En solo 144 horas, la Casa de Nariño se quedó sin jefa de Gabinete y sin Embajador en Venezuela. Y si bien la salida de estos funcionarios –Laura Sarabia y Armando Benedetti– es un paliativo para la más dura crisis que ha enfrentado Gustavo Petro en sus 10 meses de mandato, en el Gobierno están alerta porque el escándalo –que tiene un componente de chuzadas ilegales– puede seguir estallando. El Presidente y su círculo más íntimo están en guardia.
Y no es para menos. Cuando el jueves en la noche –en un apartamento del oriente de Bogotá– Petro sentó cara a cara a Sarabia y a Benedetti para intentar ponerle punto final a esta novela, que derivó en expedientes penales y disciplinarios, surgió la primera alerta.
La conversación fue difícil y los dos, cada uno a su modo y con su tono, le recordaron al Jefe de Estado que tienen información sensible de cómo se ejecutó la campaña presidencial y la forma en que se han dado directrices claves en esta primera parte del autodenominado gobierno del cambio. Petro solo escuchó, pero –y ya bordeando la media noche de ese primer día de junio– hizo una pregunta que inclinó la balanza.
Fuentes que conocieron de esa cita, e incluso de acuerdo con reportes de otros medios, coincidieron en que el Jefe de Estado le recriminó en un tono neutro a Benedetti por no haberle informado a él directamente –con quien tenía línea constante– por el escándalo que estaba escalando y que sabía se iba a publicar. La razón es que, en los días previos a esa reunión se filtró que fue el ahora exembajador el que ayudó a Semana a consolidar la información que sacudió el corazón de la Casa de Nariño; él mismo, en un hilo de Twitter, reconoció que sabía todo lo que se venía: “Mi ‘pecado’ es saber que se iba a publicar y me quedé callado; por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”.
Sobre la respuesta de Benedetti ante la pregunta de Petro hay diversas versiones, pero en lo que sí hay certeza es en que el Presidente se sintió más seguro de la lealtad de Sarabia. Por eso, al día siguiente y ante un contingente policial que estaba en ascensos, dijo que los dos salían de su Gobierno para esclarecer un enredo que tiene dinero en efectivo perdido (se habla de 7.000 dólares y de 150 millones de pesos), interceptaciones ilegales a dos exempleadas de Sarabia (Marelbys Meza y Fabiola Perea) y uso posiblemente indebido de un polígrafo estatal con un particular.
Pero el anuncio tuvo un matiz. Sobre Sarabia se refirió como “mi funcionaria querida y estimada”, mientras que de Benedetti solo dijo, a secas, “Embajador en Venezuela”. Y ahí, tras esas palabras de Petro y los respectivos comunicados de los dos salientes funcionarios con palabras de agradecimiento –el de él se escribió con tuteos y en el de ella se incluyó a la familia del Jefe de Estado–, surgió la segunda alerta.
Ese guiño público demuestra que Petro siente tranquilidad con Sarabia, quien se alejó de su mentor y exjefe por 6 años en el Congreso –trabajó, al igual que su esposo, Andrés Parra, en la UTL de Benedetti– e hizo de todo para que no trascendieran las razones de las largas ausencias públicas de Petro y sus constantes desplantes hasta a los magistrados de las altas cortes. Era una tumba junto al Jefe de Estado.
No obstante, con el ahora exembajador –quien este fin de semana fue notificado de que se le suspendió por segunda vez su visa a Estados Unidos por un posible uso indebido de su pasaporte– hay desconfianza. Por un lado, durante toda la campaña acompañó a Petro a recorrer más de 100 plazas públicas, fue con él al exterior, tuvieron momentos de intimidad social para celebrar triunfos y analizar correcciones cuando se cometieron errores, por lo que tiene en su poder cientos de mensajes, audios y fotos que –mal interpretados– pueden generarle otro escándalo al Presidente si se filtran. Y el temor está latente, al punto de que desde la Casa de Nariño han hablado con cierta prevención de un video de celebración que podría desatar ruido.
