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Colombia | PUBLICADO EL 12 diciembre 2022
La búsqueda de desaparecidos está rebasada
La advertencia la lanzó la Procuraduría. Afirmó que la Corte Constitucional podría intervenir. Habló de retrasos en entregas.
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La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas realiza un trabajo por todo el país, cuyo fin es detectar la ubicación de los restos de víctimas del conflicto. foto esneyder guitierrez
La Procuraduría le acaba de hacer una dura advertencia a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) por cuenta de lo que considera es un posible incumplimiento con las víctimas y que, por la gravedad de lo que pasa, podría derivar en una declaratoria de vigilancia de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el Ministerio Público, el alto tribunal podría ejecutar la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional por posibles desatenciones con los afectados por la guerra, lo que estaría derivando —entre otras cosas— en retrasos en la entrega de restos humanos para los procesos de sanación.
De acuerdo con la advertencia, el lío se origina por las deficiencias evidenciadas en la operación de los mecanismos propuestos a la fecha para avanzar con éxito en la búsqueda de personas desparecidas. Eso se traduce, en palabras del procurador Delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Jairo Acosta, en que “mal pueden seguirse tramitando esas necesidades de una manera fragmentada, individual, focalizada en los territorios, ya que se rebasó la capacidad de respuesta de una audiencia de medida cautelar focalizada o territorializada”.
Lo que dice la Procuraduría es que la forma en que se están priorizando estas audiencias derivan en retrasos, pese a que la (UBPD) tiene la intención de cumplirles a las víctimas a tiempo.
De hecho, la advertencia tuvo de telón de fondo la audiencia que la JEP citó para hacerles seguimiento a las medidas cautelares en 27 cementerios de Risaralda y Quindío en los que habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Allí, la Procuraduría recordó que esta declaratoria se presenta ante una violación masiva, generalizada, sistemática y estructural a los derechos fundamentales, para lo cual se deben adoptar medidas que permitan superar esta vulneración, así como hacerle un seguimiento permanente que debe estar a cargo de las autoridades judiciales y de los mismos órganos de control.
Por eso, el procurador Acosta pidió adelantar dos audiencias donde las autoridades responsables a nivel local realicen una valoración sobre el nivel de cumplimiento en las obligaciones constitucionales y legales y precisar qué falta por hacer en cada territorio. Esto podría, a su juicio, frenar la medida casi que inminente de la Corte Constitucional, que ya la tiene aplicada en casos como el hacinamiento carcelario y la desnutrición infantil en La Guajira.
Para evitar que se crezca un posible enredo, la Procuraduría planteó que para la segunda audiencia de revisión se involucren a las instituciones nacionales para que se comprometan con el sistema de búsqueda, recuperación y entrega digna de las personas desaparecidas y, de paso, se fijen metas claras para que las víctimas puedan tener un cierre tranquilo de sus tragedias
Contexto de la Noticia
radiografía Un bajo registro que genera alerta
Otra de las alertas que lanzó la Procuraduría está relacionada con el registro de víctimas del conflicto en el llamado Eje Cafetero. Según el reporte del Ministerio Público, lo que sucede es “grave”, ya que –de acuerdo con los datos de la entidad– solo se encuentran acreditadas 23 personas golpeadas por la guerra en Risaralda, mientras que en Quindío solo hay 8 y, en Caldas, 61. Para el Ministerio Público es perentorio que se revise lo que sucede con los entornos de las víctimas y por qué no se acercan a la institucionalidad para buscar ayudas de resarcimiento. De hecho, se pidió revisar si hay algún tipo de predisposición que se deba trabajar.
