La administración de Donald Trump ha pasado de intentar eliminar el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) de un solo golpe a implementar una estrategia de ”erosión gradual”.
El objetivo parece claro: endurecer tanto las condiciones de vida de los beneficiarios que estos opten por tal vez salir del país por voluntad propia. Entre los afectados se encuentran más de 3.000 colombianos que hoy viven en un limbo jurídico.
El golpe más reciente y significativo proviene del sistema judicial administrativo. La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que poseer DACA ya no es una razón suficiente para que un juez migratorio cierre un proceso de expulsión.
Este tribunal del Departamento de Justicia dictaminó esto tras anular la decisión de un juez que había cerrado el proceso migratorio de la activista Catalina Santiago basándose únicamente en dicho estatus.
Es por ello, que ahora este cambio en el criterio rompe el “escudo” que protegía a los beneficiarios de la deportación, estableciendo que el programa no otorga un estatus legal “inmune”.
Como consecuencia, el fallo abre la puerta a que miles de casos sean reabiertos, eliminando la poca certeza jurídica que le quedaba a más de medio millón de personas que hoy viven y trabajan en Estados Unidos.
¿Cuáles han sido las medidas?
Para acelerar esta salida voluntaria, el Gobierno ha implementado medidas que atacan directamente la estabilidad cotidiana de estas personas que aplican dentro de las características estipuladas por el Gobierno de Estados Unidos.
Por ejemplo, en materia de salud, se ha revocado el acceso a los seguros subsidiados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que encarece drásticamente cualquier tratamiento médico.
En el ámbito educativo, la presión se ha extendido a los estados, logrando que territorios como Nebraska, Texas y Virginia eliminen las tarifas de matrícula reducida para estos estudiantes. Al triplicar los costos universitarios e investigar las becas otorgadas por instituciones, el sistema está cerrando las puertas del ascenso social a toda una generación.
Si ya de por sí el escenario es complejo para todas las personas que cobija este programa, especificamente cerca de 3.500 colombianos se encuentran en riesgo directo de perder su protección.
Aunque representan una pequeña fracción del universo total de beneficiarios por el DACA, el impacto en las personas sí es profundo. Justamente, estos jóvenes llegaron a Estados Unidos siendo niños, que se formaron en sus escuelas y que, en la mayoría de los casos, carecen de vínculos reales o redes de apoyo en sus países.
Para ellos, la pérdida de este programa no representa solo un cambio de papeles, sino la amenaza de ser desterrados hacia un país que les resulta ajeno. Dejando de lado de esta forma ese tan desgastado ahora “sueño americano”, que cada vez más se desvanece entre deudas y procesos judiciales.
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