Por primera vez, la Jurisdicción para la Paz acusará a una persona por 30 delitos de lesa humanidad tras las pesquisas adelantadas por investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, de la JEP, conocida también como la Fiscalía de esa entidad.
El escrito de acusación fue levantado en contra del excongresista Luis Fernando Almario Rojas, quien será acusado del secuestro y posterior masacre de cuatro integrantes de la familia Turbay Cote, un crimen ejecutado por la guerrilla de las Farc el 29 de diciembre del año 2.000.
Pero no solo este crimen le será endilgado a quien fuera representante a la Cámara de Representantes por Caquetá entre 1994 y 2002; el director de la Fiscalía de la JEP, Giovanni Álvarez, precisó que a Almario se le acusará de otros 30 delitos entre los que se encuentra “el crimen de lesa humanidad de persecución por los asesinatos, secuestros y desplazamientos de los que fueron víctimas –por motivos políticos– 30 líderes, simpatizantes y colaboradores del llamado grupo turbayista del Caquetá”.
La calidad del acusado, explicó Álvarez, será de coautor, esto debido a que según las investigaciones adelantadas, se pudo establecer que el excongresista se alió con exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc del bloque sur de las Farc, para desarrollar un plan criminal que los llevara a tomarse el poder político en Caquetá, algo que en efecto ocurrió.
“En su escrito, la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz afirma, con probabilidad de verdad, que Luis Fernando Almario Rojas, en calidad de coautor, con algunos integrantes de las Farc-EP, diseñaron y ejecutaron un plan para atacar a los integrantes del turbayismo con el fin de desplazarlos de la arena política en el Caquetá y así asumir el control político de dicho departamento”, indicó Álvarez.
Esos ataques desencadenaron el asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador, así como de tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas. También de la ‘privación grave de la libertad física’ (secuestro) de un congresista, un alcalde y un concejal. De igual manera, se le acusa, como presunto responsable, del “traslado forzoso de población” (desplazamiento forzado) de dos periodistas, una delegada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un candidato a la Alcaldía de Puerto Rico (Caquetá), un concejal de Florencia (Caquetá), un escolta y un conductor de la familia Turbay Cote.
Es la primera vez que en Colombia se presenta una acusación por el crimen de persecución, conforme con el Estatuto de Roma. Además, en la investigación la Fiscalía de la JEP identificó dos patrones de violencia: un patrón contra líderes simpatizantes y personal de seguridad del turbayismo, y el segundo, un patrón de captura del estado para el ejercicio ilegítimo del poder público.
“El excongresista fue clave para lograr un objetivo que se trazó las extintas Farc a través de la Séptima y Octava conferencia la toma de poder político a través de todos los frentes, hecho que lograron en Caquetá”, dijo Álvarez.
El director de la UIA manifestó que la labor de las víctimas fue muy importante al momento de esclarecer la información que llevó a la tipificación e identificación de los delitos cometidos.
Almario también fue condenado a 10 años de prisión por parapolítica.
