La directora de la organización habla de los riesgos de darle vía libre a que políticos se puedan cambiar de partidos previo a las elecciones.
Sin mucho ruido, mientras el país sigue enfrascado en el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, en los entresijos del Congreso fue aprobado en primer debate un controvertido proyecto que le abre la puerta al transfuguismo: es decir, que por una única vez y sin ser sujeto de sanciones, los miembros de cuerpos de elección popular (congresistas, diputados o concejales) puedan cambiar de partido.
Se trata de una iniciativa que promete reconfigurar el espectro político desde ya y que tendría serias implicaciones frente a las elecciones de 2026. De allí que desde organizaciones especializadas como la Misión de Observación Electoral (MOE) tengan las alertas encendidas. Su directora, Alejandra Barrios, habló con EL COLOMBIANO sobre los riesgos y consecuencias de abrirle paso al transfuguismo.
¿De qué manera un proyecto de este calibre afecta la democracia representativa y se configura como un engaño al elector?
“Lo que está pasando en el Congreso es absolutamente gravísimo. Este proyecto va inclusive contra el mismo espíritu de la Constitución, que en sucesivas reformas después del 91 ha buscado el fortalecimiento de los partidos, pero lo que termina haciendo –por no estar pensando en país, sino en intereses propios–, es garantizando éxitos electorales personales.
Esta propuesta de reforma constitucional, que viene con un artículo único, tiene unos destinatarios específicos para un solo proceso electoral, que es el que se viene. Es una mirada completamente estrecha que resuelve problemas particulares”.
¿De qué manera la iniciativa debilita además el rol que cumplen los partidos políticos en una democracia?
“Por un lado, debilita la representación política y profundiza los personalismos: donde ‘yo quiero estar, al partido que me voy sin ningún tipo de consecuencia’. Por otro lado, y esto es lo grave, defrauda la voluntad de los electores.
El ciudadano cuando vota por un candidato lo identifica con determinada organización política o postura ideológica, y resulta que cuando llega al poder se da cuenta que no era de centro-izquierda, sino de centro-derecha o derecha. O que no era de derecha, sino que resultó de izquierda, y entonces se siente en el lugar equivocado.
Eso es claramente una defraudación a la voluntad del votante y a sus decisiones, debilitando además la representación política”.
¿Este proyecto tendría algún tipo de legitimidad si aplicara no para los actuales congresistas o políticos, sino para aquellos que resulten elegidos después de 2026?
“No, sería terrible si esto lo volviéramos permanente. Ya es muy malo que sea para el próximo proceso electoral. Es que estamos hablando de que el Congreso va a aprobar un artículo que beneficia a una lista en la que, con nombre propio, se puede decir quiénes se están cambiando de partido sin tener que cumplir las reglas.
Además, si eso lo aplicáramos de aquí para adelante lo que habría son partidos políticos completamente debilitados, mientras se fortalecen liderazgos personalistas. Es decir, va completamente en contra de lo que se busca en términos de madurez y solidez de la representación política.
Los congresistas que aprobaron este proyecto están legislando en causa propia para una lista que se va a conocer cuando tomen la decisión: eso es hacia marzo del próximo año, cuando empiecen los procesos de conformación de las listas. Es absolutamente increíble. No se está pensando en función de la política y el país, sino estrictamente en intereses personales”.
La MOE ha insistido en una reforma política, pero una que afiance el sistema de representación y fortalezca los partidos. ¿Qué líneas generales, lejos de este proyecto, demanda la iniciativa que ustedes plantean?
“Pareciera que faltan ideas sobre cuáles son los temas en los que se debería trabajar en una reforma política. Se trata de asuntos que nos están afectando directamente: coaliciones, fusiones y escisiones. Esto no está reglamentado y en su lugar lo está haciendo, con un impacto de doble militancia, el Consejo de Estado y de la manera más severa.
Ya tres organizaciones políticas han perdido personería jurídica (Creemos, de Federico Gutiérrez; Fuerza Ciudadana, de Carlos Caicedo, y Todos Somos Colombia, de la senadora Clara López). Y todo esto se debe también a interpretaciones excesivas que ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE). Incluso, hay congresistas que han salido porque el Consejo de Estado ha señalado que han incurrido en doble militancia o que no han cumplido las reglas para el cambio de un partido a otro.
Se trata de temas muy serios que van a afectar el próximo proceso electoral. Hoy hay coaliciones que no van a ser posibles dentro de dos años cuando vayamos a elecciones. Nada de eso está reglamentado y al Consejo de Estado le ha tocado ir poniendo las reglas. Por si fuera poco, hay dudas frente al tema de democracia interna de los partidos. Hoy está en crisis porque tampoco ha sido reglamentado.
Entonces, como no hay democracia interna dentro de los partidos, las organizaciones políticas entregan un aval, la gente vota, pero después llega ese candidato y dice que esa organización no lo representa ideológicamente y se quiere pasar a otro partido. Esta misma propuesta de reforma constitucional es un reconocimiento de las organizaciones políticas de su falta de seriedad al momento de entregar avales”.
Justo le quería preguntar por el impacto de esta reforma en las organizaciones que obtuvieron reconocimiento y personería jurídica a través de firmas y ancladas en personalismos, ¿cómo las afecta?
“Lo que han estado es ancladas en una interpretación absolutamente extensiva que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en sus diferentes sentencias. El Consejo de Estado ha regañado al Consejo Nacional Electoral y le ha dicho que las reglas para la creación de organizaciones políticas no la dan ellos, sino el Congreso. En segundo lugar, le dijo que no puede argumentar de manera extensiva interpretaciones frente a sentencias de la Corte Constitucional que la misma Corte no está diciendo. Es decir, lea.
Es decir, el Consejo de Estado ha tenido que asumir una tarea que el Congreso de la República no ha asumido porque sus congresistas están pensando más bien en cómo cambiarse de partidos y no el reglamentar coaliciones, fusiones, escisiones y la democracia interna de los partidos”.
El proyecto de transfuguismo ya fue aprobado en primer debate. ¿Cree que haya ambiente en el Congreso par aprobarlo? Muchas vertientes lo respaldan...
“Lo que nosotros hacemos y vamos a seguir haciendo es invitar al Congreso de la República para que voten contra este acto legislativo. Obviamente puede tener mayorías la aprobación del proyecto. Pero consideremos que llegamos a tener hasta 38 organizaciones políticas, muchas de las cuales aparecieron de un momento a otro con la posibilidad de entregar avales –sobre todo en las elecciones locales–, y ahora lo que necesitan es poderse cambiar de un lado a otro para poderse organizar de manera personal, no pensando como estructura de poder y de representación ciudadana”.
De ser aprobado el proyecto, ¿tendría chance de pasar el examen de la Corte Constitucional o lo terminaría tumbando?
“Creemos que eso podría llegar a pasar y la Corte Constitucional podría llegar a la misma conclusión a la que nosotros estamos llegando y es que es un artículo único cuyo único objetivo es favorecer de manera específica un grupo de congresistas con nombre propio”.