Ahora bien, las grietas en la seguridad del Jefe de Estado no son solo en temas de la intimidad de un Gobierno que esta misma semana se enteró de que su desaprobación ya roza el 60 por ciento, la más alta en años durante los primeros meses de un mandatario. El hecho de que la Fiscalía comenzara este sábado a interrogar a tres patrulleros y un intendente de la Policía (también llamaría a un coronel y a un mayor) que se vieron involucrados en la orden irregular de chuzar a las empleadas de Sarabia abren otro frente de polémica.
El coronel Carlos Feria Buitrago, jefe de seguridad de la Casa de Nariño y policía vinculado a la seguridad personal de Petro durante la última década, tiene que declarar en el búnker para determinar si él impartió la orden de usar el polígrafo de Palacio con una exniñera y si, además, tuvo algo que ver con los informes policiales que justificaron que las líneas de Marelbys y Fabiola –con los alias de ‘la Cocinera’ y ‘la Madrina’– fueran incluidas cerrando enero, y durante 10 días, en un expediente judicial contra el asesinado criminal conocido como Siopas, excabecilla del Clan del Golfo.
Si por cuenta de las investigaciones que el propio fiscal General, Francisco Barbosa, calificó como el regreso las chuzadas a Colombia, termina forzándose la salida del coronel Feria Buitrago, el presidente Petro perdería otra persona de mucha confianza. Alguien reservado que también conoce al detalle sus movimientos íntimos.
Para el Jefe de Estado ni su exjefa de Gabinete ni nadie de su Gobierno, lo cual incluiría también a Benedetti y al coronel Feria, ha ordenado chuzar a nadie. Incluso, dijo que la Fiscalía puede investigar todo lo que quiere en la Casa de Nariño y, de paso, le dio instrucciones a su ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que acuda a un debate de control político al que lo citó la oposición del Centro Democrático para que responda si hay más personas interceptadas de forma ilegal en el país.
De hecho, eso derivó en una reunión de más de 5 horas –a puerta cerrada– entre el general William Salamanca, director de la Policía, y el ministro Velásquez, quienes revisaron varios procedimientos para intentar determinar si una sala de escuchas ubicada en el occidente de Bogotá es la clave de todo este escándalo por su posible uso indebido.
Lo paradójico de todo esto es que Petro, Velásquez y otros miembros de su Gobierno fueron víctimas del estremecedor escándalo de las chuzadas en la época del desaparecido DAS durante la presidencia de Álvaro Uribe, y ahora resultan salpicados por un tema similar aunque, al menos hasta ahora, de proporciones mucho menores. Además, durante los mandatos de Juan Manuel Santos e Iván Duque también salieron a relucir polémicas similares por uso indebido de salas de interceptación oficiales y perfilamientos a periodistas y políticos en ese entonces de oposición.
En todo caso, Petro y su guardia pretoriana analizan con lupa cada movimiento que dan ahora; incluso, este fin de semana se reunieron en ciertas oportunidades y se cruzaron mensajes vía Line –la red que usa el Jefe de Estado para comunicarse con su gente– para analizar estrategias de control de daños por si llega una nueva bomba mediática que golpee a un gobierno al que ni el Congreso le quiere caminar con fuerza.
Y es que en solo 10 meses se ha ajustado el gabinete dos veces, la Fiscalía y la Procuraduría también le pusieron la lupa a los movimientos posiblemente irregulares de Nicolás y Juan Fernando Petro –hijo y hermano, respectivamente, del mandatario– y hasta la paz total se vio salpicada por posibles pagos de narcos para colarse.
Mientras eso pasa, Petro insiste en que el Fiscal, quien lo llamó a él “irresponsable” y al que le devolvió el golpe con el calificativo de “sedicioso”, debe entregarle un informe sobre las investigaciones en torno a posibles asesinatos del Clan del Golfo, algo que, como dice el Presidente, no ha pasado. Eso sí, Barbosa siempre ha defendido su gestión y hasta la procuradora General, Margarita Cabello –con la rama judicial en pleno–, ha rodeado la independencia del actuar de la justicia que, al igual que con los medios, el Jefe de Estado da la impresión de querer atacar.
