Monómeros o Monómeros Colombo Venezolanos S.A es una compañía que tiene dos sedes importantes en Colombia y, según sus propios reportes, tienen 551 empleados en el país. En su página web y en todos sus comunicados públicos firman como filial de Pequiven, Petroquímicas de Venezuela, y en efecto lo son. Monómeros es una empresa correspondiente a todo el grupo empresarial del Gobierno venezolano que está encabezado por PDVSA.
En su página web también definen su participación en el mercado del agro como una compañía que se dedica a prestar “servicios integrales para los productores del campo y acompañando a empresas manufactureras, al proveerles materias primas ajustadas a los estándares internacionales de industrialización”.
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Su principal actividad económica es la producción de fertilizantes sumamente necesarios para las actividades agropecuarias y han llegado a tener hasta el 40 % del mercado en el país. Aunque tuvo una participación de Colombia que fue vendida en 2006, su historia reciente es más compleja y desnuda una puja por el poder de los activos venezolanos entre el régimen y la oposición que hoy también tiene en la mitad al Gobierno colombiano.
Monómeros fue sancionada por Estados Unidos por primera vez en 2017 como filial de Petróleos de Venezuela. Se trataba de la orden ejecutiva 13808 del Gobierno americano que prohibía la reestructuración de la deuda soberana de Venezuela y bloqueaba la participación de los dividendos de PDVSA y sus empresas filiales, incluyendo a Monómeros.
La compañía de fertilizantes pasó entonces a estar en el listado de la Oficina para el Control de Bienes y Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y eso limitaba su operación comercial con bancos, otras compañías, gobiernos y terceros. En 2019, el Gobierno Duque decidió no permitir la entrada de un gerente delegado por el presidente Nicolás Maduro al país. Migración lo deportó y Monómeros pasó a control del líder de la oposición Juan Guaidó, que tuvo todo el apoyo de la administración anterior y terminó refugiado en Estados Unidos.
Desde 2019 hasta septiembre del año pasado, Monómeros estuvo en control de la junta que Guaidó impuso, también con varias acusaciones de corrupción, pero con un hito importante. Lograron que la sanción de la OFAC fuera suspendida para que Monómeros pudiera hacer operaciones de nuevo y reactivar la comercialización de fertilizantes, además en en el contexto de la pandemia en donde los principales insumos tenían poca oferta por el cierre de puertos y exportaciones. EL COLOMBIANO conoció el documento en el que el jefe de la división de licencias del Departamento del Tesoro, Aydin Akgun, amplía la suspensión de la sanción de la OFAC hasta el 30 de junio de 2025 a Monómeros.
Cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro llegó al poder, le regresó a Monómeros al control total de Pequiven pero le pidió al Gobierno de Maduro tener a dos miembros de junta delegados por él mismo. Sus delegados fueron Rodrigo Ramírez, un amigo personal de su hijo, Nicolás Petro, y Cristobal Padilla, hoy director de Colombia Compra eficiente.
El año pasado, Day Vásquez reveló chats en los que Nicolás Petro se refería con gran interés a Monómeros en conversaciones directas con ella. “Tú no entiendes que se tienen que hacer inversiones (...) Esto es para una vaina grande que vamos a manejar. O si no averigua qué es Monómeros”, decía Petro Burgos, hoy acusado de recibir dinero de ex narcotraficantes de la Costa.
Sin embargo, lo más relevante de la historia por la puja de Monómeros es la sanción en la OFAC que podría volver a estar en entre dicho. Este diario conoció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya está en conocimiento de los documentos que detallan los movimientos de los egresos que reportó Monómeros durante 2023, y que fueron publicados por la Superintendencia de Sociedades.
Allí aparecen dos cuantiosos pagos en 2022 y 2023, el primero por más de 59.000 millones de pesos y el segundo por 77.283 millones, para un total de 136.000 millones entre los dos desembolsos. El destinatario, según los propios estados contables de Monómeros, fue una empresa con sede en Hong Kong, llamada International Petrochemicals Corporation ltd (IPCL). De acuerdo con los documentos de Monómeros esta empresa es de Pequiven, que hoy permanece sancionada y activa en la lista de la OFAC.
Pero, además, según dos fuentes en la región asiática, el representante legal de IPCL es Luis Enrique Molina Duque, quien a su vez aparece en la Cámara de Comercio de Monómeros en Barranquilla como presidente de la junta directiva de Monómeros, y también es el vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, igualmente sancionada por el Gobierno americano.
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El presidente Gustavo Petro reaccionó a una primera publicación de EL COLOMBIANO señalando que Pequiven invirtió en Monómeros y no al revés.
“Monómeros ubicada en Barranquilla, a punto de ser cerrada, se entregó a su legítimo dueño: Pequiven y esta empresa la refinanció. Es decir trajo dinero a Colombia y no al revés, y con eso se reanudó la operación de compra de urea barata y con ello logramos detener el alza de alimentos para las familias”, explicó el mandatario.
Sin embargo, el presidente no se detuvo sobre los propios estados financieros de Monómeros que publica este periódico en donde queda claro que hubo egresos por más de 136.000 millones hacia IPCL de Pequiven. Eso parecería normal entendiendo que es una filial del grupo empresarial del Gobierno venezolano, pero no lo es para las oficinas de seguimiento de bienes de Estados Unidos que explícitamente prohiben estas transacciones y las sancionan, como ocurrió ya en el pasado. De hecho, hay un acápite que lo demuestra en términos exactos. “Se logró en el 2023 que la casa matriz Pequiven a través de su vinculada IPCL apalancara a Monómeros con el suministro de Urea en aproximadamente $ 34.000 dólares sin requerir pago de la misma en el corto plazo y la exoneración de intereses”.
Ese párrafo de los estados contables se refiere a un crédito que le hizo IPCL -de Pequiven como señalan los documentos oficiales- a Monómeros, sin intereses y sin un pago en el corto plazo. Pero los registros financieros de la compañía con sede en Barranquilla demuestran que los egresos por más de 130.000 millones sí se dieron en 2022 y 2023.
El problema de este entramado es que, aunque Monómeros tiene una sanción levantada de la OFAC que le permite operar con bancos y otras empresas, no podía hacerlo hacia su casa Matriz, Pequiven, ni sus filiales que sí están sancionadas por la Oficina del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos.
Fuentes dentro de la compañía venezolana aseguraron que temen que estos movimientos, que terminaron beneficiando al régimen de Venezuela, hagan que el Departamento del Tesoro reactive la sanción de la OFAC antes de 2025 porque eso podría tener implicaciones para la producción de fertilizantes de Monómeros en el agro colombiano, además en un momento de inestabilidad política por las denuncias de la comunidad internacional de un posible fraude a las elecciones de ese país.
Monómeros publicó un comunicado respondiendo que sus actividades han sido “responsables y serias” y afirmó que entregarán sus estados financieros de 2023 a los grupos interesados, y la Superintendencia de Sociedades, en la que está al frente Billy Escobar, señaló que no se hallaron irregularidades hasta ahora en la compañía, pero no explicó los alcances y limitaciones de las sanciones de la OFAC y los egresos de Monómeros en 2023.
Este periódico volvió a buscar al delegado del Gobierno en la junta de la compañía, Rodrigo Ramírez, pero no respondió.
