La explosiva receta del petrismo para el sometimiento de bandas

Se modificaría la ley de sometimiento y la de orden público, pero también se haría una cirugía a la JEP. A Estados Unidos se le planteará una reforma al acuerdo de extradición. ¿El país se tragaría otro sapo?

Los grupos ilegales, como el Clan del Golfo, Los Caparros (en la foto), las disidencias de las Farc y el ELN, entre otros, serían cobijadas por la receta que alista el petrismo. FOTO: Julio César Herrera
El presidente electo, Gustavo Petro, planteó desde su campaña la posibilidad de ejecutar una ruta de sometimiento colectivo para grupos armados ilegales.
El canciller electo, Álvaro Leyva, está moviendo hilos con la comunidad internacional para conseguir el respaldo que se requiere para la apuesta de paz de Petro.

Se han realizado al menos 10 reuniones a puerta cerrada, en Bogotá y otras dos capitales –que incluyen a Medellín–, para definir un camino jurídico que le permita al Gobierno de Gustavo Petro cumplir uno de los puntos más polémicos de sus propuestas de campaña y que desde ya tiene crispados los ánimos en diversos estamentos, incluyendo el que rodea al actual inquilino de la Casa de Nariño.

En estas citas, todas con duraciones que sobrepasan las 5 horas continuas, se han analizado cuatro ingredientes de una explosiva receta para materializar lo que Petro llamó en campaña “la paz total” y que no es otra cosa que un camino jurídico que permita el desmantelamiento del ELN y de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o los reductos que quedan de Los Caparros.

EL COLOMBIANO accedió a información hasta ahora confidencial que se maneja en el círculo más íntimo del petrismo y estableció que los componentes prioritarios ya están definidos: reformar la ya existente ley de sometimiento colectivo, modificar la ley de orden público, intervenir el marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y plantear una cirugía al acuerdo de extradición con Estados Unidos.

Petro, en campaña, planteó en varios debates –e incluso en su programa de gobierno– lo que considera es la necesidad de establecer un proceso para desmantelar pacíficamente el narcotráfico, pero hasta ahora no se había definido su piso jurídico para ponerlo a andar.

Y este mismo jueves, en una declaración a medios, su canciller designado, Álvaro Leyva, dejó claro que la intención es que el proceso que se abra sea para todos: “No vamos a excluir a nadie”.

En la formulación de la receta el petrismo se ha cuidado de ir informando, al menos por partes, al Gobierno de Estados Unidos, pues tiene claro que el guiño de la Casa Blanca es necesario para que todo lo planteado –o lo que se logre poner en marcha– llegue a buen puerto.

Incluso, tal y como lo anticipó este diario, en la cita de este viernes en Bogotá entre Petro y la delegación que envió a Colombia Joe Biden –encabezada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jonathan Finer, y el asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González– le planteará, entre otros temas, la posibilidad de ajustar la extradición. El eje central es que solo aplique si hay reincidencia de quien se someta a la justicia.

A Duque no le suena

No obstante, todo esto tiene al saliente gobierno –y al sector del uribismo y el Centro Democrático que lo respalda– inmerso en una confrontación pública por intentar frenarlo bajo el argumento de la impunidad.

Este jueves, desde Medellín, el presidente Duque aseguró que el plan pistola que desplegó el Clan del Golfo en Antioquia y otras regiones –que ya cobró la vida de 30 uniformados en lo que va de este 2022– está relacionado con su supuesta intención de mostrar músculo en una eventual negociación.

“La verdad es que a esos bandidos hay que seguirlos combatiendo como hemos hecho en este gobierno. (...) A esos bandidos no les podemos dar ningún tipo de tratamiento político, porque son narcotraficantes, bandidos y asesinos de líderes sociales”, precisó el Jefe de Estado.

Y su comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo –quien alista un dosier sobre por qué, a su juicio, es imposible reanudar los diálogos de paz con el ELN–, aseguró que solo pueden ser combatidos o sometidos de forma individual.

En 2016, con el exdirector de la Policía Óscar Naranjo como Vicepresidente, el entonces jefe de Estado, Juan Manuel Santos, intentó andar esta ruta, pero se encontró con la oposición silenciosa de quien en ese momento era el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por lo que los acercamientos con el ahora extraditado “Otoniel” y su banda se fueron al traste.

El intentó que ya se frustró

La génesis, en todo caso, estuvo en un proyecto de supuesta reconciliación que armaron las bandas criminales del Valle de Aburrá, que tuvo varios emisarios a Bogotá.

La llamada Oficina de Envigado le envió una carta firmada por Juan Carlos Mesa, alias Tom, al ahora expresidente Santos, en la que pedía que le abriera pista a una negociación con todas las bandas del país. El tema estuvo tan avanzado que en el Aburrá se hizo trabajo de socialización en algunos barrios y estuvo inmiscuido el entonces secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas; se habló de armas a entregar y de proyectos productivos y educativos para los jóvenes pandilleros.

Entre todo eso había un gran problema: las bandas criminales –la Oficina, el Clan del Golfo, Los Mondongueros, Pachely– querían reconocimiento político y en la Casa de Nariño no podían dar una pelea estéril en el Congreso y mucho menos ante el país. Entonces, desde la Fiscalía pusieron sobre la mesa la idea del sometimiento, una rendición total y condenas a los cabecillas mientras se hacía un trabajo social con las bases. Pero al final, por la alerta que lanzó el exfiscal Martínez de que el narcotráfico terminara como delito político, todo se fue al traste. No prosperó.

