La JEP nació tras el acuerdo de paz con las FARC; es el tribunal encargado de juzgar e investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, pero es además el único espacio donde las víctimas pueden contar sus tragedias, hablar de sus hijos asesinados y donde los responsables, sean integrantes de la Fuerza Pública o de la antigua guerrilla, reconocen sus delitos y entregan verdad; al menos, ese fue el propósito de su creación.
Hoy, ese tribunal está sumido en una controversia. El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció recortes en su presupuesto y de ahí que hayan salido denuncias sobre supuestos despilfarros en gastos que para algunos resultan injustificados.
En medio de todo ese ambiente, se conoció la denuncia de la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, en la que advierte que comparecientes de la Fuerza Pública estarían siendo, presuntamente, presionados para que soliciten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares, con el propósito de frenar el recorte presupuestal de $170.000 millones que enfrentará el tribunal en 2027.
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La congresista reveló un documento que estarían enviando algunos comparecientes, principalmente de la Fuerza Pública, a la CIDH, en el que se informa sobre ese ajuste de recursos.
Según su versión, a los uniformados también se les estaría advirtiendo que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría seguir funcionando y sus casos pasarían a la justicia ordinaria, sin las reglas especiales de la justicia transicional.
Posada calificó la maniobra como una instrumentalización inadmisible de militares y policías por parte de un tribunal que, según ella, los ha tratado con dureza en el pasado.
La senadora insistió en que el recorte no es exclusivo de la JEP, sino transversal a todas las entidades del Estado en medio de la crítica situación fiscal del país, y presentó cifras de ejecución presupuestal que, a su juicio, muestran margen de ahorro sin poner en riesgo la operación del tribunal.
Entre enero y junio de 2026, la JEP habría destinado 40.149 millones de pesos a contratistas, 39.721 millones a servicios no discriminados en sus estados financieros, 933 millones a tiquetes y 848 millones a viáticos, entre otros rubros. Para 2026, el tribunal tiene presupuestados 404.477 millones en nómina y 178.157 millones en adquisición de bienes y servicios.
Con ajustes de entre el 10% y el 50% en esos rubros, sostiene la senadora, se podrían liberar los $170.000 millones sin afectar el funcionamiento de la entidad.
¿Qué dice la JEP sobre las denuncias?
Sobre esta denuncia puntual —la presunta presión a comparecientes para acudir a la CIDH—, EL COLOMBIANO consultó con fuentes de la JEP y señalaron un punto importante de la denuncia: el hilo inicial de la senadora del Centro Democrático dice que va a mandar un derecho de petición preguntando si eso salió de la Jurisdicción. “O sea, admite que no tiene pruebas de que sea nuestro”, aseguran.
El secretario ejecutivo de la Jurisdicción, Javier Daniel Lozuares, advirtió en el Congreso que, de prosperar la reducción de $170.000 millones aprobada en el debate de las Comisiones Económicas, el impacto sería estructural y llevaría prácticamente a la parálisis de la actividad judicial del tribunal.
Según explicó, la JEP se quedaría sin la posibilidad de garantizar la representación judicial de las víctimas, la defensa técnica de los comparecientes, el despliegue territorial, el acompañamiento psicosocial, los procesos de mediación restaurativa y el soporte tecnológico para el manejo del expediente digital, entre otros frentes.
El funcionario insistió en que, aunque el monto del recorte pueda parecer pequeño frente al presupuesto general de la Nación, su efecto sobre la JEP sería directo.
No habría cómo adelantar las investigaciones y los juicios pendientes, se afectaría el cumplimiento de las sentencias ya proferidas y se debilitaría el monitoreo y la verificación judicial, lo que golpearía el debido proceso, las garantías judiciales y la posibilidad misma de que el tribunal siga operando.
Para el tribunal, este movimiento se expresa en una especie de “estrangulación”; sin embargo, desde el Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ya ha reiterado que no se trata de esto.
“No es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos”, aseguró en una misiva que publicó en sus redes sociales el pasado domingo.
Y es que el debate, sin dejar de lado la importancia del tribunal, ocurre justo cuando la JEP cumple ocho años y medio de funcionamiento y enfrenta señalamientos de fondo por la lentitud de sus decisiones.
Aunque la JEP comenzó a operar en 2018, la primera resolución de conclusiones —paso previo a la imposición de sanciones— se emitió en octubre de 2022 y, para mayo de 2024, aún no se había materializado ninguna sanción para los comparecientes que habían reconocido responsabilidad.
Organizaciones como Dejusticia han advertido que persisten retrasos en la definición de la situación jurídica de numerosos comparecientes y que la lentitud en las decisiones puede afectar tanto los derechos de las víctimas como la seguridad jurídica de quienes se sometieron al sistema.
“Si bien la JEP ha logrado avances importantes, actualmente se presentan grandes retrasos frente a la definición de la situación jurídica tanto de los comparecientes de la Fuerza Pública como de los comparecientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) que no son máximos responsables, que pueden poner en riesgo su credibilidad interna y externa”, señala el documento En busca de una decisión definitiva: balance del avance de la Jurisdicción Especial para la Paz en la definición de la situación de los comparecientes de esta entidad, publicado en 2024.
¿Cuántas víctimas tienen acreditadas la JEP?
Son cerca de 15.000 víctimas individuales y 420 grupos étnicos o víctimas colectivas, que en conjunto representan a más de 300.000 personas. Entre ellas están pueblos indígenas, mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados por las FARC y víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Según el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, con todo lo que está pasando, los hechos y las verdades que han salido a la luz a partir de estos casos se verían gravemente afectados.
En ese contexto, lo que estaría en juego, según el magistrado, no sería únicamente el funcionamiento de una institución. “Está en riesgo la estabilidad de un Acuerdo de Paz, la desmovilización de las FARC y la seguridad jurídica”, señaló. La dimensión del asunto también alcanza a la Fuerza Pública: más de 5.000 de sus integrantes han sido beneficiados por la JEP.
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Por eso, dice el magistrado, la discusión no debería reducirse a un asunto burocrático o presupuestal, sino que tendría implicaciones sobre la estabilidad del acuerdo de paz.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿En qué consiste la denuncia de la senadora María Clara Posada contra la JEP?
- La congresista denunció que funcionarios de la JEP estarían presuntamente presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para solicitar medidas cautelares a la CIDH, con el fin de frenar un recorte de $170.000 millones de pesos en su presupuesto para 2027.
- ¿Cómo respondió la JEP ante los señalamientos de la senadora del Centro Democrático?
- Fuentes de la JEP señalaron que la propia senadora admitió no tener pruebas directas de la autoría del tribunal, al anunciar un derecho de petición para verificar si el documento denunciado salió de la institución. No obstante, la Secretaría Ejecutiva advirtió que la reducción de recursos llevaría a la parálisis de la actividad judicial y al debilitamiento del debido proceso.
- ¿Cuáles rubros financieros propone recortar la oposición para evitar afectar la operación de la JEP?
- La senadora propuso realizar ajustes de entre el 10% y el 50% en gastos de nómina, adquisición de bienes y servicios, tiquetes, viáticos y contratos no discriminados, argumentando que con estas eficiencias se pueden liberar los $170.000 millones sin paralizar la entidad.
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