Acabar con el trasteo de votos y facilitarle a la ciudadanía el proceso de denuncia de irregularidades electorales eran algunos de los objetivos que se propuso el Gobierno Nacional con la puesta en marcha de Uriel, la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral. Su directora, Ana María Almario, delegada del Ministerio del Interior para la Democracia y la Participación Ciudadana habló con EL COLOMBIANO e hizo un balance de la plataforma y de las denuncias recibidas durante la contienda electoral.
¿Cuántas denuncias recibieron en las elecciones?
“Tuvimos dos momentos muy interesantes de Uriel. Hasta la fecha de las elecciones recibimos más de 6.000 denuncias y otras 500 durante el día de los comicios. Gracias a esas denuncias se presentaron más de nueve capturas de candidatos y funcionarios por presunta trashumancia electoral e incautaciones por más de 1.800 millones de pesos en efectivo que iban a ser destinados para la compra de votos. Pero no solamente nos interesaba que se hicieran las denuncias, también hicimos un ejercicio muy importante de prevención y por eso llevamos a Uriel a muchos municipios del país para hacer pedagogía sobre los delitos electorales y eso permitió cualificar la denuncia. Algo muy significativo fue que tradujimos la Uriel a emberá, wayuunaiki y arhuaco para trabajar con las comunidades indígenas que han sido históricamente víctimas de delitos electorales”.
¿Cuál fue el delito más denunciado?
“Sin duda la trashumancia electoral fue el de mayor denuncia, pero también el delito frente al cual se produjeron el mayor número de capturas. Recibimos 1.172 quejas para medidas preventivas o actividades de verificación; 853 quejas por intervención en política de servidores públicos; 834 por corrupción al sufragante; 584 denuncias por propaganda electoral extemporánea; y 419 quejas por constreñimiento al sufragante”.
¿Cuál fue la zona más crítica del país en materia de denuncias?
“Mire hay zonas donde se aumentó el número de denuncias, pero no necesariamente porque sea la más crítica sino porque hay más trabajo y pedagogía sobre delitos electorales. Por ejemplo en AnQtioquia la Gobernación hizo un esfuerzo muy grande por cubrir la mayoría de las regiones y enseñarle a la comunidad en qué consistía la Uriel y eso explica por qué tuvimos tantas denuncias en ese departamento. Pero como le decía, el número de denuncias no implica que sea la zona más crítica sino que hay una ciudadanía más activa y que conoce bien cuáles son los delitos electorales. Departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Cesar fueron los lugares donde más denuncias se reportaron”.
Pero, a pesar de que Uriel era efectiva en la recepción de las denuncias, las personas se quejaban de que una vez radicaban la queja no pasaba nada...
“Primero que todo hay que entender que la Uriel no es un juez de la República, luego hay denuncias que se ponen y deben surtir el procedimiento y el debido proceso. Ahora, que cada una de las entidades tenga un tiempo distinto para tomar sus decisiones y fallar es una cosa distinta, pero la ventaja de las denuncias en la Uriel es que le evitaban a la gente el “peloteo” entre las instituciones y eso facilitaba las denuncias. El solo hecho de que las personas no tengan que ir de una entidad a otra para denunciar ya es un logro muy grande”.
Sin embargo, hubo muchas críticas hacia la decisión del CNE de anular la inscripción de tantas cédulas...
“Entendemos que pudieron haber inconformidades por parte de la ciudadanía, pero en un país en el que en las elecciones presidenciales no votaron más de 15 millones de personas, era, cuando menos, muy raro que cuatro millones de personas hicieran cambios en su residencia, luego sí había una situación muy grande de trashumancia. Por otro lado, del más del millón y medio de cédulas que se anularon, solo se presentaron 250.000 recursos de reposición y el CNE reintegró 150.000 documentos al censo electoral. Pero mire, aquí a nadie se le negó el derecho a votar, porque si la inscripción de su cédula fue anulada usted podía votar en el lugar donde la tenía ya inscrita anteriormente”.
Pero, ¿es cierto que desde el Ministerio hubo presiones al CNE para que actuara?
“No. El proceso electoral que lideró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue absolutamente público y él, como debe ser, le exigía resultados a los magistrados, pero en ningún momento se les decía cómo debían fallar, solo se les llamaba la atención frente a un número significativo de inscripciones de cédulas en algunos municipios. El CNE falló con autonomía y siempre se manifestó mucho respeto por parte del Ministerio y de todas las entidades. Este fue un proceso transparente en el que hubo una decisión muy clara de acabar con la trashumancia electoral”..
