viernes
7 y 9
7 y 9
Alexander tiene 16 años y no estudia. No quiso continuar después de que llegó de Venezuela en 2018. Aunque en su país iba para noveno de bachillerato, en las pruebas que le hicieron para ingresar al sistema escolar colombiano salió que su nivel era de sexto grado. Solo duró un mes. Se aburrió porque sus compañeros eran más jóvenes que él y se sentía acomplejado de ser el mayor del salón.
Y es que Alexander –quien pidió la reserva de su nombre real– viene de un sistema educativo en decadencia, en donde los alumnos no ascienden de grado al aprobar las materias sino que cursan el grado al que corresponda su edad. Así lo cuenta Ángela Chacín, quien era profesora en Venezuela y ahora lo es en Medellín: “En mi país la educación ha caído un poco porque los profesores no tenemos la potestad de hacer que los niños repitan año. Aprendan o no aprendan, tienen que ganar”.
En ese sentido y frente a la ola migratoria que hasta principios del año vivió el país, Colombia ha hecho grandes esfuerzos para que no se vea vulnerado el derecho a la educación de niños migrantes venezolanos. Según un informe de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, publicado hace una semana, hubo una ampliación de la infraestructura escolar, se eliminaron los requisitos de documentación legal para el ingreso, se han hecho campañas en contra de la xenofobia y la violencia de género y se coordinaron iniciativas de alimentación y transporte. El documento también afirma que hasta octubre de 2019 había 206.000 estudiantes venezolanos inscritos en el sistema educativo, pero que aún faltan 254.000 más.
Este mismo informe determina que Colombia encara retos para hacerle frente a la ampliación de las matrículas. Hay insuficiencia de infraestructura, hacinamiento en las escuelas de Cúcuta y Arauca, falta de personal docente, los materiales escolares son insuficientes y hay ausencia de agua y de saneamiento básico en Arauca, La Guajira, Nariño y Norte de Santander.
Pero las dificultades no solo las tiene el gobierno colombiano. La mayoría no estudia por los costos indirectos de la educación: transporte, uniformes, materiales.
Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, dijo que gran parte del problema es que es una población vulnerable que tiene problemas de territorialidad, es decir, “no logra asentarse de manera adecuada en el territorio, muchos dependen de estar moviéndose al interior de una ciudad, de un departamento o incluso del país. Y de la capacidad de establecerse, depende directamente la educación”, manifestó.
Las barreras para que los migrantes venezolanos accedan al sistema educativo son diversas. Según el informe, las mayores dificultades son: complejidad en el desplazamiento por temas de conflicto armado; regularización de grados y convalidación de títulos universitarios; problemas económicos y documentación legal.
Respecto al último punto, en la circular conjunta número 16 del 10 de abril de 2018, el gobierno quitó los requisitos de documentación legal para el ingreso a las escuelas, pero en muchos casos, la decisión de ingresar a un menor de edad sin papeles termina en manos de autoridades municipales o del rector del colegio, por lo que, según el informe, hay un problema en la aplicación de la norma.
Sin embargo, ingresar sin papeles legales implica que solo se pueda asistir como oyente, sin la posibilidad de certificar los estudios. Esto se ha flexibilizado un poco y hoy los migrantes pueden realizar el examen Saber 11, Pre Saber o Validantes, con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) que tiene una vigencia de máximo dos años. Si el permiso se vence, además de que la persona queda en situación de irregularidad, no puede presentar el examen.
Los jóvenes también tienen muchas trabas para acceder a educación superior precisamente por falta de documentación. Así lo afirmó Rodríguez: “es necesario resolver este problema de forma rápida y es una urgencia para el Estado colombiano porque los jóvenes pueden ser reclutados o utilizados por economías informales o, incluso, ilegales”.
El segundo, el PEP-FR, permitirá el acceso a programas en el SENA, el reconocimiento de aprendizajes previos y certificación de competencias. Tampoco pueden acceder a él personas que ya hayan tenido algún tipo de PEP, este solo tendrá una vigencia de dos años y podrá ser renovado. Actualmente, el decreto se encuentra en proceso de revisión en las oficinas jurídicas de las entidades involucradas como Cancillería y los Ministerios de Trabajo y Educación.
A esto se le suma, advirtió Rodríguez, que en medio de la crisis, es posible que haya deserción escolar por parte de estudiantes venezolanos, pues las dificultades se han agravado. “Creo que es factible que se dé una dinámica de deserción escolar, sobre todo porque si ya es complejo mantener un proceso de educación regular en estos niños, la pandemia se convierte en una barrera adicional que limita la posibilidad de que estos niños accedan a los materiales como guías y clases virtuales. La mayoría, debido a que son población vulnerable, dependen de redes gratuitas. Además, muchos de los que vivían en pagadiarios o incluso en arriendo, fueron expulsados”.
Según el Ministerio de Educación, aún no se tienen cifras de la problemática porque hay que esperar que pase la crisis y mirar cuántos no vuelven a clase. Por el momento, tienen acceso a alimentación escolar, material educativo impreso y digital, préstamo de computadores y tabletas, apoyo en conectividad y datos celulares.