Entre tanto, y en la pasada contienda –lo que tiene a muchos pensando en que habría un halo de impunidad– el hermano de Petro, Juan Fernando Petro, fue visto a mediados de junio ingresado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá, para hablar del “perdón social”. Esto, tanto en ese momento como ahora, generó dudas sobre una posible limpieza de antecedentes de narcos y criminales que se lucran con las más de 240.000 hectáreas de coca que tapizan a Colombia.

Incluso, la senadora Piedad Córdoba fue vista en la misma penitenciaría y con un objetivo similar, aunque su hermano Álvaro está allí preso por un pedido de extradición por narcotráfico. ¿Ahí se cimentaron las bases de lo que ahora se gesta como una polémica receta de sometimiento?

El presidente electo, Gustavo Petro, planteó desde su campaña la posibilidad de ejecutar una ruta de sometimiento colectivo para grupos armados ilegales.

1. Cirugía a la ley de sometimiento colectivo

Colombia ya tiene la ley 1908 de 2018, que establece la ruta para ejecutar sometimientos colectivos de bandas dedicadas a delitos no cobijables por la justicia transicional. Lo que quiere el petrismo es reforzarla porque, según el senador del Polo Iván Cepeda, la flexibilización de penas que quedó ahí establecida es más compleja que la que hay en una ley ordinaria, por lo que se debe ajustar.

Este camino, no obstante, requiere que quede explícito qué tipo de delitos se pueden cobijar y cómo se van a pagar las condenas, porque los ilegales ya hicieron pública una carta en la que dicen que “nadie debería llegar a la cárcel”, algo que ni el país ni el Pacto Histórico están en disposición de aceptar.

En esta parte también podrían terminar cobijadas las disidencias de las Farc, pese a que hay un sector del propio petrismo que advierte que no deberían ser beneficiarias de estos escenarios por ser reincidentes en la violencia y el narcotráfico.

Pero Petro sí las quiere desarmar por esta vía. ¿Se le daría un segundo perdón a “Iván Márquez”?

2. Intervención de la ley de orden público

Esta norma, la 418 de 1997, es la que da el marco jurídico para atacar judicialmente a bandas y grupos de narcos por medio de mecanismos con una eventual negociación; le da al Estado la facultad de plantear alternativas.

A esta ley se le debe renovar su vigencia este semestre y ahí, por medio de un proyecto de ley, se le pueden incluir artículos para establecer los mecanismos de sometimiento colectivo que se requieran a cambio de subrogados penales que permitan pagar cárcel, sí, pero de una manera menos fuerte. El propio presidente del Congreso, Roy Barreras, ha hablado públicamente de esta posibilidad.

3. Ajuste a la JEP para cobijar al ELN

Tanto el canciller designado, Álvaro Leyva, como los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, confirmaron que hay disposición de que se dé un cese bilateral del fuego con el ELN para reanudar las negociaciones de paz que se frenaron en seco durante el Gobierno Duque.

Esta posibilidad genera un rechazo muy fuerte en un sector, porque –como lo recordó Duque en su última intervención en el Congreso– solo en enero de 2019 le metieron un bombazo a la Escuela de Cadetes de Bogotá que mató a 19 policías; esto sin contar lo que traquetean diariamente y los secuestros y asesinatos que cometen,

Por ejemplo, en la guerra que tienen en Arauca y la frontera con Venezuela con la disidencia de “Iván Márquez” ya han matado a 228 personas en solo 6 meses.

En todo caso, el petrismo quiere la negociación y se analiza si se debe modificar el orden jurídico de la JEP para que los delitos cometidos después de 2016 –año hasta el que cobija tras el acuerdo de paz con las Farc– pueden ser parte de la órbita de esta jurisdicción.

Lo que quieren, según otras fuentes del Gobierno entrante, es que se garantice la verdad, reparación y no repetición de las víctimas de esta narcoguerrilla. ¿Sus integrantes estarán dispuestos a cumplir?

El canciller electo, Álvaro Leyva, está moviendo hilos con la comunidad internacional para conseguir el respaldo que se requiere para la apuesta de paz de Petro.

4. Ajustar el tratado de extradición

Y para cerrar la fórmula está planteado decirle a Washington que el tránsito de Colombia hacia “la paz total” requiere una modificación al acuerdo de extradición. Esto, no obstante, no quiere decir que se acabe o que se deje de enviar a narcos colombianos que sean requeridos.

Lo que se busca es implementar fórmulas como, por ejemplo, que en caso de que se firme una nueva paz o se dé el sometimiento la extradición no cobije a los firmantes a menos que reincidan en algún delito que los convierta en extraditables.

“La extradición es un tema que no se negocia con los grupos armados, es algo que se da entre Estados y solo les compete a sus mandatarios”, precisó Cepeda intentando despejar dudas.

Así las cosas, ya existe una explosiva receta para el sometimiento de estos grupos armados ilegales que han matado más de 200 líderes sociales y que entre sus guerras en varias regiones han dejado más de un centenar de muertos y miles de desplazamientos.

¿El país estaría dispuesto a tragarse este nuevo sapo como ya pasó con el acuerdo con las Farc? Los 11,2 millones de votos que Petro tuvo en segunda vuelta dan a entender que sí, pero los 10,5 millones que se llevó su contrario también reflejan que el camino, al menos en la opinión, no está tan andable. En el Congreso parece que la aplanadora petrista ya hará su tarea.