Varias organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría pidieron que se ampare el derecho de los campesinos a participar de las decisiones que les conciernen, por eso solicitaron que no se realice de manera virtual la audiencia programada para el 27 de mayo, en la que se definirán los lineamientos para el uso del glifosato, ya que muchos de los labriegos que podrían verse afectados por las aspersiones no tienen acceso a internet.
La audiencia pública la debe adelantar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que insiste que en medio de la pandemia, el aislamiento y la prohibición de eventos masivos, la diligencia debe desarrollarse virtualmente.
De momento, una de las tutelas, la interpuesta por una cacaotera de Policarpa, Nariño, logró que se suspendiera la audiencia pública virtual hasta que se produzca el fallo, cuya fecha límite es el 28 de mayo.
Además de esta tutela, otros documentos llegaron a manos de los jueces reclamando los mismo derechos en diferentes lugares del país. EL COLOMBIANO conoció que así lo hicieron limoneros, cacaoateros, juntas de acción comunal, entre otros.
“Consideramos que la situación de emergencia de salud pública que vive el país por cuenta del Covid-19 se ha utilizado para acelerar los trámites para que regresen las aspersiones con glifosato de forma arbitraria, restrictiva, desproporcionada, ilegítima e ilegal”, dijeron las organizaciones en las acciones de tutela.
A juicio de los tutelantes, la Anla se escuda en la pandemia, desconociendo que la audiencia pública ambiental de carácter virtual no se encuentra autorizada por la ley y “por el contrario contraviene varias de las disposiciones legales sobre la forma y condiciones en que debe celebrarse la audiencia pública ambiental”.
Con la tutela se busca que se amparen los derechos al acceso a la información, la participación efectiva en la toma de decisiones ambientales con criterios de justicia ambiental, la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado, el principio de transparencia y el debido proceso.
“Es en síntesis una absoluta arbitrariedad, con la cual la Anla está recortando las garantías de participación, aún más que cuando se trata de procesos de licenciamiento de empresas privadas”, señaló el documento.
Así las cosas, de momento no se realizará la audiencia, una vez los jueces den sus fallos se sabrá si el reclamo de los campesinos es amparado y si la Anla debe esperar a que se den de nuevo las condiciones para llevar a cabo la diligencia, lo que obliga al Gobierno a abstenerse de rociar glifosato hasta que ocurra.
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