El intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales son apenas dos peones en el escándalo de las interceptaciones ilegales que sufrió Marelbys Meza y Fabiola Perea. En la tarde de este miércoles los policías fueron condenados a diez años y esa sentencia es, apenas, el comienzo de un proceso judicial que salpicará a otros altos oficiales.
El fallo de primera instancia de la juez 53 de conocimiento de Bogotá marcó un precedente en la historia de las interceptaciones ilegales que sufrieron las exempleadas domésticas de Laura Sarabia, actual directora del Dapre. Los dos policías fueron condenados a una pena de 10 años en prisión domiciliaria y a pagar una multa de 354 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Una vez se conoció la sentencia, los abogados de los condenados interpusieron el recurso de apelación. Ambos vienen trabajando en una negociación con la Fiscalía que, de llegar a buen término, dejará al descubierto a los demás implicados.
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“Hay una obligación de Alfonso Quinchanegua de colaborar con la justicia y en eso está. Él entregará información y estamos en el punto de acceder a un principio de oportunidad en el que se trabaja paralelamente”, señaló Diego Gutiérrez, abogado del intendente en diálogo con la W Radio.
Es que en el desarrollo de las diligencias judiciales se filtró a la prensa unas declaraciones que entregó Quinchanegua a la Fiscalía. En ellas detallaba que la orden de adelantar las interceptaciones ilegales vinieron directamente de oficiales de la Policía que trabajan en la Casa de Nariño.
“Lo tomé como una orden y, posterior, también como una amenaza, porque, en ese entonces, la orden era que tocaba interceptar esos números, que era un caso de Presidencia u orden de Presidencia. Entonces, que tocaba hacerlo o hacerlo”, decía Quinchanegua.
La condena de este miércoles fue considerada por la defensa del intendente como “excesivamente alta” y afirmó que no se basó en las negociaciones que adelanta su cliente con la Fiscalía. Por tanto, advirtió, que todo podría ser renegociado cuando los demás implicados en el entramado queden al descubierto.
Quinchanegua y Canizales ya habían aceptado sus responsabilidades por los delitos fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público. Hay otros oficiales que tienen explicaciones pendientes con la justicia.
Se trata del capitán Carlos Andrés Correa, Jhon Fredi Morales, Fredy Alexander Gómez y Rafael Ricardo Santos (supuesta fuente anónima). Todos ellos no han tenido negociación con la Fiscalía y, por tanto, de ser encontrados culpables, podrían recibir penas más altas.
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Además de las implicaciones penales para los involucrados, el caso ha salpicado a figuras de alto perfil, incluyendo a Laura Sarabia, el coronel Carlos Feria y el general Luis Mauricio Ospina, quienes figuran en la investigación debido a su conexión personal con las víctimas.
“Estas son las primeras condenas, pero obviamente ellos recibieron órdenes y este proceso sigue hacia arriba en la Policía. Dentro del arreglo que están haciendo van a declarar en contra de otras personas y, con la contundencia de las pruebas, esto va a escalar y va a llegar a los rangos que tenga que llegar dentro de la Policía Nacional”, señaló Iván Cancino, abogado de Marelbys Meza a Caracol Radio.
En el expediente ya quedó probado que Quinchanegua y Canizales participaron en la creación de documentos falsos que terminaron por justificar la solicitud de interceptar las líneas telefónicas de Meza y de Fabiola Perea.
La cronología de este caso se empieza a contar desde principios de enero del año pasado. Laura Sarabia se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro y su expareja –Andrés Fernando Parra– denunció la pérdida de un maletín en su apartamento con hasta 4.000 dólares en efectivo, documentos personales y laborales.
De inmediato, se desplegó un operativo irregular que incluyó, además, una prueba de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño. Señalaban a las empleadas domésticas, sin mayores pruebas, de cometer el hurto doméstico.
La investigación reveló que –después de que se cometió el robo en la vivienda de Sarabia– policías solicitaron a la Fiscalía que interceptara los números telefónicos de dos sospechosas. Era el 30 de enero de 2023.
A Marelbys Mesa la señalaron de ser “La Cocinera” de alias Siopas –capo del Clan del Golfo que fue hallado muerto en marzo del año pasado en Antioquia–. A Perea la vincularon como una de las encargadas de realizar giros y encomiendas a los cabecillas del Clan del Golfo: le dieron el alias de “La Madrina”. Estuvieron chuzadas por 10 días.
Algunos de los salpicados en este caso aseguraron que someter a Marelbys Meza a la prueba del polígrafo ocurrió por “temas de seguridad nacional” y que la exniñera de Laura Sarabia accedió voluntariamente a practicarse la prueba. Ella lo ha negado.
“A partir de ese momento mi vida cambió. Mi vida se acabó a partir de ese momento: a nivel laboral, a nivel personal... otra cosa, por ejemplo la salud de mi familia. Yo, la verdad, siempre he dicho que yo no he robado nada. Yo no he cogido absolutamente nada”, fueron las declaraciones de Meza ante un juez el pasado 11 de septiembre.
El protagonismo del caso ahora recae sobre el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales. Sus pruebas y testimonios servirán para desenredar el caso, descubrir a los demás implicados y de paso, acceder a una rebaja en sus condenas de 10 años.
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