El caso es, ante la inminencia de un escándalo más fuerte, Petro se blinda con una frase que tiene de todo, desde cliché hasta de electoras: “Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron, aquí no venimos a eso”. Pero, por ahora, los hechos lo contradicen.
Duro golpe a la imagen del Jefe de Estado
Esta semana no fue la mejor para el presidente Gustavo Petro. Quedó claro que el Congreso no le camina a sus reformas, un escándalo de chuzadas le quitó a su mano derecha en el Gobierno y de paso le tumbó al Embajador en Venezuela, y además se conoció una detallada encuesta en la que su desfavorabilidad está disparada. En efecto, el más reciente sondeo de Invamer Colombia Opina, el 59,4% de los 1.200 encuestados en todo el país desaprueba su forma de gobernar. Y si bien la medición corresponde a mayo, y no alcanza a recoger lo sucedido tras el episodio de la exniñera de Laura Sarabia, sí deja un halo de inconformidad alto, pues ese mismo ítem en noviembre de 2022 –la última vez que se había medida– estaba en el 43%. Colombia Opina aplicó encuestas en los 32 departamentos y en 57 municipios, tomando veredas, pequeños municipios y ciudades capitales, lo que permite que fotografía nacional sea más profunda que la de otros sondeos y por eso, desde que Petro está en la Casa de Nariño, solo se han hecho dos. Su imagen está muy golpeada.
El dosier del primogénito y el hermano del Presidente
El primogénito del Presidente, el diputado barranquillero Nicolás Petro, tiene en su contra un proceso penal por posible enriquecimiento ilícito después de que se denunciara que habría recibido dineros de un exnarco y de un contratista cuestionado para financiar la campaña presidencial de su papá, pero que al final se quedó con esa plata. El episodio lo hizo público Day Vásquez, su exesposa, quien dijo que serían más de $1.000 millones. Sin embargo, no ha sido citado ni al búnker ni a la Procuraduría a declarar. Pero el dossier de la familia Petro no termina ahí. Al hermano del Jefe de Estado, Juan Fernando Petro, lo indagan por cuenta de los señalamientos en torno a que se estarían cobrando hasta $500 millones para que narcos puedan colarse a la llamada paz total. Eso sí, los dos Petro se han declarado inocentes y el Presidente dice que no intervendrá.
Van 27 ministros en 301 días de gobierno del cambio
El Gobierno Petro cumple este domingo 301 días desde su posesión y si algo ha sido inestable es su gabinete. En este tiempo –contando los que están, los que se han movido y los descabezados– Petro suma un total de 27 ministros, y eso que en la cartera de Cultura aún no tiene a nadie como titular. Además, su equipo ministerial tuvo una división entre activistas de izquierda y técnicos de experiencia, que llegaron a hacer citas privadas por aparte para analizar los movimientos del bando contrario. En medio de esa puja salieron personas de la talla de José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, pero también polémicas como Carolina Corcho. En todo caso, el Jefe de Estado les exige a sus ministros lealtad con su programa de Gobierno, pero es poca la línea que les tira. La duda ahora es quién asumirá las funciones de Laura Sarabia.
Los choques con la Rama Judicial
Su pelea con el fiscal Francisco Barbosa rozó las esferas de las altas cortes, pues Petro respondió los ataques del jefe del ente acusador con frases que pusieron en riesgo la independencia judicial. Eso motivó a que las cabezas de la Rama lo llamaron a respetar la separación de poderes. Incluso, se quejó de que el Consejo de Estado sacara a congresistas electos de su partido, como pasó con Roy Barreras, y aunque después quiso enmendar diciendo que su vainazo era contra la Procuraduría el daño quedó hecho. Además, en la menos dos oportunidades ha dejado plantados a magistrados y ha hablado de un “golpe blando”. Lo que no calcula es que necesita de la Rama Judicial para la elección, el otro año, de Fiscal General.
