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Las huellas de Isis y Hezbolá en Colombia
Un cubano, un iraquí y un grupo de ciudadanos colombo libaneses tienen a las agencias de Inteligencia en alerta.
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El cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, detenido en Colombia. FOTOS REUTERS, MIGRACIÓN COLOMBIA Y CORTESÍA DEL DPTO DEL TESORO -
El iraquí Ahmed Burhan Yahya Syala, expulsado. FOTOS REUTERS, MIGRACIÓN COLOMBIA Y CORTESÍA DEL DPTO DEL TESORO -
El colombo libanés Ayman Saied Joumaa, perseguido por EE.UU. FOTOS REUTERS, MIGRACIÓN COLOMBIA Y CORTESÍA DEL DPTO DEL TESORO
El atentado contra los funcionarios de la embajada estadounidense en Bogotá ya estaba en curso. Un restaurante cercano, en el barrio Quinta Paredes, sería el escenario de la bomba, pues unos 20 empleados de la sede diplomática almorzaban allí a diario.
Zayad Tawhid, un supuesto enlace del grupo terrorista Estado Islámico (Isis) en Inglaterra, estaba satisfecho con su contacto en Colombia, el ciudadano cubano Raúl Gutiérrez Sánchez. Así que le escribió: “¿Serás tú solo o con otro hermano? ¿Qué más necesitas?”.
Gutiérrez, quien en ese momento vivía en el municipio de Calarcá, Quindío, le respondió: “Cuento con 3 mil dólares, ando buscando más. Otro hermano me hará la vigilancia”.
- “¿Es musulmán?”.
- “El hermano que va a una mezquita en Medellín. Él trabaja en minería ilegal, donde sustrajo el material que le comenté. Cuatro kilos de C4 (explosivo), 6 kilos de dinamita”.
- “¿Pero quieres hacer un acto de martirio?”.
- “Por como veo la logística y la situación, deberá ser martirio”.
Esta conversación, registrada el 3 de febrero de 2018, es una de las pruebas que tiene la Fiscalía en el proceso penal por terrorismo y concierto para delinquir en contra del cubano de 46 años, quien fue capturado el 12 de marzo siguiente en la Capital, cuando buscaba ser contratado como mesero en el restaurante donde pretendía tender la trampa.
De acuerdo con la investigación del Grupo Antiterrorismo de la Dijín, el procesado entró al país en 2010 y lo deportaron en 2015. Regresó y fue expulsado por la autoridad migratoria en 2017, pero se las arregló para volver a ingresar de manera ilegal.
Después de su captura, Gutiérrez Sánchez hizo declaraciones contradictorias en medios de comunicación y por intermedio de su abogado. Dijo que simpatizaba con el islam, pero que no era del Estado Islámico, que solo los contactó para sacarles dinero.
Luego afirmó que trabajaba para una facción desconocida llamada Movimiento Justiciero 51, presuntamente financiado por la ultraderecha colombiana y exiliados cubanos en Miami, y que su misión era atentar contra la embajada de Cuba en Bogotá; el líder del partido Farc, Rodrigo Londoño (“Timochenko”); y el entonces candidato presidencial de la izquierda, Gustavo Petro.
En respuesta a esos comentarios, el fiscal general, Néstor H. Martínez, solicitó reforzar los esquemas de seguridad de Londoño y Petro, y ordenó un nuevo interrogatorio para el cubano.
A pesar de que el forastero lo negó, la información recopilada en sus celulares, computador y memorias USB reveló una relación aparentemente cercana con el Estado Islámico entre 2017 y 2018, tal cual quedó consignado en los chats de WhatsApp y Telegram, plagados de referencias al Corán, insultos a los cerdos infieles de Occidente, planeación de atentados y consejos para ejecutar acciones de terrorismo.
Los datos fueron compartidos por el FBI, Interpol y las policías de Inglaterra, España, Colombia y Argentina. Así se logró descifrar otra arista de la red.
En el chat de Telegram, marcado como “Islamic State” (nombre extrañamente evidente para tratarse de cuestiones clandestinas), participaba gente de América y Europa, usando nombres árabes. Entre los más activos estaban Makin Muhannad y Ale Sawarin, quienes daban pautas de cómo hacer bombas con ollas, pólvora y metralla de tornillos. Su ubicación quedó expuesta cuando el cubano digitó: “El hermano de Argentina también anda en algo”.
