Gustavo González Ruiz es el esposo de la representante a la Cámara Karen Manrique, hoy detenida junto al parlamentario Wadith Manzur por orden de la Corte Suprema en el marco de la investigación por la red de corrupción vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la investigación de ese alto tribunal, González no solo acompañaba a Manrique a reuniones oficiales, sino que sería el enlace principal entre su pareja y algunos contratistas en el municipio de Saravena, Arauca.
EL COLOMBIANO obtuvo la ponencia de 1.020 páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que la Corte ordenó prisión a los dos parlamentarios y mantiene bajo investigación, pero en libertad, a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
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Allí está consignado que el 14 de diciembre de 2023, Karen Manrique dejó claro su papel al subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla: “Ese contrato lo voy a manejar yo a través de mi esposo”, estableciendo a Gustavo como el contacto operativo para supervisar un proyecto de más de $30.000 millones destinado a obras de protección contra inundaciones en el río Bojabá, una corriente de agua de aproximadamente 37 kilómetros de extensión y que es vital para la región de Saravena.
Pinilla declaró, exactamente esto: “Ahí, su Señoría, yo me reúno con ella y con el esposo o compañero sentimental, no sé si estarán casados o no, que se llama Gustavo González Ruiz. Y ella me pregunta: ‘Ingeniero, a usted le han hablado de un tema de un contrato de Saravena?’. Entonces yo le digo: ‘No’. En ese momento no sabía. Yo le digo: ‘No, no doctora, ¿por qué?’. Me dijo: ‘No, es que le van a avisar sobre un contrato de Saravena. Ese contrato lo voy a manejar yo a través de mi esposo’; o sea, el señor Gustavo González Ruiz.
La Corte encontró múltiples comunicaciones que confirmarían su rol de operador: Pinilla compartía su contacto con otros funcionarios, identificándolo claramente como “Gustavo González Ruiz Esposo Rte A La Cámara Arauca”, como se lee en el documento al que accedió EL COLOMBIANO.
Karen Manrique y su esposo en la UNGRD
Testimonios en poder de la Corte ubican a la congresista Karen Manrique en reuniones de a UNGRD en Arauca con comunidades campesinas. Uno de ellos le contó al tribunal que el 5 y 6 de octubre de 2023, luego de varias movilizaciones sociales en ese departamento, ella participó en mesas de interlocución con el Gobierno Nacional.
Aclaró que allí estuvo presente el director de la entidad, Olmedo López (hoy preso), y que no se discutieron asuntos de contratación ni relacionados con el río Bojabá y que el rol de la congresista se limitó a hacer acompañamiento a los voceros de las mesas. Aunque hicieron presencia ambos en el lugar.
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Otro registro los ubica el 14 de diciembre de 2023, ingresando a las instalaciones de la UNGRD a la oficina de Sneyder Pinilla, en ese momento subdirector de esa entidad. La congresista Karen Manrique ingresó a las 9:07 a.m. y Gustavo González a las 9:10 a.m. En declaraciones judiciales, Pinilla dijo que la visita había sido para hablar del “contrato de Saravena”.
“Ese día, su Señoría, ella me escribe que si la puedo atender en la entidad. Yo le digo que sí. Creo que yo le autorizo el ingreso... y nos colocamos una cita dentro de la cafetería de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que queda en el segundo piso; pero, para usted entrar a esa cafetería, pues tiene que entrar a las instalaciones de la Unidad”, dijo Pinilla sobre el ingreso de las dos personas.
Además, Gustavo González es señalado de coordinar con otro enlace regional, Camilo Díaz, y habría presionado la aprobación rápida del proyecto, respaldándose en apoyo político: “Si las cosas se complican, acá estamos nosotros al frente del cañón”.
En la gestión técnica, González Ruiz y Díaz decidían qué empresas podían participar en las invitaciones privadas, mientras que Gustavo llegó a presentarse personalmente en la UNGRD para exigir avances en la contratación.
Su intervención habría sido fundamental para direccionar el proyecto y asegurar el control de los contratos.
En declaraciones a EL COLOMBIANO, hace unos meses, el abogado Andrés Garzón, defensor de la congresista Manrique, había dicho que tanto la comunidad, como el Gobierno tienen explicaciones claras sobre esas reuniones y que los contratos mencionados por los exdirectivos no tienen relación con las empresas del esposo de la congresista.
Añadió que las afirmaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla no son más que “maniobras engañosas” para obtener beneficios judiciales.
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“Ni la defensa de Karen Manrique, ni Karen se sorprende de la situación, ya que hace un tiempo Olmedo López y el señor Pinilla habían manifestado algún tipo de intención de hablar de algunos temas que se desarrollaron en Arauca cuando ellos estuvieron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, aseguró.
Más detalles del contrato
El proyecto en el río Bojabá consistía en la construcción de diques y estructuras para mitigar el riesgo de inundaciones en Saravena.
Originalmente catalogado como “obra de intervención correctiva” en 2021, fue reclasificado en diciembre de 2023 como “obra de emergencia”, lo que permitió agilizar su trámite y evitar controles técnicos más rigurosos.
El valor total aprobado superó los $34.000 millones, incluyendo interventoría, con ajustes específicos para maximizar beneficios administrativos (como limitar la interventoría al 5% y el AIU a un 30%).
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Aunque el proyecto respondía a una necesidad real de la comunidad, la Corte concluyó que su trámite fue manipulado y utilizado como moneda de cambio en una negociación ilícita entre el Ejecutivo y el Congreso, con González Ruiz actuando como brazo ejecutor de esos intereses.
En suma, Gustavo González es señalado de ser el operador clave en Arauca para que los recursos públicos destinados a la reducción del riesgo de desastres fueran manejados bajo control político, aprovechando su vínculo con la representante Karen Manrique y la influencia de esta en la UNGRD.
Otros contratos donde se le señala
En lo recogido por la Corte, se mencionan documentos relacionados con un contrato realizado en el municipio de Cravo Norte.
Aunque la atención principal de la “negociación criminal” actual está en el proyecto del río Bojabá de 2023, este contrato previo forma parte de otros casos que para el alto tribunal evidenciarían la gestión de Karen Manrique y su círculo cercano en la región.
Además, en el documento de 1.020 páginas de la Corte Suprema se destaca que Gustavo González acompañó a la representante Manrique en reuniones llevadas a cabo en la UNGRD durante julio y octubre de 2023, en las cuales participaron líderes sociales de Arauca.
En estos encuentros se trataron acuerdos sobre convenios para ollas comunitarias y la asignación de horas de maquinaria para obras de contención en distintos ríos del departamento.
Si bien algunos testigos comunitarios afirmaron que el papel de González Ruiz se limitó a acompañar a su esposa, la Corte concluyó que estas interacciones fueron fundamentales para fortalecer su posición como intermediario, tanto en el nivel central como en el regional, consolidando así su influencia en la gestión y distribución de recursos.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué la Corte Suprema ordenó la captura de Manzur y Manrique?
- Por la presunta existencia de una red criminal que intercambiaba contratos de la UNGRD por votos en el Congreso. La Corte determinó que los congresistas no solo participaron, sino que lideraron la repartición de recursos y representan un riesgo de obstrucción a la justicia.
- ¿De qué delitos acusan a Wadith Manzur?
- La justicia lo investiga por cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, vinculados al entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
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