En medio de un agitado ambiente político termina el 2017, un año que estuvo marcado por una de las peores tragedias naturales de la historia reciente del país, la de Mocoa; por la transformación de las Farc de grupo armado ilegal a partido político; por la visita del Papa Francisco, cargada de profundos mensajes para diferentes sectores; por escándalos de corrupción que carcomieron los más altos niveles de algunas de las principales instituciones del país; por la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018; y también por protestas sociales y de trabajadores que impactaron la vida de miles de colombianos.
Tragedia en Mocoa
La noche del 31 de marzo, el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Soncoyato provocó uno de los peores desastres naturales en la historia de Colombia luego de arrasar súbitamente varios barrios de la capital de Putumayo, dejando al menos 333 muertos, 76 desaparecidos y cerca de 22.000 personas damnificadas.
La fuerte temporada de lluvias en esa época del año aumentó considerablemente el cauce de los ríos, lo que causó la avalancha sobre la población. Los barrios más afectados fueron La Independencia, Miraflores, San Miguel, San Fernando, San Agustín, Los Prados y El Progreso.
Según las autoridades, el mal uso del suelo, la pérdida de cobertura vegetal, la falta de monitoreo de las fuentes hídricas, la falta de alistamiento y de limpieza de microcuencas y la falta de medidas de prevención fueron las principales causas que aumentaron la magnitud de la tragedia.
Actualmente, existen tres procesos judiciales en contra de la actual gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y el exalcalde de Mocoa para el periodo 2012-2015, Elver Porfidio Cerón Chincuque, por presunta omisión con los planes de prevención.
Para Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, “el llamado que hace la tragedia de Mocoa y todos los desastres es que debemos enfocarnos en la prevención. Las administraciones locales y departamentales deben evitar construir en zonas que no son adecuadas y mitigar la vulnerabilidad en zonas de riesgo histórico”.
Visita del Papa Francisco
El 6 de septiembre, el Papa Francisco arribó a Colombia en una visita pastoral que duró cinco días y que no se presentaba desde hacía 31 años, cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en el país.
Bajo el lema ‘Demos el Primer Paso’, el Sumo Pontífice visitó Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, en donde dejó un mensaje de esperanza, perdón y reconciliación a los colombianos y especialmente a los cerca de siete millones de personas que asistieron a sus eucaristías.
Miles de feligreses se congregaron en las calles y en los lugares en donde iba a estar el Papa para saludarlo y escuchar sus palabras, mientras que otros pudieron verlo a través de la televisión gracias a una transmisión que marcó un hito al llevar la señal de todo el recorrido de Francisco a los televisores de más de 160 millones de ciudadanos en Colombia y en el mundo.
Monseñor Fabio Suescún, director de la visita del Papa a Colombia, asegura que el impacto de este viaje “fue muy grande porque la gente manifestó su fe y pudieron saludar y escuchar las enseñanzas del Papa Francisco invitándonos a la reconciliación y al perdón. Fueron días maravillosos y el impacto se debe dejar sentir a través del tiempo y especialmente ahora que vamos a iniciar un periodo de elecciones en el que debemos tener en cuenta sus enseñanzas con relación a justicia, armonía, vida y encuentro”.
“Para todos los colombianos, los días de la visita del Papa Francisco a Colombia van a ser inolvidables, fue un tiempo maravilloso, contamos con su presencia y enseñanza y hubo una acogida muy cálida de parte del pueblo colombiano. La gente se emocionó, vivió tranquila durante esos días y revivió la esperanza. Fue realmente un encuentro reconfortante para todos los colombianos, que lo vamos a llevar siempre en el recuerdo y a agradecer como una bendición de Dios”, agrega.
Las Farc, de las armas a los votos
En poco más de un año, las Farc pasaron de ser un grupo armado ilegal a ser una fuerza política que centra la atención de diferentes sectores por lo que podría lograr al haber dejado las armas para buscar los votos en las urnas.
Bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas, que desplegó una misión especial, el primer semestre del año 2017 fue fundamental para ver cómo las Farc se concentraron –más de 9.000 miembros– en las zonas transitorias de normalización.
Al mismo tiempo, la ONU trabajó con el Gobierno y las Farc en dar un paso fundamental tras la firma de los acuerdos de La Habana: la entrega de las armas y las caletas de las Farc.
El segundo semestre fue clave para ver a las Farc como movimiento político. En este periodo, tuvieron su primer gran congreso nacional, en donde escogieron a sus directivos, los candidatos al Congreso, a la vez que se ratificó a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, como su jefe único y a la vez candidato presidencial.
