En Colombia, la pandemia por el coronavirus aceleró una discusión que ya estaba sobre la mesa: la necesidad de usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que las personas tengan un mayor acceso a la justicia.
Por eso, en el proyecto de reforma a la ley estatutaria de administración de justicia (Ley 270 de 1996), el Ministerio de Justicia incluyó como uno de los pilares la modernización tecnológica de la rama judicial con estrategias como la creación del expediente digital.
Es tal la apuesta del Gobierno con este proyecto –fruto de la unificación de otros dos proyectos presentados, por aparte, por el Consejo Superior de la Judicatura y por el Ministerio de Justicia–, que cuando fue aprobado a finales de la semana pasada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el ministro del ramo, Wilson Ruiz, aseguró que la digitalización “permitirá superar las barreras de acceso a la justicia en todo el país”.
Un propósito
El liberal Harry González, representante a la Cámara por Caquetá y coordinador ponente del proyecto de ley, explicó, en diálogo con EL COLOMBIANO, que la importancia de la transformación digital de la rama judicial no solo busca facilitar el acceso a esto, sino garantizar su transparencia.
“El crecimiento del uso de las TIC en la justicia fue exponencial durante la pandemia, y por eso queremos con este proyecto de ley que sea un impulso que se mantenga de manera permanente”, explicó el congresista, indicando que, con esta reforma, se apunta a que la rama judicial tenga el marco normativo necesario para poder actuar en esta materia.
En esa misma línea, el Consejo Superior de la Judicatura ha señalado que, con proyectos como el mencionado, se tiene como propósito “implementar el plan integral de transformación digital, que nos permita evolucionar hacia una gestión electrónica procesal y una justicia digital bajo un norte común”.
Así, el proyecto de ley contempla, en su exposición de motivos, que la transformación digital resalta que una buena herramienta para tal fin es la digitalización del expediente digital, que se ha implementado con éxito en países como Perú, Chile, Costa Rica, Paraguay y Argentina (ver Para saber más).
Sobre el expediente, en el más reciente Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial se indica que la meta es que haya “herramientas que permitan hacer realidad la práctica del expediente electrónico en las actuaciones judiciales, bajo un enfoque de transformación digital en la gestión judicial y de generación de valor público en el servicio de administración de justicia”.
El argumento es que este tipo de expediente –que ya se ha implementado en algunos proceso como en los de restitución de tierra y tutelas– permitiría que haya “sencillez en el flujo del trámite y su impacto en el ejercicio judicial”.
No es tarea sencilla
El profesor Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, consideró que medidas como el expediente digital, ayudan a “garantizar de mejor manera el acceso a la administración de justicia y modernizar el aparato judicial con nuevas herramientas, acorde con el desarrollo tecnológico”.
Sin embargo, fue enfático al señalar que “hay dificultades con el ciudadano, pues atendidas sus condiciones económicas o geográficas, puede no tener acceso a una red de internet o a medios electrónicos; también afecta la inexistente o deficiente formación en tecnologías de la información y comunicación”.
La advertencia hecha por Burbano no es menor. De acuerdo con el último boletín de las TIC del Gobierno Nacional, en Colombia hay 7,67 millones de hogares (de los 14,2 millones que hay –DANE–) que tienen acceso a internet fijo. Y de los 50,3 millones de colombianos, 30,4 millones tienen internet móvil.
Y no se trata solo de eso. De acuerdo con el mismo informe, mientras que en lugares como Bogotá, Antioquia, Quindío y Risaralda la penetración del internet fijo supera el 20 %, hay departamentos como Vaupés donde es 0,1 %, Vichada del 1,3 % y Amazonas del 1,8 %.
No obstante esta realidad, Harry González defiende que es una situación que se puede subsanar, si se tienen en cuenta los programas adelantados por el Gobierno Nacional en cuanto a la ampliación de la cobertura de las TIC.
El profesor Burbano, por su parte, sostiene que para que este tipo de iniciativas prosperen realmente, deben “venir acompañadas de una política pública de educación en tecnologías de la información para la población en general y la creación de lugares o sitios donde los ciudadanos puedan acercarse y usar medios tecnológicos”.
Así las cosas, con un apoyo fuerte en el Congreso –no tuvo ningún voto en contra en el primer debate–, pero con una realidad compleja, avanza este proyecto que facilitaría el acceso a la justicia
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propuestas de reforma a la justicia se han presentado desde 1996.
7,67
millones de hogares en Colombia tienen acceso a internet fijo: MinTIC.
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