El ascenso del brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien encabeza a “Agamenón”, una de las operaciones más grandes de la historia contra el crimen organizado, terminó obstruido por una serie de factores que al parecer se derivan de disputas internas e intereses políticos ajenos a la carrera del oficial.
La decisión del Ministerio de Defensa, de retirar su hoja de vida de la lista de 39 candidatos a ser promovidos, que fue debatida y aprobada por el Congreso en diciembre, generó una tormenta institucional que tanto el Gobierno como la Policía han tratado de minimizar.
La situación se volvió más compleja luego de que una comisión policial viajara a mediados del mes pasado a E.U., para confirmar si allá cursa algún proceso penal contra Martínez, y les dijeron que no.
El ambiente alrededor del caso comenzó a oscurecerse a mediados de noviembre, cuando el Ministerio confeccionó el listado de oficiales de la Fuerza Pública que aspiraban al ascenso, el cual estaba conformado por 20 miembros del Ejército, 10 de la FAC, seis de la Armada y tres de la Policía, entre ellos Martínez.
A manos del presidente Juan Manuel Santos llegó un documento anónimo, fechado el 24 de septiembre de 2014 y presuntamente elaborado en Miami, E.U., para la Fiscalía del Distrito Sur de La Florida.
La carta, de apenas tres párrafos, dice que las agencias DEA, ICE y FBI, a partir de testimonios de personas extraditadas durante los últimos ocho años, recopilaron información contra el oficial en cuestión.
El anónimo expone que, presuntamente, “recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades, por la información que él proporcionaba a las organizaciones de tráfico de drogas, respecto a las actividades operativas propias de la Policía” y que los hechos habrían ocurrido entre 2003 y 2010.
Señala que la información partió de declaraciones de los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso, de alias “Macaco” y “Jorge 40”, entre otros, así como de los narcotraficantes “Percherón” y “Rogelio” (cabecilla de “la Oficina”), al igual que del general (r) Mauricio Santoyo.
El señalamiento no era nuevo, toda vez que en 2012, cuando Martínez asumió el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, también aparecieron anónimos afirmando que “Macaco” habría dicho que el uniformado tuvo nexos con el narco Francisco Cifuentes Villa, porque este, quien fue asesinado en 2007, se lo había comentado una vez (ver el recuadro).
En ese momento, en entrevista concedida a este diario (13/7/12), Martínez afirmó que había un complot contra la Policía. “Estoy al arbitrio de las autoridades judiciales y como sé que no tengo nada que me pueda implicar, estoy tranquilo. Me preocupa la institución, porque yo como general de la República represento a una institución. Y me preocupa la desconfianza que esas cortinas de humo generan en una institución. Tengo la frente en alto y estoy a disposición para que cualquier organismo de control o judicial me investigue”.
En ese entonces, salió airoso y pudo continuar su carrera, llegando hasta el cargo que hoy ostenta, de director de Carabineros y Seguridad Rural.
El nuevo anónimo llegó en un momento de altísimo estrés dentro de la Policía, que viene lidiando con graves disputas internas, algunas de las cuales salieron a la luz pública: demandas contra el director, general Rodolfo Palomino, por supuesto acoso laboral y sexual contra un subalterno, así como reportajes periodísticos sobre presuntos manejos irregulares de dinero; y un video en el que un suboficial, junto a 19 patrulleros encapuchados, criticaba por redes sociales la gestión de los jefes y del presidente Santos.
A esto se sumaron después las revelaciones sobre “chuzadas” y seguimientos clandestinos a reporteros, que dejaron en el ojo del huracán a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
En ese ambiente enrarecido, se programó el debate en la Comisión Segunda del Senado, para analizar las hojas de vida de los aspirantes al ascenso.
El investigador privado Wilton César Hernández, exmiembro del CTI de la Fiscalía y capacitado por agencias extranjeras como el FBI, fue contactado por Martínez para hacer un informe pericial sobre el anónimo que llegó a manos del Presidente, cuyos resultados presentó el pasado 19 de noviembre.
El investigador comparó la carta con documentos legales y observó inconsistencias en la supuesta prueba, como que carecía de logos oficiales (como sí los traen los comunicados auténticos), había faltas de ortografía, imprecisiones biográficas (afirma que Martínez fue comandante en el Magdalena Medio, lo cual no es cierto) y en la narración se mezclaban las gramáticas inglesa y española de manera errada.