“El país todavía no sabe interpretar lo que ha pasado, tal vez pasarán unos diez años para que entiendan lo que significa que las Farc hayan dejado las armas”, señala el analista Andrés Fandiño, quien además resalta que hoy el país es más pacífico.
El cartel de la toga
El peor escándalo de corrupción que ha tocado las Altas Cortes inició el 27 junio de 2017 con la sorpresiva captura del Jefe Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación Luis Gustavo Moreno por haberle solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para incidir en la investigación que se le adelantaba allí por el desvío de las regalías del departamento.
El ‘shock’ inicial fue aumentando con el paso de los días, cuando las grabaciones hechas por la DEA a Moreno y su compinche Leonardo Pinilla, develaron lo que se conocería como el ‘Cartel de la Toga’: la existencia de una red de abogados, dirigida supuestamente por los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, para direccionar procesos a cambio de millonarias cifras.
El peor escenario posible de la justicia colombiana ha tenido de todo. Desde entonces, desfiló por Paloquemao Ricaurte, quien tuvo que escuchar cómo una juez de garantías le dijera que su actuar era una vergüenza para la justicia. Igualmente, han desfilado por los pasillos de la Suprema el senador Musa Besaile, quien intentó hacerse la víctima cuando reconoció que pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en un caso de ‘parapolítica’ y que ahora pide a la Corte ‘cantar’ a cambio de beneficios judiciales.
Besaile está asegurado. Álvaro Ashton tiene investigación formal por haber entregado supuestamente 1.200 millones de pesos al ‘Cartel’. Ricaurte fue llamado a juicio por estos casos y los de Juan Carlos Abadía, Lyons y Julio Manzur. Bustos está en los respectivos procesos ante la Comisión de Investigaciones y, por ahora, parece que el escándalo se controló.
Esto, debido a la reacción rápida de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que tuvo que pedirle en pleno y más de una vez al magistrado Gustavo Malo que renunciara a su cargo, cosa que no ha hecho, a pesar de que ya la Comisión le cerró instrucción y que la Fiscalía lo señala de hacer parte de ese cartel.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverri, le dijo a COLPRENSA: “esta fue la peor crisis de la Corte que yo haya conocido después de la del Palacio de Justicia”.
Odebrecht
Este año, a la Corte Suprema de Justicia también le ha tocado asumir las investigaciones contra varios congresistas por el escándalo latinoamericano de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht, que pagó sumas que ascienden a los 84.000 millones de pesos para asegurar el contrato de la Ruta del Sol II, por el otro sí a ese contrato para la vía Ocaña-Gamarra, para garantizar un contrato de estabilidad jurídica, entre otros.
Son más de 11 líneas de investigaciones, que toman en cuenta la contratación del túnel Tunjuelo-Canoas, el préstamo del Banco Agrario a Navelena, el contrato para la recuperación del Río Magdalena, sin contar con las investigaciones del Consejo Nacional Electoral a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, esta última ya archivada.
Tras las investigaciones de la Fiscalía, han sido condenados el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales a cinco años y dos meses y los hermanos Enrique y Eduardo Ghysais Manzur, quienes habrían creado una empresa en Panamá para recibir el dinero que le fue entregado al exviceministro.
Igualmente, fue capturado y asegurado el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías quien está dispuesto a prender el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia, entidad que investiga de manera preliminar a Plinio Olano, Musa Besaile, Antonio Guerra, Arleth Casado, Martín Emilio Morales, Sandra Villadiego, Alfredo Ape Cuello Baute, Álvaro Ashton, y Armando Benedetti.
Al ritmo del fast track
Superado el fallido plebiscito de la paz y firmado el acuerdo final con las Farc en 2016, la responsabilidad de la implementación de lo pactado quedó en el terreno del Congreso de la República, el cual tuvo durante el año 2017 el momento fundamental para hacerlo.
El mecanismo legislativo especial o más conocido como el fast track fue el modelo escogido para recortar los tiempos de trámite de las reformas constitucionales y leyes que se debían crear para permitir que las Farc pasaran de las armas a los votos.
El fast track logró que se aprobaran seis reformas constitucionales fundamentales para que caminaran los acuerdos. Entre ellas estuvo la Justicia Especial de Paz, la que le dio 10 curules a las Farc (5 en Senado y 5 en Cámara) entre 2018 y 2026, una reforma a las regalías para dar presupuesto a la implementación, entre otras.
