A mediados de los 40, cuando la violencia empezó a tocar la puerta de los pobladores del municipio de San Martín, Meta, cientos de ellos se movieron con sus familias enteras y su ganado, hacia la Serranía de Manacacías, allá los esperaba el paraíso, un lugar que posee riquezas naturales que solo se encuentran allí, según cuenta Gildardo Rey, quien llegó a la Serranía siendo un niño hace 64 años.
La Serranía de Manacacías, que además de San Martín, toca jurisdicción de los municipios Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán, podría convertirse en este primer trimestre de 2021 en el Parque Nacional Natural número 60 en el país, una vez que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales apruebe la evidencia que reclama la declaratoria y el Gobierno firme la resolución que formaliza el proceso siguiendo los tiempos establecidos por el cronograma.
Así lo precisó la saliente directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, el pasado 17 de diciembre en medio del lanzamiento del Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras, espacio que aprovechó para hacer un balance de su gestión y detallar las tareas prioritarias que tendrá el nuevo director de Parques, Orlando Molano, entre estas, concluir con la declaratoria el largo proceso que durante años ha unido al Estado, comunidades y organizaciones ambientales para proteger un área que en total tiene 242.068 hectáreas que albergan un importante recurso hídrico; seis ecosistemas diferentes (matorrales, esteros, lagunares, pastizales de sabana, bosques de galería y palmares mixtos); y además es hábitat de 1.200 especies de flora, 454 especies de aves, 182 de mamíferos (seis endémicos), 22 de anfibios y reptiles y 56 de peces.
Estudios de la Universidad Nacional entre 2016 y 2017 concluyen que la serranía se ubica estratégicamente en una región con alta riqueza de especies y sensibilidad ambiental media, lo que significa que es un área fundamental para la conservación de la biodiversidad. De su buen estado depende, por ejemplo, la danta, una especie cuya existencia evita el colapso en cadena de otras especies.
Manacacías entraría a ampliar el Sistema Nacional de Parques Nacionales (SPNN) que según el balance de Miranda goza de buena salud, en tanto que, apoyada en el Mapa de Ecosistemas de Colombia (2017), asegura que solo el 4 por ciento de las más de 14 millones de hectáreas que conforman el SPNN han sufrido una transformación total de su ecosistema original, lo que demuestra, en concepto de la exdirectora, que la labor de la entidad y la figura de áreas protegidas funciona.
No obstante existen amenazas actuales para estas áreas. Según la fundación Ideas para la Paz (FIP) en 2019 se identificaron 6.785 hectáreas de cultivos en los Parques Nacionales Naturales (PNN). Y aunque la deforestación en Parques Nacionales se redujo en 2019 en 8.672 hectáreas, sigue acechando cada vez con mayor presión a parques como La Macarena, Tinigua, Nukak (RNN) y Chiribiquete, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, problemática impulsada por la ganadería extensiva y colonización.
Además, diez parques en el sur del país tuvieron nula presencia institucional durante gran parte de 2020 por las amenazas de grupos al margen de la ley a funcionarios de la entidad.
Una alianza, muchas manos
En 2016 se creó la Alianza para la conservación de la biodiversidad, estrategia público privada que se trazó la meta de proteger el capital natural, social y cultural del país conformada por Parques Nacionales, WWF, WCS y las fundaciones Santo Domingo y Argos.
Gracias a esta alianza se lograron financiar 15 procesos; 10 para nuevas áreas protegidas de las cuales ya están declaradas las de Yuruparí/Malpelo, Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera en Nariño, Cinaruco en Arauca y 21.042 hectáreas en la Serranía del Perijá, Guajira, hecho anunciado el pasado 18 de diciembre.
Están en ese tránsito las Serranías de Manacacías en Meta y San Lucas en Antioquia y Bolívar; los bosques secos del Patía entre el Cauca y Nariño, las sabanas y humedales de Arauca, las selvas transicionales de Cumaribo en Vichada y Palmares de Tochecito en Tolima.
La alianza permitió la ampliación del Santuario de Fauna y Flora Malpelo y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y adelantar el mismo proceso en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona y el Parque Nacional Natural Gorgona, Malpelo.
Más allá del tenaz esfuerzo técnico que implica recoger la evidencia que sustente la necesidad de declaratoria de área protegida, para Juan Carlos Arias, quien ha acompañado este proceso desde la Dirección Territorial Orinoquia, el gran valor de estos es que se han logrado gracias al estrecho trabajo con las comunidades, y en esto, el de la Serranía de Manacacías es un caso ejemplar.