El peritazgo concluyó que “existe una evidente intención de suplantar documentos oficiales de Agencias Federales de los Estados Unidos”, “la información se evidencia como inexacta e imprecisa” y que “es un instrumento direccionado en desprestigiar con un enfoque unipersonal, en el caso que nos ocupa”.
Uno de los hallazgos más delicados del estudio fue que, de acuerdo con las frases y categorías empleadas, “se infiere razonablemente que el autor del texto anónimo tiene una estrecha relación con la labor en la que se desempeña la persona a la que se señala”, lo que sugiere que la misiva habría sido elaborada por otro policía.
El debate
El citado informe pericial fue llevado el 1 de diciembre a una sesión a puerta cerrada en la Comisión Segunda del Senado, en donde el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló a favor de Martínez, un oficial que ha pasado por los cargos más importantes en la Policía. Entre otros, fue comandante en Antioquia, el Valle de Aburrá y Bogotá, y pasó por el Gaula, la Dijín y la Dirección Financiera.
Incluso, según asistentes a la discusión, Villegas dijo que este ascenso era un asunto “de seguridad nacional” y preguntó: “¿cómo no vamos a ascender a Martínez, si es la punta de lanza de la operación Agamenón?”.
Dicha operación, con la participación de 1.300 policías y la dirección de cuatro generales, se ejecuta desde febrero contra “los Urabeños”, la banda más peligrosa de Colombia y el primer objetivo en las prioridades de E.U.; además, es la principal prueba que tiene el Gobierno para mostrarle a las Farc que sí está combatiendo los reductos del paramilitarismo, tal cual se está pactando en la mesa de diálogos de La Habana.
Reiteró el ministro que conocía al oficial desde hacía 20 años y, aunque no lo comentó en el recinto, es públicamente conocido que su cercanía con Martínez se afianzó desde el secuestro de su hija de 18 años, Juliana Villegas Restrepo, por parte de la guerrilla (28/11/00). En aquel entonces, el oficial pertenecía al Gaula y adelantó labores que facilitaron el retorno de la muchacha a casa.
El debate estuvo precedido por un hecho particular. La ponencia para sustentar el caso de Martínez sería presentada por la senadora Nidia Marcela Osorio, con quien él se entrevistó; sin embargo, a última hora ella desistió y el ponente terminó siendo Jimmy Chamorro.
Al general le preguntaron por los anónimos y él dio una sustentación de más de 30 minutos. Después de esto, fue felicitado y al final del debate, por petición del Ministro, se acordó que llegado el momento toda la lista de aspirantes se iba a votar en bloque.
Al salir de la comisión, Villegas declaró a los medios: “Acabamos de terminar un debate absolutamente franco y de un cariz democrático como pocos a los que yo haya asistido. El Gobierno sale tranquilo de este debate, se votarán los ascensos de los 39 oficiales propuestos”.
Sorpresas tras el debate
Fuentes cercanas al caso, que pidieron la reserva de su nombre, contaron que una hora después, Villegas recibió una llamada de la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, quien le contó que “la orden era parar el ascenso de Martínez”.
Villegas replicó que bajo qué argumentos iba a hacer eso, si acababa de salir del Congreso, donde había hecho una fuerte defensa del general. No recibió explicaciones.
Esa misma tarde llegó un paquete a la oficina del senador Carlos Fernando Galán, presidente de la Comisión Segunda. Contenía varios memorandos internos de la Oficina de la DEA en Bogotá, de vieja data, en los que se informaba desde Washington a los agentes estadounidenses sobre declaraciones que habían hecho los narcos en E.U., en las que mencionaban una extensa lista de policías y políticos presuntamente implicados en actos de corrupción.
Uno de ellos, fechado el 20 de mayo de 2010, trae apartes del testimonio de Francisco Flórez Upegui (“don Pacho”), quien describió los nexos de varios funcionarios con la banda “la Oficina de Envigado” en Antioquia, aunque no señaló a Martínez de forma directa. Otro de los memorandos, según las fuentes, era similar al que en 2012 hablaba de la versión de “Macaco”.
