El litigio entre Colombia y Nicaragua por el mar territorial tendrá un nuevo round en diciembre y para 2023 podría conocerse la decisión la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ubicada en La Haya, que estudia las querellas entre los dos Estados desde hace más de 21 años.
Entre lunes y martes la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller Álvaro Leyva, presentó sus alegatos orales ante el tribunal y los días jueves y viernes se conocerá también la posición del estado nicaragüense sobre el litigio.
Una vez surtido ese proceso, las partes tendrán que esperar hasta 2023 para conocer la decisión de la CIJ que estudia un reclamo nicaragüense con el que busca ampliar su soberanía en el mar Caribe, y la defensa cololombiana que pretenden mantener intactas las fronteras.
“Le puedo asegurar a la opinión pública que contamos con una defensa jurídica y técnica de primer nivel que ha estado centrada en la defensa de la soberanía nacional”, aseguró el canciller Leyva desde La Haya.
En esta fase de la disputa internacional ambos estados tuvieron que responder a dos preguntas específicas que presentó la Corte sobre las posibilidades que brinda el derecho internacional para cambiar las delimitaciones de los países.
Ante ese requerimiento, Colombia insistió en su posición de que no existen normas que le permitan a un estado “sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro estado”.
El equipo jurídico de la Casa de Nariño sostiente que, en la gran mayoría de casos de delimitación de plataforma continental extendida, “los estados han respetado la zona económica exclusiva de terceros países.
Ese antecedente, dice la oficina jurídica, ratifica la tesis que ha sostenido Colombia “sobre la inexistencia de normas consuetudinarias al respecto que es, en últimas, lo que la corte nos pedía que respondiéramos”, precisó el canciller Leyva.
Este caso que estudia la CIJ comenzó el 16 de septiembre de 2013 y jurídicamente se conoce como “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense (Nicaragua c. Colombia)”.
El proceso inició cuando Nicaragua alegó ante el tribunal un presunto derecho a prolongar su plataforma continental en un espacio de mar que corresponde a las costas continentales de Colombia. De ahí que el canciller hable de “sobreponer” las pretensiones de una plataforma continental extendida.
Carolina Olarte, coagente de Colombia ante la CIJ, explica que “este litigio tiene que ver con una presunta plataforma continental extendida que está alegando Nicaragua, que se extiende mucho más allá de las 200 millas náuticas de la costa nicaragüense. En este caso particular, Nicaragua le está solicitando a la Corte que haga la delimitación correspondiente a esa presunta plataforma continental extendida, respecto de la cual, por supuesto, Colombia tiene una postura completamente diferente”.
El litigio va más allá de los intereses de Colombia y Nicaragua. Y es que la decisión que tome la CIJ sobre este proceso podría llevar a que otros estados, sobre todo los del Caribe, encuentren argumentos para reclamar una posible soberanía del mar que está en la jurisdicciones de otros estados.
Sin embargo, la decisión de la Corte solo se conocería hasta entrado 2023, cuando el máximo tribunal de La Haya vuelva a dirimir en una de las tantas disputas que han tenido los dos Estados bajo las normas de derecho internacional.