En las leyes estuvieron el estatuto de la oposición, norma que duró más de 25 años para implementarse, la ley que le dio por primera vez vocería a las Farc en el Congreso y sobre todo la ley de amnistía e indulto para que el grueso de las Farc se reincorpore. También se aprobó la ley estatutaria de la JEP.
Los grandes lunares del fast track fueron las enmiendas constitucionales de la reforma política, que se hundió, y la que creaba las 16 circunscripciones de paz, que al cierre del 2017 se encuentra en un limbo jurídico.
Para el analista Andrés Fandiño, el fast track era el mecanismo más idóneo que se tenía para hacer una implementación de los acuerdos de paz, y cita el ejemplo del IRA en Irlanda, en donde sucedió algo similar. El experto considera que fue un recurso muy eficaz para lograr normas clave, aunque cuestiona al Gobierno porque no tuvo el suficiente liderazgo en la última etapa para lograr aprobar todo el paquete legislativo.
Cese bilateral con el Eln
Uno de los grandes pasos de las negociaciones que se adelantan en Quito (Ecuador) entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fue la declaración del cese bilateral al fuego que inició el pasado primero de octubre.
El pacto, que se mantiene hasta ahora pese a sus inconvenientes, planea extenderse más allá del 9 de enero, fecha límite de la dejación de hostilidades que acordaron las partes. Así lo confirmó el Eln en una carta enviada recientemente a Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Entre los altos y bajos que ha tenido la mesa de negociación, que ya finalizó el cuarto ciclo y se dispone a comenzar la nueva fase, ahora de la mano del exvicepresidente Gustavo Bell como jefe negociador del Gobierno, se desataca el asesinato y posterior reconocimiento del gobernador indígena Catru Dubanza Ancoso en el Alto Baudó a los 25 días de haberse iniciado el cese al fuego, así como la muerte de 13 personas en Magüí Payan durante los primeros días de diciembre a manos de este grupo guerrillero.
También generó incertidumbre y dudas sobre el proceso la salida de Juan Camilo Restrepo como jefe negociador del Gobierno para el inicio del quinto ciclo de negociaciones. Para Jhon Marulanda, experto en seguridad, la salida de Restrepo fue una muestra de que las negociaciones están en un escenario complicado y que se deben replantear los términos en la mesa.
Por su parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que las negociaciones de paz con el Eln son de “gran importancia para el país porque representan el camino para el cierre de un ciclo de violencia política que ha golpeado a la población por casi 60 años”.
“La gente quisiera que los avances fueran más rápidos y que el acuerdo se firmara ya, pero yo considero que están en los tiempos normales, con las dificultades normales. Esperamos que el próximo año se destraben las conversaciones, en especial con el cambio del equipo negociador por parte del Gobierno”, agrega Ávila.
Paro de pilotos de Avianca
El 20 de septiembre, más de 700 pilotos de Avianca, agremiados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), iniciaron un cese de actividades que duró 51 días y que afectó a cerca de 500.000 viajeros y la operación aérea del país.
De acuerdo con los pilotos, el paro se originó por el incumplimiento en las mejoras salariales y otros beneficios laborales, que al parecer estaban en el pacto colectivo de los trabajadores de la aerolínea, lo que conllevó a la huelga más larga de la historia de la aviación mundial.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Corte Suprema de Justicia definieron que el paro adelantado por los pilotos fue ilegal, porque incumplía con una serie de requisitos para ser convocado y se trataba de un servicio público esencial para los ciudadanos.
Recientemente, se conoció la decisión del Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo para dirimir el conflicto laboral, sin embargo, la discusión continúa luego de que la aerolínea presentara el pasado 15 de diciembre un recurso de anulación sobre algunos aspectos del laudo.
Para Alberto Maya, analista de aviación comercial, la protesta de Acdac “dejó de manifiesto que nuestra legislación es muy abundante, pero en algunos casos muy incompleta. Y el solo hecho de que la Corte Suprema se hubiera tomado tantos días para dar su veredicto fue prueba de la confrontación interna sobre su legalidad. Pero el punto es llamar la atención para revisar tantos temas que están en el aire y que la legislación sea clara y especifica con los servicios que son prioritarios en Colombia y en los que no se puede hacer un paro”.
Crisis en Medimas
El 1 de agosto, la EPS Medimás inició operaciones luego de que esta adquiriera a Cafesalud, que venía presentado problemas financieros y en la prestación del servicio afectando a más de 5 millones de usuarios.