El 3 de diciembre, el Mindefensa expidió un comunicado: “el titular de esta cartera presentó ante el Senado la solicitud de no surtir el procedimiento de ascenso del brigadier general de la Policía, Luis Eduardo Martínez Guzmán. Esta decisión se toma ante la solicitud de varios senadores de disponer de más tiempo para analizar el ascenso, y con el fin de ahondar, por parte del Gobierno, y otros organismos de control pertinentes, sobre supuestas vinculaciones del alto oficial con hechos delictuosos denunciados a través de anónimos que deben ser verificados. Así, tendrá la Comisión Segunda y la plenaria de Senado más tranquilidad para considerar su ascenso en el futuro”.
El asunto desató un enfrentamiento entre las bancadas de Gobierno y de oposición del Congreso, pues estos últimos consideraban que la decisión se tomó por cuestiones políticas.
“Qué vergüenza un Gobierno que no es capaz de respaldar a los hombres de su Fuerza Pública. Qué vergüenza que el Ministro de Defensa haya estado en este recinto defendiendo la hoja de vida del general Martínez, y hoy simplemente venga y retire su nombre del decreto que permite ascenderlo”, declaró la senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático.
Al ser consultada por este periódico, añadió que “detrás de esto hay un fondo político, no jurídico. Cuando los oficiales son postulados, primero les hacen un filtro ante los organismos de control. Esos anónimos son los mismos a los que hace cinco años esos organismos no les dieron importancia”.
Holguín opinó que en este caso hay dos factores: “el primero es una puja al interior de la Policía, hay bandos conformados dentro de esa institución tratando de enlodar a varios oficiales; el otro, es que el presidente Juan Manuel Santos le ha hecho reclamos al general, atribuyéndole relaciones con miembros del Centro Democrático, es decir, de la oposición”.
Otro sorprendido fue Jimmy Chamorro, del partido de la U., quien al redactar su ponencia había dicho que Martínez “no registra antecedentes disciplinarios ni sanciones fiscales, administrativas o penales vigentes”.
El congresista, quien pertenece a la bancada oficialista, relató que “pareciera que primaron las motivaciones políticas y partidistas en la toma de la decisión en mención”.
Expuso que “un Gobierno no debe basarse en chismes ni declaraciones no oficiales de delincuentes para tomar una decisión de la mayor importancia, como un ascenso”.
Una de las dudas que surgen de este asunto es: si en realidad E.U. está investigando a Martínez, ¿por qué permite que lidere a “Agamenón”, una operación cofinanciada y apoyada en el terreno por ese país?
El soporte que le han dado los norteamericanos a esa intervención ha sido hasta político. En mayo, el embajador de E.U., Kevin Whitaker, y el director Andino de la DEA, Jay Bergman, viajaron a la base antinarcóticos de Necoclí para brindar apoyo a las unidades que persiguen a “los Urabeños”; también asistieron Jorgan Andrews, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), y Michael Knutson, el Agregado de Defensa de la Embajada.
Allí pusieron su ayuda a disposición de los comandantes, entre ellos Martínez.
¿Y ahora?
El Gobierno envió una comisión de la Policía a E.U. para verificar el contenido de los anónimos y reunirse con directivos de la DEA, entre otros. Del 11 al 13 de diciembre viajaron los generales Jorge Rodríguez, director de la Dijín, y Jorge Vargas, de la Dipol.
A su retorno, reportaron que no hay ninguna investigación en firme contra Martínez. La Fiscalía estadounidense espera entrevistar a tres hermanos extraditados del narco Francisco Cifuentes, para corroborar si es cierto lo dicho por “Macaco”.
Entre tanto, la plenaria del Senado aprobó el 15 de diciembre el ascenso de los 38 oficiales postulados, con 56 votos a favor y cuatro en contra.
Este diario conoció, por medio de fuentes gubernamentales, que el 17 de diciembre hubo una reunión de alto nivel, en la cual Martínez le pidió a Villegas que le aclarara su situación y le refutó la información de los memorandos internos que llegaron a la casa de Galán, indicando que “no eran nada nuevo, que eso ya se había investigado”.
El interlocutor le recordó el aprecio que le tenía, pero indicándole que desde el punto de vista político “la situación era inviable”. “Me siento tratado como un delincuente - le respondió Martínez -, si eso es así, entonces ordene que me capturen ya”.
La discusión subió de tono, hasta que el general manifestó que no quería ser una piedra en el zapato para el Gobierno, y partió pensando en si debía o no renunciar.
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condecoraciones ha obtenido Martínez en su carrera.
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