El zumbido es tan temido como insoportable, porque solo cesa cuando el artefacto impacta a su objetivo. Esta práctica, cada vez más frecuente entre los grupos armados ilegales, pone en evidencia una pregunta que el Estado aún no ha resuelto: por qué no existe un sistema de defensa capaz de enfrentar este nuevo tipo de arma.
En distintos puntos del país, especialmente en regiones con presencia de grupos armados, los drones se han convertido en una herramienta de guerra. Son usados para lanzar explosivos, vigilar a comunidades o seguir los movimientos de la Fuerza Pública. En zonas rurales de departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander, los habitantes han aprendido a reconocer el peligro con solo escuchar el zumbido en el cielo. Líderes comunitarios y organizaciones humanitarias advierten que los ataques con drones se están volviendo comunes y que las autoridades aún no han establecido medidas efectivas para detenerlos.
Lo que comenzó como un recurso improvisado por parte de las disidencias de las Farc y el ELN, hoy es una táctica militar consolidada que ha dejado decenas de víctimas, tanto civiles como uniformadas. Uno de los hechos más graves ocurrió en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero antinarcóticos cayó en circunstancias confusas, causando la muerte de trece policías.
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Las primeras versiones apuntaron a un ataque con drones y explosivos lanzados por estructuras disidentes antes de que la aeronave impactara una mina al aterrizar. En otro episodio, sobre el río Naya, en Buenaventura, tres militares murieron y cuatro más resultaron heridos tras la detonación de artefactos arrojados desde drones que atacaron una embarcación de la Armada.
En el Cauca, los ataques se han vuelto frecuentes. En la vía Panamericana, un grupo armado lanzó explosivos desde drones contra una unidad militar. Las esquirlas alcanzaron incluso a una mujer que transitaba por el lugar. La víctima fue auxiliada por los mismos soldados y sobrevivió, aunque el hecho evidenció que los ataques ya no se limitan a objetivos oficiales sino que ponen en riesgo directo a la población civil.
Las cifras internas del Ejército y la Policía confirman que la amenaza va en aumento. Desde finales de 2023 se han documentado cerca de 400 ataques con drones en distintas regiones del país. Lo alarmante no es solo la cantidad, sino la precisión con que operan los artefactos. Los grupos armados han perfeccionado la técnica, incorporando cámaras térmicas que permiten ejecutar bombardeos nocturnos y sistemas de guiado que aumentan la puntería en el lanzamiento de granadas.
A la par, los grupos armados están reclutando menores de edad bajo la apariencia de oportunidades tecnológicas. Los atraen con supuestos cursos de capacitación en manejo de drones y herramientas de última generación, sin revelarles que, en realidad, están siendo entrenados para operar máquinas de guerra y participar en ataques mortales.
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Pero mientras las disidencias invierten en capacitación y reciben entrenamiento especializado, la respuesta del Estado avanza con lentitud. Fuentes militares reconocen que Colombia no cuenta con un sistema antidrones sofisticado ni con protocolos uniformes de defensa ante este tipo de ataques. Este diario conoció que los procesos de contratación para adquirir equipos de detección y neutralización están empantanados en trámites burocráticos y permisos técnicos, lo que deja expuestas a las tropas en el terreno.
Las demoras contrastan con los hallazgos del Ejército, que ha identificado la participación de exmilitares rusos en el entrenamiento de disidencias en territorio venezolano. Según informes de inteligencia, allí se estarían capacitando combatientes del ELN y de las disidencias de las FARC en el uso táctico de drones, una práctica que ha elevado el nivel de amenaza en zonas fronterizas.
El Gobierno intenta responder con medidas institucionales. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto con los ministerios de Defensa y Transporte, radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca regular el uso, porte y control de drones en el país, así como definir las condiciones para implementar sistemas antidrones. La iniciativa plantea que el Ministerio TIC sea la autoridad técnica encargada de vigilar el espectro radioeléctrico y de autorizar los mecanismos para bloquear aparatos utilizados con fines delictivos.
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En paralelo, el Ministerio de Defensa anunció la creación de un Batallón Antidrones con sede en Boyacá. La propuesta, impulsada por el gobernador Carlos Amaya y respaldada por el Ejército Nacional, busca desarrollar capacidades operativas para detectar, rastrear y neutralizar aeronaves no tripuladas usadas por grupos criminales. La construcción de esta unidad especializada pretende ser un primer paso hacia una defensa tecnológica frente a un enemigo que ya opera con herramientas del siglo XXI.
Sin embargo, mientras los planes avanzan sobre el papel, los ataques siguen ocurriendo. Las comunidades en zonas rurales viven bajo el zumbido constante de los drones y los soldados patrullan sabiendo que, desde el aire, una pequeña máquina puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La nueva guerra que libran las disidencias no solo desafía la fuerza del Estado, sino también su capacidad para adaptarse a un escenario de violencia cada vez más moderno y letal.
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