Gildardo Rey es uno de los propietarios de los 37 predios privados que se encuentran entre las 68.000 hectáreas que finalmente recibirían declaratoria de área protegida y da cuenta de cómo durante décadas varias familias propietarias de la zona que llegaron a la serranía inexplorada durante los procesos de colonización, principalmente entre las décadas del 40 al 70, se han encargado de trabajar la ganadería y agricultura mientras intentan generar el menor impacto posible a la fauna, flora y recurso hídrico “en una muestra de agradecimiento por haber acogido a nuestros mayores que llegaron en busca de prosperidad”, dice don Gildardo.
La decisión de propietarios de varios de estos extensos hatos (destinados principalmente a la ganadería) de llegar a acuerdos con el Estado para lograr que la zona sea un área protegida, en lugar de venderle a privados para desarrollar agroindustria, es una muestra –dice Arias– de “la conciencia instaurada entre los habitantes de que se puede hacer uso de los recursos naturales sin propiciar el agotamiento de los mismos, sobre todo en zonas como esta que ofrecen características ecosistémicas que no se encuentran en otro lugar del país”.
En el Meta, de hecho, se encuentra la segunda mayor cantidad de reservas naturales de la sociedad civil, con 16 de estos proyectos, solo detrás de Cundinamarca (42), lo que refleja, según Resnatur (Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil) que sin acuerdos entre las comunidades, el Estado y los gremios productivos las estrategias de conservación en el país se tornan mayoritariamente inviables.
Por estos días Parques Nacionales se encuentra en fase de compromiso con las comunidades locales para llegar a acuerdos respecto al manejo de las tierras. “En el área hemos identificado quiénes tienen propiedad de la tierra y no vamos a fallar en nuestra palabra con esas personas que han contribuido a todo el proceso de construcción del documento que sustenta la idoneidad del área para ser declarada área protegida y el Parque Nacional número 60”, dijo la exjefe de la entidad.
Intereses y amenazas
En julio de 2015, apelando al principio de precaución, el Ministerio de Ambiente expidió la resolución 1628 para proteger provisionalmente 1.600.000 hectáreas de “especial importancia ecológica en el país, contra actividades mineras”, entre estas se incluyeron las más de 240.000 que conforman Manacacías. La medida se tomó, precisamente, para adelantar las investigaciones técnicas que sustentaran la eventual declaratoria.
Además de la presión ambiental que genera la explotación petrolera en la zona se suman las plantaciones de palma y otros monocultivos. La agroindustria y la extracción han ganado terreno desde hace 15 años.
En la serranía, además, según recogen documentos de Verdad Abierta e investigaciones de la fundación Rastrojo, desde mediados de los 80 y aproximadamente hasta mitad de la década anterior, se vivió una saga de violencia por cuenta del narcotráfico y el paramilitarismo transformando drásticamente las dinámicas sociales de la zona. Las veredas Puerto Castro y La Cristalina, por ejemplo, se convirtieron en ruta para la fabricación de la pasta de coca y su transporte.
No obstante estos fenómenos y las consecuentes alteraciones que han causado en la serranía, las investigaciones en las que se apoyó Parques Nacionales para incluirlo en los procesos de nuevas áreas arrojan un buen estado de conservación. Por ello, John Nieto, coordinador de ecosistemas estratégicos de Cormacarena cree que finalmente la declaratoria en cerca de 68.000 de las 242.068 que conforman la serranía será transformador para la zona y sus habitantes.
“La conservación, contrario a lo que puede pensarse, no excluye la relación con un hábitat que crea la actividad humana, al contrario, busca también preservarla. Si no hacemos nada para conservar la serranía no solo desaparece fauna, flora y las contribuciones que hace el ecosistema al ser humano, empezando por el agua, sino que además se va perdiendo todo un sistema cultural del alma llanera; música, comida, prácticas”, dice.
Julia Miranda dijo que lograr la declaratoria en Manacacías, una tierra tan rica en su biodiversidad pero también cargada de todo tipo de conflictos, es emblemático para demostrar que es posible hacer compatible la conservación y el desarrollo.
Si el proceso de concertación con las comunidades finiquita exitosamente y posteriormente la Academia de Colombiana de Ciencia Exactas Físicas y Naturales da su aval para que finalmente el ministro de Ambiente, Carlos Correa, firme, parte de la tierra que cuidaron durante años los hijos de los colonos que llegaron a la serranía huyendo de la violencia quedarán para los colombianos, un nuevo Parque Nacional para proteger entre todos