Pero muchos de los problemas de la liquidada EPS se heredaron y la demora en la entrega de medicamentos, la asignación de citas y procedimientos médicos siguen siendo el calvario para usuarios de diferentes partes del país.
La EPS más grande del país ha venido prestando el servicio en medio de sanciones, problemas financieros y fallas en la calidad del servicio de salud en varias regiones del país, situaciones que han sido alertadas por las autoridades de control como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, asegura que “millones de ciudadanos llevan cuatro meses sin recibir una buena prestación del servicio de salud y no pasa nada. Medimás sigue insistiendo en que han cumplido, pareciera que fuera una entidad que se constituyó para captar dineros más no para atender a los más de 5 millones de ciudadanos que están afiliados. Hoy en día tiene dos sanciones del Tribunal de Cundinamarca, miles de tutelas y dos cuestionadas multas de la Superintendencia de Salud, y digo cuestionadas porque estas las pagamos todos los ciudadanos”.
Este miércoles, la EPS entregó un balance en el que asegura que “lo que ha hecho Medimás en 4 meses de gestión no lo ha hecho ninguna EPS del país. Desde que arrancamos la operación el 1 de agosto se nos desbordaron todos los frentes, hoy hemos resuelto la mayoría de problemas que heredamos de la antigua Cafesalud”.
Paro en Buenaventura
El Paro de Buenaventura se extendió durante 20 días entre los meses de mayo y junio. Se levantó luego de que los manifestantes llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional tras una reunión de casi 40 horas en la que se discutieron temas álgidos para la población relacionados con la salud, la educación y la vida digna, además de las deudas pendientes del Estado con el puerto.
Uno de los avances que dejó este hecho fue la reciente sanción de la ley que crea el ‘Fondo para el Desarrollo Integral de Distrito Especial de Buenaventura’, tras haber sido aprobado por el Congreso de la República. El fondo, que hace parte de los puntos que negoció el Gobierno de Juan Manuel Santos, asegura 1.6 billones de pesos de las vigencias futuras del Estado para invertir en las principales necesidades de Buenaventura en los próximos 10 años.
Se calcula que el paro dejó pérdidas por cerca de 300.000 millones de pesos. La Policía capturó a cerca de 41 personas por supuestamente haber participado en actos vandálicos, adicionalmente, una decena de policías salieron lesionados debido a los enfrentamientos con la población.
De acuerdo al senador Édinson Delgado, ponente de ley que creó el fondo de Buenaventura, esta protesta social en particular “logró que se entendiera que es posible que un pueblo se puede unir al unísono alrededor de la búsqueda de bienestar. Fue un reclamo a la sociedad colombiana digno de exaltar”.
“Esta protesta en particular llevó a que el Gobierno entendiera que debía sentarse en las mesas de diálogo con la comunidad, que desarrolló propuestas sólidas en torno a sus necesidades. Fue allí cuando se determinó la necesidad de hacer un plan integral para Buenaventura y de crear un fondo para desarrollar ese plan. Ahora lo que viene es que se viabilicen los demás compromisos del paro”, destaca el senador.
La Selección a Rusia 2018
El 10 de octubre, la Selección Colombia de Fútbol de Mayores se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018, luego de igualar 1-1 en el estadio Nacional de Lima contra la Selección de Perú, con un gol de James Rodríguez que afianzó a la tricolor entre los clasificados a la cita orbital.
Con 27 puntos, el equipo nacional se inscribió en su sexto Mundial y el segundo consecutivo de la ‘Era Pékerman’, al quedarse con el cuarto lugar del clasificatorio suramericano, detrás de Brasil, Uruguay y Argentina, que completaron la cuarteta de países clasificados a Rusia, dejando el cupo del repechaje a Perú, también clasificado al Mundial.
Y luego del sorteo oficial de la FIFA, efectuado el 1 de diciembre en el Palacio del Kremlin en Moscú, la Selección Colombia quedó instalada en el grupo H de la Copa Mundial junto con Polonia, Senegal y Japón, este último el rival del debut el 19 de junio de 2018 en Saransk.
Para José Pékerman, seleccionador nacional de fútbol de Colombia, “Supimos sobrellevar cada momento durante la Eliminatoria, con rebeldía en el momento necesario y también con mucha paciencia para superar ausentes por lesiones o bajo rendimiento”.
“Con todas las situaciones adversas que se fueron complicando al final, me permite destacar que en las dificultades encontramos la grandeza del equipo, con reacción, sabiendo que podíamos estar afuera del mundial”.
