Durante la noche de este martes se conoció que el presidente Iván Duque convocó para las 11:00 a.m. de este miércoles a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, un cuerpo consultivo conformado, entre otros, por los expresidentes de la República: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.
El tema a tratar será presumiblemente el paso a seguir en el caso que enfrenta al país con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Hay que recordar que el pasado 29 de julio la CIJ citó a ambos países para el próximo 20 de septiembre para unas vistas orales sobre el litigio respecto a sus fronteras marítimas.
La convocatoria de este cuerpo consultivo guarda una novedad: es la primera vez que el presidente Duque la llama a reunirse en sus tres años de gobierno. Y aunque la invitación incluye a todos, lo más usual es que los expresidentes opositores al gobierno que la convoca no asistan a la reunión.
Los jueces escucharán el próximo septiembre varias denuncias. Tras el fallo de 2012 inicial en el que la CIJ estableció los límites marítimos, reconociéndole a Colombia la soberanía sobre San Andrés y Providencia, pero entregando bajo el control de Nicaragua una gran porción de océano, ambos países han efectuado otras acciones.
Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, dijo en una alocución el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Dos meses después, Managua regresó a La Haya y reclamó que le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.
Bogotá respondió que Managua no ha probado que buques colombianos hayan violado el espacio marítimo nicaragüense y que la Zona Contigua Integral “es legal según el Derecho internacional”.
Por otro lado, Colombia introdujo en la fase de alegatos escritos cuatro contrademandas, de las cuales dos fueron admitidas por la CIJ.
En la primera se aseguró que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular, de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales. La segunda denunció que en un decreto de agosto de 2013 Nicaragua “extendió sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional”, lo que habría supuesto una “violación de la jurisdicción de Colombia”.
