El 29 de julio, las 11:20 de la noche, junto a dos personas más, el menor de 17 años que había decidido declarar sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay, tomó la decisión de irse.
Sin custodios, sin medidas de aseguramiento, y sin esquema de protección judicial, el adolescente abandonó el Centro de Emergencia del ICBF en el que se encontraba, luego de haber entregado su testimonio a la Fiscalía de forma voluntaria.
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No se fugó. Así lo precisó Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en entrevistas concedidas a medios como La FM y Blu Radio.
Fue enfática: el menor no estaba privado de la libertad, ni en un centro de detención, y no se puede decir que se “fugó” porque no era un capturado ni estaba bajo una medida judicial. Salió, sí, de forma irregular, sin cumplir los protocolos del centro; pero no escapó como un reo.
La precisión se hizo aún más necesaria cuando la Procuraduría General de la Nación se pronunció públicamente en su cuenta de X (antes Twitter). “Manifestamos nuestro rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del ICBF”, escribió la entidad en un trino.
Pero el proceso nunca fue obligatorio. La propia directora del ICBF explicó que, tras las entrevistas con las autoridades, el joven manifestó su decisión de no acogerse a un esquema de protección. La Fiscalía, por su parte, tampoco consideró necesario incluirlo en el programa de protección de testigos.
Tras declarar, y al no tener un adulto responsable que respondiera por él, la Policía de Infancia y Adolescencia lo trasladó al Centro de Emergencia, como dicta el protocolo. Y allí, en ese lugar pensado para proteger, no para retener, decidió irse.
La cronología de los hechos
A las 11:20 de la noche del 29 de julio, junto a dos personas más, el menor de 17 años que había decidido declarar sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay tomó la decisión de irse.
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En el proceso, se encontraron con una funcionaria del Centro de Emergencia que intentó impedir su fuga. No fue fructífera. Hubo un forcejeo, pero no pasó a mayores, según explicó la directora del ICBF.
La vigilancia interna ya había hecho su última ronda cuando ocurrió la salida irregular. El menor saltó una barda y, sin autorización ni acompañamiento institucional, dejó atrás el proceso de protección en el que se encontraba.
Desde entonces, no ha vuelto a aparecer. No hay paradero claro, ni registro familiar conocido. “Parece haber llegado hace poco”, mencionó Cáceres, al explicar que no está reportado en las bases de datos oficiales.
El caso llegó al ICBF el mismo día en que el menor se acercó a las autoridades, el viernes 25 de julio. Fue entrevistado por la Fiscalía en presencia de un defensor de familia y un funcionario de la Defensoría del Pueblo, como exige la ley. No se presentó con un adulto responsable.
Tras su testimonio, y ante la imposibilidad de ubicar a un familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia lo entregó al ICBF.
La estancia en el ICBF
Lo que vino después fue el protocolo: ingreso a un Centro de Emergencia, revisión psicosocial, acompañamiento, alimentación, abrigo. Son espacios pensados para ser transitorios.
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Allí, los adolescentes que llegan sin red de apoyo pueden permanecer hasta ocho días, mientras se determina si hay familia extensa (no buscar a sus padres, sino alguien más allá de ellos, como un tío, por ejemplo) o si se requiere la asignación a un hogar sustituto o a un Centro de Protección.
Durante su estadía, instituciones como la Fiscalía y el ICBF lo entrevistaron varias veces. Según la directora, no manifestó estar bajo amenaza ni solicitó protección especial. De hecho, fue claro: no quería continuar en el proceso.
“El trabajo con adolescentes implica voluntariedad”, explicó Cáceres para Blu Radio, quien también recordó que el programa de restablecimiento de derechos no se impone. La Fiscalía, por su parte, valoró su declaración, pero no le otorgó la categoría de testigo protegido.
Los próximos movimientos
Y así, sin una orden judicial que lo retuviera, sin una medida de protección activa y sin un adulto que lo reclamara, el joven se fue. La ley no lo amarra, pero sí lo busca.
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Ahora, la ruta activada no es penal sino de protección. El ICBF, en conjunto con otras autoridades, adelanta acciones para ubicarlo.
El menor de 17 años habló, pero no quiso quedarse. Y ahora, el Estado intenta responder a una pregunta que quedó en el aire: ¿cómo proteger a alguien que ya no quiere ser protegido?
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