salud. “Las hijas de la pareja son representantes legales de una firma que en 2024 tuvo contrato con el E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias por 311 millones de pesos”, dijo Forero en su denuncia. “Todo queda en familia. Las intervenciones son un desastre, pero ellos ganan bien. Ya sabemos para qué quieren la reforma”, agregó.
Otra congresista gobiernista, Martha Peralta, también ha utilizado su influencia para beneficiar contractualmente a personas cercanas. EL COLOMBIANO investigó y encontró que la empresa MC&I Americas SAS, cuyo representante legal es Carlos Enrique Herazo de la Barrera, concuñado de Peralta, ha incrementado sus ingresos considerablemente desde el inicio de este Gobierno con contratos en distintas entidades a nivel local y nacional. La empresa nació en 2020, según registro mercantil, tiene sede en Barranquilla y se dedica a la energía solar, lo que incluye paneles y otros servicios e insumos de ingeniería. “Ese vínculo es algo que ella no quiere que se sepa (sic)”, le dijo a este diario una fuente enterada.
Uno de los contratos de esa empresa, en poder de este diario, fue en 2024 por más de $800 millones para construir paneles solares junto a la Alianza Pública para el Desarrollo Integral “AlDesarrollo”, que es “una entidad descentralizada indirecta, de naturaleza pública, sin ánimo de lucro”, dirigida por Omar Enrique Flórez, un polémico administrador de empresas, que habría recibido “a dedo” un contrato por $10.000 millones de la Cancillería y otro, a través de una alianza llamada “Red Summa” en la que ganó un contrato cuestionado con la Procuraduría por $9.000 millones. La maquinaria política de Peralta está aceitada con cuotas de funcionarios en alcaldías y entidades nacionales como el Ministerio de Salud y ComfaGuajira.
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Ministros y funcionarios
El hijo y la pareja del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también trabajan en el Gobierno. Hace algunos días, se conoció que a la dirección de Procolombia en Reino Unido llegó Alejandro Jaramillo Gómez. Y desde 2024, Beatriz Eugenia Gómez se desempeña como superintendente delegada para la vigilancia para los prestadores en la Superintendencia de Salud, lo que supone incluso un posible conflicto de interés con el ministro Jaramillo. Además, este diario reveló el poder de su hermano, el exsenador Mauricio Jaramillo, quien tiene varias cuotas políticas en el MinSalud y entidades adscritas como el Fondo Nacional de Estupefacientes; el elemento común es que casi todos tienen investigaciones o cuestionamientos en su contra.
También figuran familiares de otros ministros. Jaime Osorno, esposo de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fue vicepresidente de la Sociedad de Activos Especiales. Y Juan Carlos Ortega, esposo de la ministra de Vivienda, Helga Díaz, fue secretario de la Agencia de Reincorporación.
Otro de los poderosos funcionarios que tiene familiares que han estado en el Gobierno es Luis Eduardo Llinás Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuenta con dos hermanos contratistas en el Gobierno.
José Ignacio Llinás Chica, amigo personal de Nicolás Petro y quien tuvo un contrato de $230 millones en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD). Su otro hermano, Vladimir Antonio Llinás Chica, firmó un contrato por $84 millones en el Fondo de Adaptación.
Tampoco se salvan entidades como Ecopetrol. Además de Ricardo Roa, el Gobierno ha logrado ubicar a importantes fichas en la junta directiva. Hildebrando Vélez (papá de la exministra y cónsul en Londres, Irene Vélez); Alberto Merlano Alcocer, (tío de la primera dama Verónica Alcocer); y Guillermo García Realpe, este último presidente de la junta y con fuertes lazos en otras entidades. Sus dos hijos estuvieron en el Ejecutivo; uno de ellos, Gustavo García, fue viceministro y ministro del Interior encargado.
Igualmente, el polémico Hollman Morris, director de RTVC, acusado por múltiples fuentes de este diario de manejos irregulares, maltrato a contratistas y presiones editoriales indebidas, tiene a sus tres hermanos con cargos en el Gobierno: Juan Pablo Morris pasó por el Ministerio de Salud y ahora está en la Unidad de Restitución. Sus dos hermanas, Ingrid Johanna y Helga Lorena Morris, han sido contratistas del Ministerio de Cultura.
Exministros con ‘rosca’
Varios exministros también tienen o tuvieron familiares nombrados bajo la actual administración. Por ejemplo, la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien suma tres familiares contratados. Su hijo, David Alejandro Restrepo Ramírez, como jefe de la oficina de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (Uspec) hasta febrero de este año y luego en el Ministerio de Ciencia. Otro hijo de la ministra Ramírez, Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, tiene un contrato con el ministerio de Cultura y la hermana de la jefe de la cartera, Zuleyma Ramírez, fue nombrada como subdirectora técnica del Instituto Nacional de Salud.
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está casado con Claudia Cortés, que venía de ser funcionaria de carrera en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) del Ministerio de Agricultura y fue nombrada como su directora por la exministra y hoy embajadora ante la FAO, Jennifer Mojica, que tras salir de esa entidad fue nombrada, precisamente, como asesora de despacho de Bonilla.
La exministra y cónsul en Londres, Irene Vélez, está casada con Sjoerd Van Grootheest, quien logró en 2023 un contrato por $129 millones en el Fondo Colombia en Paz y como registramos anteriormente su padre, Hidelbrando Vélez, fue nombrado en la junta directiva de Ecopetrol.
A propósito de Ecopetrol, a finales del año pasado se denunció una supuesta injerencia indebida de Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del presidente de la compañía, Ricardo Roa.
EL COLOMBIANO se ha intentado comunicar con varios de los protagonistas de esta historia como los congresistas David Racero y Martha Peralta, pero no hubo respuesta.
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¿Por qué está mal el nepotismo?
Algún tipo de defensa podría argumentar que el nepotismo ha sucedido en todos los gobiernos. No por eso es una práctica que deba normalizarse. Así lo explica el politólogo y profesor de la Universidad Javeriana, Carlos Prieto, quien ha estudiado temas de contratación pública: “El nepotismo es una práctica reprochable no solo a nivel moral sino también jurídicamente pues configura inhabilidades y recusaciones. Ha hecho carrera, tristemente, la idea de que lo publico es una especie de ‘patrimonio’ del funcionario que ocupa tal o cual cargo. No se trata de una práctica exclusiva de un sector ideológico, sino que parece un común denominador en el ejercicio del poder”, dice Prieto en diálogo con este medio.
Además, el profesor explica que el nepotismo supera el diseño mismo del Estado de Derecho pues las prácticas prevalecen sobre las disposiciones legales o el control social. “Pareciera que ronda la idea de que esas designaciones se justifican bajo el argumento según el cual hay que aprovechar el momento político, la detentación del poder, para ‘colocar’ personas (...) Lo paradójico está en la contradicción entre el discurso y los hechos. Tratándose de ideologías progresistas, todo puede justificarse desde el ‘discurso’ o la ‘narrativa’”, agrega el experto.
Como si fuera poco, según datos de la Función Pública hubo un repunte de la burocracia estatal el año pasado pues se crearon 26.625 nuevos cargos, lo que va en contravía del discurso de austeridad y eficiencia de la que hablan varios funcionarios del petrismo.
