A exactamente un mes del trágico accidente de un bus de servicios especiales, que perdió el control ingresando al puente helicoidal (Calarcá, Quindío) en la vía La Línea y que dejó 10 estudiantes muertos, se conocen detalles de las investigaciones que las autoridades adelantan para esclarecer los hechos.
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El accidente ocurrió el pasado 24 de mayo cuando un bus de servicios especiales con estudiantes de Ingeniería Civil de la universidad Alexander von Humboldt, de Armenia, perdió el control cuando iba ingresando al puente helicoidal, a escasos kilómetros de Calarcá. El vehículo, que al parecer se quedó sin frenos, chocó contra las barandas de protección del puente y expulsó a varios de sus ocupantes a un abismo. El saldo fatal fueron 10 muertos y una decena de heridos.
A la primera, Trans Logytour S.A.S., propietaria del vehículo involucrado en el siniestro, se le abrieron dos investigaciones: en la primera se le formularon cinco cargos por posibles incumplimientos de obligaciones legales y reporte de información a la SuperTransporte sobre vigilancia, inspección y control.
En la segunda investigación, explicó la entidad, se formularon siete cargos por irregularidades evidencias en la prestación del servicio de transporte el día del accidente.
A la segunda empresa, Transportes Granada González y Cía SCA, también se formularon cargos por ser la empresa con la que la universidad habría contratado el servicio de transporte.
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La SuperTransporte también abrió investigación contra el Centro de Diagnóstico Automotor Cenda Diagnosticentro S.A. de Armenia, y suspendió de manera “preventiva su habilitación y la interconexión con el Runt”. Esta suspensión se mantendrá vigente por seis meses o hasta que se termine la investigación.
Esto debido a que en el informe de técnico emitido por el Operador Autorizado del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), se evidenció que, al parecer, “el procedimiento de inspección del vehículo con placas TBK683, no se habría realizado de conformidad con la norma técnica colombiana aplicable para la inspección de automotores en pista”.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres Olave, señaló que los empresarios, conductores y operadores del transporte público en el país “son responsables de la integridad de los viajeros, por lo tanto, situaciones como la acontecida en La Línea son reprochables por el riesgo al que se expusieron los usuarios del transporte, y que hoy nos dejan como resultado la pérdida de vidas”.
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De encontrarse responsables, las empresas deberán pagar una multa de uno a setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada uno de los cargos formulados, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.
La Superintendencia también aclaró que contra las aperturas de investigación y formulación de cargos “no procede recurso”.
