El “lento” avance de Colombia en la lucha contra el soborno transnacional

Colombia, según Transparencia Internacional, debe asegurar más recursos para la lucha contra el soborno transnacional. FOTO COLPRENSA

Aunque en los últimos dos años el país ha avanzado en la lucha contra el soborno y la corrupción, aún falta mucho trecho para que se pueda considerar como una lucha exitosa. Eso es lo que concluye el informe Exportando Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, que evaluó como avanza la implementación de la Convención Anti Soborno de la OCDE en 47 países, incluyendo Colombia –que la ratificó en 2013–.

El informe evalúa cuatro categorías según el nivel de implementación: activa, moderada, limitada y nula. En 2018, Colombia había quedado en la última categoría, sin embargo, en la más reciente evaluación la implementación se ubicó en un nivel limitado.

Según Transparencia, esto se dio gracias a “desarrollos legislativos recientes, al fortalecimiento de capacidades de instituciones estatales encargadas de prevenir y sancionar este delito, y a esfuerzos por divulgar y sensibilizar diversos actores en materia de soborno transnacional”.

En los avances resaltados por el informe se encuentran la ley 1778 aprobada en 2016 que da responsabilidad a las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional, así como a la ley 2014 de 2019 que inhabilitó a personas jurídicas a contratar con el Estado si han sido condenadas por cohecho extranjero.

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También celebró “esfuerzos de formación de funcionarios, investigadores y jueces que hacen parte del esquema de prevención y detección del soborno internacional, la creación de grupos de investigación de soborno transnacional en la Superintendencia de Sociedades, la generación de guías para prevenir el cohecho extranjero y la implementación del canal virtual de denuncias de soborno transnacional por parte de la Supersociedades”.

Sin embargo, no todo son flores. Según Transparencia por Colombia, el país necesita incorporar mecanismos efectivos que apunten a la protección integral a reportantes y denunciantes de corrupción. Una recomendación que ya había sido hecha en 2018, pero en la que hay un “muy escaso” avance a nivel institucional y legislativo.

Las otras dos recomendaciones son la implementación del Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales, definiendo “líneas de acción claras respecto para fortalecer el régimen de responsabilidad de personas jurídicas”. Y que se asignen más recursos en lo que se refiere a la detección de implicados, la recolección de pruebas y a unidades investigativas con suficientes recursos humanos, económicos y tecnológicos.

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El panorama mundial

El informe evalúa a 47 países que representan el 83 % de las exportaciones mundiales. Para definir cómo se ubica en las categorías del informe, se revisa “la cantidad de investigaciones y casos que las autoridades abren y que concluyen con sanciones durante un periodo de cuatro años”.

Los países mejor evaluados, ubicados en la categoría activa, son Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Suiza, que representan el 16,5 % de las exportaciones mundiales (frente al 0,2 % que representa Colombia).

Los 9 países con una aplicación moderada son Alemania, Francia, Italia, España, Australia, Brasil, Suecia, Noruega y Portugal. En la categoría de esfuerzos limitados están Holanda, Canadá, Australia, Dinamarca, Sudáfrica, Argentina, Chile, Grecia, Nueva Zelanda, Colombia, Lituania, Eslovenia, Estonia, Costa Rica y Letonia.

En la última categoría están China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, India, México, Irlanda, Rusia, Singapur, Bélgica, Polonia, Turquía, República Checa, Luxemburgo, Hungría, Finlandia, Eslovaquia, Perú y Bulgaria.