A diciembre de 2025, los grupos armados ilegales concentraban a más de 27.000 personas entre combatientes y redes de apoyo, una cifra que evidenció un crecimiento del 23,5 % frente al cierre de 2024, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz.
El documento revela que en apenas un año, más de 5.000 nuevos integrantes engrosaron estas estructuras, confirmando un fortalecimiento sostenido que terminó por marcar en rojo el balance de seguridad del país y anticipó un inicio de 2026 atravesado por el regreso de los enfrentamientos y las emergencias humanitarias en varias regiones.
El balance de 2025 dejó en evidencia que, pese al aumento de operaciones de la Fuerza Pública y a los esfuerzos del Gobierno por sostener la política de Paz Total, los grupos armados no solo resistieron la presión estatal, sino que ampliaron su influencia.
El Clan del Golfo encabezó ese aumento, seguido por el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central, comandadas por alias ‘Mordisco’. Ni las ofensivas militares ni los procesos de diálogo o sometimiento lograron frenar su capacidad de reclutamiento, alimentada por la oferta de ingresos y beneficios en zonas donde la presencia del Estado sigue siendo débil o intermitente, de acuerdo con Ideaspaz.
El año pasado fue el más violento de la última década en términos de enfrentamientos entre grupos ilegales, con un aumento del 34 % frente a 2024. Las fracturas internas, las alianzas cambiantes y la pugna por rutas estratégicas y economías ilícitas ampliaron el mapa del conflicto. Al menos 13 zonas del país permanecieron en disputa activa, casi el doble de las registradas al inicio del actual Gobierno.
Le puede interesar: Violencia en el Catatumbo: Defensoría alerta por desplazamiento de 250 personas tras combates
La guerra también se modernizó. El uso de drones cargados con explosivos se consolidó como una herramienta clave para los grupos armados, al reducir costos y aumentar la efectividad de los ataques. Durante 2025 se contabilizaron 277 de estas acciones, más del doble de las registradas un año antes, con una participación predominante del Estado Mayor Central. Esta evolución tecnológica agravó los riesgos para las tropas y para la población civil.
“La respuesta sigue siendo, en muchos casos, reactiva. La prevención, la inteligencia y la anticipación muestran debilidades, mientras que estrategias como los bombardeos pierden efectividad en un conflicto cada vez más fragmentado y disperso. En este escenario, el riesgo para la población civil aumenta y la legitimidad del Estado se erosiona”, sostiene el informe de la Fundación.
Entérese: ¿Cúpula con “la mano amarrada”? Alertas tras relevo militar de Petro
Otro foco revela que el desplazamiento forzado se disparó un 85 %, impulsado en gran medida por la crisis en el Catatumbo. Aunque el número de homicidios mostró solo un leve repunte del 3 %, expertos advierten que esa aparente estabilidad no refleja una reducción real del poder armado, sino cambios en las dinámicas criminales para evitar afectar negocios ilegales. En contraste, el secuestro aumentó más de 130 %, con un patrón cada vez más urbano y una fuerte presencia de modalidades extorsivas.
El análisis de la Fundación Ideas para la Paz concluye que el tiempo restante del Gobierno no puede convertirse en un argumento para postergar ajustes. El desafío pasa por mejorar la coordinación institucional, fortalecer la investigación criminal y la justicia, y redefinir los límites de la Paz Total. De no hacerlo, advierten los expertos, la violencia seguirá marcando el ritmo del país en un año atravesado por el calendario electoral.
Regístrate al newsletter