Una serie de decisiones judiciales complicaron la consolidación de la entonces naciente coalición del Pacto Histórico en 2022. Senadores de la talla de Roy Barreras, Alexander López o César Pachón terminaron marginados de sus curules, luego de que tribunales como el Consejo de Estado anularon su elección, entre otras razones, por líos relacionados con doble militancia.
Ahora, pasados cuatro años y sin que aún hayan asumido formalmente su escaño, la amenaza vuelve a posarse sobre algunos congresistas de la coalición petrista.
¿La razón? El riesgo que corre la elección de algunos de los nuevos parlamentarios, pero ahora por haber celebrado contratos con el Estado tres meses antes de las votaciones, una causal para anular su elección.
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Las miradas están puestas en tres casos particulares: la representante electa por Bogotá, Laura Daniela Beltrán Palomares (conocida en redes sociales como “Lalis”); la futura senadora Kamelia Zuluaga Navarro (puesto 15 en la lista cerrada del Pacto); y la representante electa por Antioquia, Verónica Estrada Holguín.
Lo ocurrido con Antanas Mockus en 2019 ejemplifica el galimatías jurídico Aun cuando fue elegido por un mandato de 540.738 votos – la segunda votación más alta de las elecciones de 2018–, el entonces senador de la Alianza Verde fue apartado de su curul por orden del Consejo de Estado.
Ese tribunal determinó que Corpovisionarios, la fundación que lideraba Mockus y de la que era representante legal, firmó un contrato con la Gobernación de Cundinamarca en noviembre de 2017.
Es decir, menos de seis meses antes de las elecciones de 2018, Ya en 2023 el petrismo había padecido un lío similar.
La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección del senador Polivio Leandro Rosales, quien, aunque fue elegido por la circunscripción especial indígena, era afín al proyecto político del hoy presidente Gustavo Petro.
Según determinó el alto tribunal, Rosales fue representante legal de una entidad sin ánimo de lucro que firmó dos contratos con la Gobernación de Nariño seis meses antes de su elección como senador, por lo que se configuró la inhabilidad que trata el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución:
“No podrán ser congresistas (...) quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.
Los casos
Una de las curules que podría estar en riesgo es la de la influencer “Lalis”, segunda en el renglón de la lista cerrada del Pacto en Bogotá, que obtuvo en conjunto 915.473 votos.
La joven –quien tuvo contratos con entidades como Compra Eficiente y Prosperidad Social–, firmó un contrato con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores que arrancó en marzo de 2025 y tenía plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre.
Si bien “Lalis” argumentó que solicitó la terminación del contrato el 1 de octubre y lo ejecutó hasta el 10 de octubre, a través de un derecho de petición el Grupo Interno de Trabajo Licitaciones y Contratos del Ministerio respondió el 11 de noviembre pasado que el contrato se encontraba “vigente”.
Un caso similar enfrenta Verónica Estrada Holguín quien, en diálogo con este diario dijo que hasta septiembre de 2025 tuvo un vínculo contractual con la Dian.
La representante comenzó a ejecutar un contrato por $78 millones el 20 de marzo de 2025 y estaba estipulado que se extendiera hasta el 31 de diciembre pasado.
Sin embargo, aunque solicitó renunciar al vínculo el 8 de septiembre de 2025 –justo seis meses antes de las elecciones–, solo el 30 de septiembre de 2025 quedó en firme la terminación anticipada del contrato.
Al respecto, Estrada dijo que “sí trabajé en la Dian y no es un pecado ser servidor blico. Lo hice con compromiso y convencida de que hay que hacer lo correcto, me retiré oportunamente para trabajar por mi candidatura”.
De paso negó los señalamientos según los cuales estaría involucrada con el paro minero en Antioquia.
“No promuevo un paro minero porque considero que el diálogo es la salida a los conflictos”, acotó.
Otra es la situación de la senadora electa Kamelia Zuluaga, quien en marzo de 2025 suscribió un contrato por $45 millones con Colombia Compra Eficiente hasta el 31 de diciembre.
No obstante, aduciendo “razones de índole personal”, solicitó la terminación anticipada, que se materializó justo el 7 de septiembre, por lo que no tendría inhabilidad.
Con todo, en el caso particular de “Lalis” y Verónica Estrada hay una tesis que desde ya comienza a tomar forma: que la inhabilidad aplicaría si el contrato se hubiera firmado seis meses antes de las elecciones; es decir, no habría lío si durante ese tiempo ya se estaba ejecutando o liquidado.
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Otra es la lectura de expertos como el politólogo Marco Antonio Bustos.
“El Consejo de Estado ha sostenido de forma reiterada que lo determinante no es únicamente la firma del contrato, sino la existencia de una relación jurídica activa con el Estado, es decir, mientras el contrato no haya concluido ni se haya liquidado”, alertó en su momento.
Aun las congresistas electas no han tomado posesión de sus curules, por lo que no hay procesos en su contra; no obstante, no se descarta que una vez asuman formalmente pululen las demandas y reclamos. De allí que hoy el primer escollo que deban asumir sea la defensa jurídica de su curul.
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