Más de 14 mil jurados de votación no asistieron a puestos en 401 municipios del país, según dio a conocer la Procuraduría en medio de la jornada electoral de esta segunda vuelta presidencial.
El Ministerio Público también dio a conocer que en el transcurso del día esa entidad ha recibido 521 informes sobre conductas que podrían afectar la jornada electoral en el país.
Las quejas han llegado al Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada de la Procuraduría en Bogotá.
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“En lo transcurrido de la jornada se han recibido 242 reportes provenientes de ciudadanos, 126 por parte de funcionarios de la entidad que realizan vigilancia electoral en las diferentes mesas de votación del país, 93 de la Cancillería y 60 reportadas por las distintas personerías”, informó el Ministerio Público.
El ente de control, dirigido por Gregorio Eljach, hace presencia en los 32 departamentos del país y en la capital del país a través de 3.479 servidores.
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“Esa cifra se divide en 2.293 funcionarios ubicados en los distintos puestos de votación del país; 359 en la sede principal de la Procuraduría; 4 en Puestos de Mando Unificado; 43 en los diferentes centros de cómputo; 48 ejerciendo vigilancia móvil, y 732 que estarán presentes en los escrutinios”, dice el comunicado.
El llamado de la Procuraduría
Sobre el proceso electoral de la segunda vuelta, el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, expresó que el “escrutinio se hace con actas físicas, no con imágenes”.
Además, invitó a los colombianos a tener absoluta tranquilidad frente al proceso electoral y al software implementado por la Registraduría Nacional.
“Voten con toda tranquilidad y entusiasmo, entendiendo que se trata de una forma de reivindicar los derechos democráticos, porque nada justifica las agresiones, los maltratos ni la hostilidad. Aquí todos somos compatriotas”, expresó a Caracol Radio.
“Los escrutinios se realizan con las actas físicas de cada mesa de votación (E-14), no con imágenes, las cuales tienen un carácter informativo para que los partidos y las campañas las consulten y comparen al momento de presentar reclamaciones”, enfatizó Penagos.
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Por su parte, el director de la Policía, general William Rincón, recordó a la ciudadanía que el voto es secreto, por lo cual acciones como tomar fotografías, grabar videos o realizar cualquier registro audiovisual dentro del cubículo de votación está totalmente prohibida.
Desde las 7 de la mañana las autoridades, junto con distintas instancias del Gobierno, lideraron el primer seguimiento nacional a la jornada electoral.
A través de este Puerto de Mando Unificado (PMU) se realiza el monitoreo permanente a los 32 departamentos con el objetivo de verificar el normal desarrollo de las votaciones.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública ha desplegado más de 408 mil hombres en todo el territorio nacional, y de este total 248 mil están enfocados directamente en el Plan Democracia.
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Con las urnas abiertas y el proceso en marcha, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también entregó un parte de “mucha tranquilidad y mucha confianza en que las instituciones van a poder garantizar una jornada de votación tranquila”.
Asimismo, enfatizó que, aunque todo proceso electoral conlleva riesgos, el Estado se encuentra preparado para tramitar cualquier incidente mediante las instancias de coordinación establecidas.
Para blindar la transparencia y seguridad de los comicios, la Defensoría del Pueblo desplegó un robusto operativo.
Según Marín, “vamos a tener a más de 2.300 personas, incluyendo funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas”, distribuidas en miles de mesas de votación en conjunto con la Procuraduría y las Personerías.
Esta vigilancia no se limitará a las horas de votación, sino que se intensificará al cierre de las urnas.
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¿A qué sanciones se enfrentan?
El exregistrador Juan Carlos Galindo, en diálogo con EL COLOMBIANO, explicó que la Registraduría, para cada jornada de elecciones, cita un diez por ciento adicional de jurados en cada puesto de votación, con el fin de suplir cualquier ausencia.
“Aquellas personas que no se presenten a cumplir con esta función podrán ser objeto de sanciones, dependiendo de su condición. Si se trata de funcionarios públicos, el incumplimiento de este deber puede dar lugar a su destitución del cargo”, expresó el exfuncionario.
Agregó que en el caso de los particulares que no asistieron a su puesto de votación, siendo citados como jurados de votación, podrán recibir multas que oscilan entre uno y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por el momento, la Registraduría no ha entregado mayores detalles de los jurados de votación que no asistieron a la jornada electoral de esta segunda vuelta.
El abogado Juan Carlos Galindo se desempeñó como registrador nacional en dos periodos distintos: de enero a diciembre de 2007, y nuevamente entre 2015 y 2019.
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