Las alertas se dispararon en esa nación, que se preparaba para albergar en noviembre la primera cumbre del G-20 en Suramérica. Los seguimientos policiacos determinaron que Muhannad y Sawarin eran en realidad Augusto Barraza, de 20 años, y César Justiniano Gutiérrez, de 22, respectivamente.
Los capturaron el pasado 9 de noviembre, cuando al parecer pretendían atacar al día siguiente en Buenos Aires, en plena marcha del Orgullo Gay.
En los allanamientos les encontraron evidencia de transferencias bancarias del cubano y de artículos religiosos enviados desde Inglaterra, como túnicas y un Corán. Al registrar sus redes sociales descubrieron conversaciones comprometedoras .
Según la prensa local, Barraza vivía en el barrio bonaerense de Barracas, estudiaba bachillerato y laboraba de mensajero en un almacén de artículos de caza; Gutiérrez residía en la ciudad de Dock Sud y cursaba Enfermería. Ambos negaron las acusaciones y fueron enviados a prisión.
El comerciante iraquí
El caso del cubano parecería aislado, si no fuera porque ocho meses después de su arresto, las autoridades descubrieron a otro supuesto enlace de Isis en Colombia: el comerciante iraquí Ahmed Burhan Yahya Syala.
El oriental de 51 años llegó en 2017 y se casó con una colombiana que contactó por internet, tras lo cual se radicaron en Melgar, Tolima. Allí pretendía invertir en negocios de automóviles y comidas.
Agencias extranjeras advirtieron de ese movimiento a sus pares colombianas, pues al parecer él tenía antecedentes por supuestos nexos con Al Qaeda y el Estado Islámico.
Los detectives creen que su misión era gestionar el trámite de pasaportes y cédulas de ciudadanía, para que los radicales se movieran por el mundo como si fueran de aquí, pues hay 93 naciones en las que a los colombianos no les exigen visa, contrario a lo que pasa con los habitantes del Medio Oriente, cuya movilidad es más restringida.
Las sospechas en su contra aumentaron tras el decomiso de su celular y computador, en los cuales hallaron, presuntamente, contactos con otros forasteros reseñados en los listados de terroristas de varias entidades de seguridad.
Por esas razones, Migración Colombia decidió expulsar al iraquí el pasado 9 de diciembre.
La trama de Hezbolá
La organización con más antigüedad y redes establecidas en Colombia es Hezbolá, un movimiento islámico con componentes políticos y militares, que surgió en Líbano en los 80. Mientras los gobiernos de Occidente lo consideran una facción terrorista, en el mundo árabe goza de legitimidad.
La DEA y el Departamento del Tesoro de EE. UU. vienen rastreando sus movimientos en América Latina en la última década, pues aducen que estableció contactos con grupos de crimen organizado para el narcotráfico, contrabando y lavado de activos, con el propósito de conseguir grandes sumas de dinero para patrocinar sus acciones en Medio Oriente.
Según estas entidades, el hombre clave de Hezbolá en Colombia es el comerciante Ayman Saied Joumaa (“Junior” o “el Turco”), de 55 años y con doble nacionalidad colombo libanesa. Desde 2011, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro les ha aplicado sanciones financieras a 26 personas y 36 empresas relacionadas con él, al incluirlas en la Lista Clinton. Esas compañías se localizan en Líbano, Congo, Benin, Canadá, Venezuela, Panamá y Colombia.
En nuestro país, sus operaciones están concentradas en Barranquilla, Santa Marta, Cali, Antioquia y La Guajira, en especial en el municipio de Maicao.
Dos antioqueños han sido procesados por la justicia estadounidense, por formar sociedades con “Junior”. Uno es Fredy Alonso Mira Pérez (“Fredy Colas”), cabecilla de la banda “la Oficina”, quien se entregó a la DEA en 2015 y fue condenado a siete años de cárcel por lavado de activos.
El otro es el empresario Pedro Claver Mejía Salazar, nacido en el municipio de Granada, quien se presentó ante las autoridades norteamericanas y firmó un acuerdo de culpabilidad. Cuando lo incluyeron en la Lista Clinton, importaba mercancía para venderla en el sector comercial El Hueco.
