La Fiscalía General de la Nación empezó a revelar las pistas que comprometen a siete militares como posibles miembros de una red corrupta que vendería armas y municiones a las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. La red habría captado hasta 1.790 millones de pesos.
Entre los señalados miembros de la red de traficantes hay tres soldados, un sargento y un uniformado en retiro que pertenecen a la Tercera Brigada del Ejército.
Las pistas de las autoridades en este proceso empezaron a recolectarse desde 2020. En enero de ese año encontraron 5.000 municiones en un barco que navegaba por las aguas de Buenaventura, luego, hallaron al interior de un carro granadas que eran propiedad del Ejército y que eran transportadas hasta el municipio de El Bordo (Cauca).
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Con las alarmas encendidas, la Inspección General del Ejército inició un análisis y halló 24 irregularidades con el almacenamiento de armas y municiones en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N° 3 Policarpa Salavarrieta.
De las irregularidades se conoció que las armas eran vendidas a la columna “Oliver Sinisterra”, deserterores de la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”.
Lavaderos de carros y empresas de seguridad eran las fachadas para almacenar y comercializar las armas para los disidentes. Los señalamientos de la Fiscalía indicaron que el líder de la organización delincuencial era el sargento segundo Eduardo Alexis Duarte, detenido en Bogotá.
Duarte era alamacenista del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N° 3. En una inspección a su oficina hallaron 1.391 unidades de material de guerra que no estaban en el inventario y documentos falsos que serían el tiquete para sacar el material del batallón.
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Las cuentas de la Fiscalía detallan que los militares habrían vendido 150.000 cartuchos (de varios calibres) y 2.000 granadas entre 2019 y 2021. Obtuvieron ganancias por 1.791 millones de pesos.
“Según información de nuestra Agencia en los Estados Unidos, se tiene conocimiento que citada organización provee armas de fuego y municiones a grupos armados ilegales disidentes de la guerrilla que delinquen en el pacífico colombiano, con injerencia en los departamentos del Cauca y Nariño entre otros, en Colombia”, había alertado la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos a las autoridades colombianas en un documento obtenido por Caracol Radio.
