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El Gobierno Nacional está cimentando el camino para implementar de lleno los proyectos piloto de fracking en Colombia.
Su última movida fue por medio del Ministerio de Salud, que expidió una resolución que les da directrices a los municipios para hacerle un seguimiento riguroso al estado de salud de sus habitantes.
¿Esto en qué se traduce? La nueva normativa, consignada en la Resolución 1541 de 2021 y firmada por el ministro Fernando Ruiz, llama a las autoridades locales a establecer cómo está la salud pública en sus municipios, qué peligros podrían correr sus habitantes y cómo mitigarlos frente al fracking.
Las secretarías de Salud tendrán que construir una “línea base” en dos pasos. Primero, deberán hacer un perfil epidemiológico que incluye información de las historias clínicas, exámenes paraclínicos e incluso datos recolectados en encuestas demográficas. En este punto también se establece que toda la población podrá hacer parte de las investigaciones preliminares, pero que las únicas que tendrán una “inclusión forzosa” serán las embarazadas.
Como segunda tarea, las secretarías deben determinar los riesgos sanitarios que podría tener la población una vez se ejecuten los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) de fracking. Además, los municipios tendrán que establecer a qué componentes químicos podría estar expuesta la comunidad y en qué cantidades.
La puesta en marcha
El piloto para implementar el fracking cuenta con tres fases. La primera –de condiciones previas– abarca lo dictado por MinSalud. En ella, desde 2020, se han venido fijando los lineamientos legales a seguir en dicha técnica de extracción.
En el caso de Ecopetrol, los proyectos que ya recibieron el visto bueno de la Agencia Nacional de Hidrocarburos son dos: PPII Kalé y PPII Platero, ambos ubicados en Puerto Wilches, Santander.
Así las cosas, las autoridades locales de ese municipio deben acogerse a la Resolución del MinSalud, tarea para lo cual podrán conformar un Comité Técnico de Acompañamiento en el que tienen cabida funcionarios de esa cartera y de la empresa contratista.
Una fuente que conoce los aspectos jurídicos de los PPII le dijo a este diario que a las obligaciones –que incluyen detallar la incidencia por padecimientos de cáncer– hay que hacerles seguimiento, porque “para nadie es un secreto que en los municipios son pocos los funcionarios, y a veces no tienen capacidad para hacerlo”. Según dijo, que MinSalud acompañe a las alcaldías en esta tarea es lo mínimo que se puede hacer.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, le explicó a EL COLOMBIANO que además de revisar aspectos sanitarios, debe haber una consulta con la población. “Se han venido haciendo reuniones con las comunidades para explicar los propósitos de los alcances”, resaltó.
En efecto, este diario revisó el segundo informe trimestral de Ecopetrol en 2021, y encontró que en Kalé ya se hicieron los encuentros con las comunidades para compartirles el proyecto, mientras que en Platero se hizo el primer diálogo.
Después vendrán las otras dos etapas: la concomitante –de perforación–, y la de evaluación, que arrojará un informe en temas ambientales y sanitarios, en el cual deberá aparecer lo adelantado por las autoridades locales. Esa evaluación dictará si es procedente o no la exploración comercial con esta técnica