De acuerdo con los informes del Tesoro, los enlaces de “Junior” en la costa Caribe son tres comerciantes colombo libaneses vinculados con almacenes de ropa, tecnología y licores en Maicao: Jorge Fadlallah Cheaitelly, Mohamad Zouheir El Khansa y Ali Mohamad Saleh. Los tres padecen sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca.
Este último fue combatiente de Hezbolá en su juventud, y luego enviado a Colombia por el Departamento de Relaciones Extranjeras de esa organización. Según el Tesoro, Saleh es quien coordina la transferencia de dinero desde Maicao hacia Líbano, usando como enlace sus partidarios en Venezuela.
A pesar de la presión, “Junior” sigue prófugo. Los estadounidenses no solo lo relacionan con “la Oficina” y el cartel mexicano de “los Zetas”, sino también con el régimen del presidente Nicolás Maduro. La DEA estima que las empresas implicadas en su red tienen la capacidad de blanquear hasta 200 millones de dólares al mes.
Células flotantes
EL COLOMBIANO consultó a agentes de Inteligencia militar y de Estado, acerca de cuáles son los riesgos frente a los enlaces de terrorismo internacional detectados en suelo patrio.
“Los grupos de Medio Oriente, sin importar si son chiíes, suníes o wahabis (ramas del islam), tienen tres objetivos: crear condiciones para implantar su sistema de pensamiento en cualquier parte del mundo; obtener recursos económicos para financiar su lucha armada, así sea por medios ilícitos; e implantar células que vigilen los intereses internacionales de sus grandes enemigos, EE. UU. e Israel”, explica un agente*.
Y añade que las redes de dichas facciones en Colombia se están fortaleciendo gracias a la cercanía del gobierno de Maduro con Estados musulmanes, pues “Venezuela está cedulando a ciudadanos abiertamente operativos de Hezbolá y Hamás. Eso tiene a la CIA y al Mossad (servicio secreto israelí) encima de Colombia”.
Un analista militar* acota que a pesar de los riesgos -porque ningún país está exento de la amenaza terrorista-, “falta mucho para que grupos como Isis y Hezbolá tengan operaciones activas y continuadas en Colombia. Nosotros estamos llenos de bandidos, pero todos son católicos. El asentamiento de una facción islámica implica que haya una base social que la soporte, que por ahora no existe”.
Aseveró que podrían darse intercambios de conocimiento con grupos terroristas locales, como el Eln, sobre tácticas para perpetrar atentados y guerra de guerrillas, tal cual hicieron en el pasado el IRA irlandés y el ETA español.
María Vélez de Berliner, directora del centro de análisis Red Team Group Inc. y asesora del Pentágono, señaló que en nuestra sociedad podrían enquistarse “células flotantes”, que en cualquier momento se activan (ver entrevista anexa).
Frente a esta situación, buscamos la opinión del Ministerio de Defensa y de la Embajada de EE. UU. en Bogotá. Aunque no han respondido, extraoficialmente funcionarios de esas entidades comentaron que hay una estrecha colaboración para contrarrestar estas redes ilegales.
Como parte de esa cooperación, el U.S. Customs and Border Protection (Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU.) compartió con Migración Colombia el software ATSG, una herramienta tecnológica que permite verificar en tiempo real la información de los viajeros que entran y salen. Se implementó en septiembre de 2018.
Durante su lanzamiento, Christian Krüger, director de Migración Colombia, declaró que con ese sistema se podrá compartir datos entre ambas agencias de manera eficaz, enfocándose “en aquellas personas que podrían representar un riesgo para la seguridad de la región”.
Respecto a los casos reseñados, la Fiscalía informó que el juicio contra el cubano Raúl Gutiérrez está en su etapa final y que la próxima audiencia está programada para el 20 de mayo.
Los investigadores y agentes de Inteligencia siguen tratando de identificar a otros enlaces del terrorismo, que se mueven entre nosotros sin levantar sospechas, como aquel misterioso “hermano de Medellín” que consigue explosivos para los extremistas.
*Identidades reservadas por petición de las fuentes.
22
años y seis meses de cárcel es la pena por terrorismo en el Código Penal Colombiano.
7
años y seis meses es la pena si el terrorismo es por video, llamada o escrito anónimo.
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