Human Rights Watch le puso el dedo en la llaga al conflicto que se vive en Catatumbo, Norte de Santander, problemática que ha sido ampliamente denunciada y detallada por EL COLOMBIANO en diferentes ocasiones, la más reciente, en una entrega especial de cuatro informes publicados el 22, 23 y 24 de julio pasado.
Para la ONG, en los 11 municipios que comprenden esa región del país, fronteriza con Venezuela, existen diferentes tipos de violencia que alimentan un conflicto armado el cual, antes de diezmarse tras el Acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en 2016, aumentó y ahora mantiene sometida a la población civil y a un número importante de migrantes venezolanos.
En la publicación, presentada por el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, se afirma que el conflicto en Catatumbo ha generado 40.000 desplazados desde 2017. “Si bien los enfrentamientos entre el Eln y el Epl causaron la mayor parte de los éxodos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y la Fuerza Pública colombiana parecen ser la principal causa en 2019”, dice la ONG.
A esto se suma que los homicidios aumentaron dramáticamente desde 2015 cuando se registraron 112 casos, hasta 2018, año en el que ocurrieron 231 muertes violentas.
Una de las mayores preocupaciones para HRW está relacionada con los delitos sexuales. En el estudio se publicó que, con base en datos suministrados por la Unidad para las Víctimas, en Catatumbo 37 personas fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual vinculados con el conflicto armado entre 2017 y mayo de 2019.
En declaraciones a los medios de comunicación regionales, el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Luis Alberto Acevedo, afirmó que este tipo de delitos, como los actos sexuales y reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales, son “fenómenos que se vienen presentando desde tiempo atrás con las guerrillas”.
El aumento del pie de fuerza militar ha sido una de las principales respuestas del Gobierno Nacional para contrarrestar la situación que se vive en El Catatumbo. En noviembre del año pasado llegaron más de tres mil militares de la Fuerza de Despliegue Rápido N°3 que se encontraban en Tumaco, Nariño, para mantener la misión de estabilizar la región, y así permitir al Estado llegar con diferentes ofertas para el desarrollo social.
Para HRW, la respuesta de las autoridades colombianas a la situación en el Catatumbo “no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles, víctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos”.
Venezolanos, víctimas
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), dice que en la región de Catatumbo hay por lo menos 25 mil ciudadanos venezolanos.
En su informe, HRW afirma que muchas de esas personas quedan a merced de los grupos ilegales que los utilizan para actividades ilícitas que van desde raspar hoja de coca o integrar las filas de esas estructuras.
“El conocimiento limitado de los venezolanos sobre el conflicto armado en Colombia, sumado a las condiciones en las que viven y las necesidades que los impulsan a migrar, los vuelve más vulnerables al reclutamiento de los grupos armados en la zona”, asegura el informe.
Esta información también se basa en las estadísticas suministradas por la Policía Nacional en las que se registra que desde 2016, las muertes violentas de venezolanos en esa región colombiana están en aumento: 2017, cinco casos; 2018, 19; y entre enero y junio de este año hubo 16.
EL COLOMBIANO habló con Felipe Muñoz, gerente de Frontera, quien señaló que hasta ayer no conocía los detalles del informe. Sin embargo, precisó que han recibido denuncias de casos en los que ciudadanos venezolanos han estado involucrados en algunas actividades con estos grupos, especialmente en Catatumbo y Arauca.
La justicia y sus deudas
En la publicación de HRW también se advierte lo que para las organizaciones de derechos humanos, como la Fundación Progresar, es uno de los detonantes que generan el conflicto que se vive en la región de Catatumbo: la falta de justicia.
“En abril de 2019, había más de 770 procesos abiertos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Sólo se habían dictado condenas en 61 casos. Y según información de la Fiscalía, apenas dos miembros de grupos armados habían sido condenados por homicidio. El ente acusador no había imputado, ni mucho menos condenado, a ninguna persona por amenazas, reclutamiento infantil ni “desapariciones forzadas”, señala el informe.
“No tengo conocimiento de una decisión judicial que dejara una marca en esta región y estoy hablando de más de 20 años. Acá las únicas respuestas han sido siempre las mismas: agrandar el aparato militar”, afirmó Wilfrido Cañizares de la fundación Progresar.
Por su parte, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, confía en el trabajo de las autoridades y está convencido en que la clave para mejorar la situación está en la inversión social, sin embargo reconoce que hay grandes dificultades para que se pueda impartir justicia, capturar delincuentes y poder judicializarlos.
“Las Acciones del Epl, Eln y disidencias de las Farc, relacionadas con el narcotráfico hacen que todos los días se maten personas entre sí”, concluyó.
