Si bien apenas es un borrador, la propuesta de despenalizar el cultivo de hoja de coca en Colombia y regularizar ese mercado –que comenzó a sonar justo cuando se descartó por completo la aspersión con glifosato a cultivos de uso ilícito–, parece que puede encontrar disposición en Washington para que se abra el debate.
Aunque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que “no se va a legalizar la cocaína en este Gobierno”, otros miembros del Ejecutivo y el propio programa de Gobierno de Petro promueven la regularización de este mercado.
Así mismo, este martes hubo una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño a la que asistieron varios pesos pesados de los gobiernos de EE.UU. y Colombia. Mientras el presidente estadounidense Joe Biden envió al director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, el presidente Petro asistió con los ministros de Agricultura, Defensa y Exteriores.
A la cita también acudió el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, quien fue el encargado de dar las escuetas declaraciones posteriores a la reunión. Murillo dijo que acordaron formar unos “grupos de trabajo” conjuntos para adelantar ajustes a la lucha contra las drogas que se librará en los próximos años e insistió en que ambos países tienen “intereses comunes”.
Gupta, por su parte, dijo que habían tenido una “conversación muy fructífera”. Agregó que la administración de Biden está en una “nueva era” en materia de política contra las drogas y señaló que buscan impulsar una estrategia “holística” que tenga en cuenta temas como la protección del medio ambiente y el respeto por la seguridad y la salud de las comunidades.
La delegación de Biden, además, reveló que invertirá cerca de 2 millones de dólares en un proyecto bilateral para reducir el consumo de drogas. Todd Robinson, Secretario Adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, dijo que uno de los renglones de esa lucha antidrogas debe pasar por prevenir la adicción y prestarle más atención a la salud pública.
La Casa de Nariño estuvo muy visitada por los estadounidenses este martes, porque además de los enviados de la administración Biden, a sus puertas también acudió una comisión de tres congresistas del Partido Demócrata.
Los tres legisladores hablaron con el presidente Petro y señalaron que esperan estrechar relaciones entre el Congreso estadounidense y el Gobierno de Colombia.
Estos acercamientos con los poderes estatales de EE.UU. dejaron ver que habrá fuertes cambios en la formulación de la política antidrogas. Por un lado, quedó claro que el Gobierno Biden está más abierto a ejecutar estrategias de erradicación y prevención del consumo de drogas. Algo que, sin embargo, no implica que suelte la lucha tradicional contra el narcotráfico.
“Los demócratas están bastante alineados con la idea de implementar el Acuerdo de Paz”, dijo David Restrepo, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes. “Pero estamos con una ventana de oportunidad que se puede cerrar si en las elecciones de Congreso de este año se presenta un cambio de mando”, agregó Restrepo, haciendo referencia a los comicios legislativos que habrá en EE.UU. en noviembre de este año.
A su vez, la duda que queda en el aire es qué tan liberales van a ser los ajustes a la política antidrogas. Se sabe que el Gobierno Petro no solo tiene disposición de acelerar la erradicación voluntaria y frenar la forzada, sino que también es partidario de legalizar las drogas bajo un enfoque de salud pública.
Y si bien en varios estados de Estados Unidos ya es legal el uso recreativo de la marihuana, el tema de la cocaína es mucho más flexible.
De hecho, esta semana, el zar antidrogas de Petro, Felipe Tascón, señaló que buscará el apoyo de otros países donde se producen grandes cantidades de hoja de coca como Perú y Bolivia.
La idea sería aprovechar que en ambos países también hay líderes políticos de izquierda y presentarle una propuesta sólida a la Administración Biden con el fin de hacer una especie de piloto de legalización de la coca.
“Los narcotraficantes saben que su negocio depende de que se prohiba”, le dijo Tascón al periódico The Washington Post. “El programa de gobierno no habla del problema de las drogas, sino de los problemas que genera la prohibición”, puntualizó.
Y, efectivamente, el programa de Gobierno que Petro y la hoy vicepresidenta, Francia Márquez, se refiere a darle un giro a estas políticas.
Según rezaba en esa hoja de ruta la política antidrogas debía estar enfocada en “la protección de la naturaleza, la regulación, el sometimiento judicial de las organizaciones criminales y el abordaje del consumo como un tema de salud pública”.
La legalización, sin embargo, no es garantía de que el tráfico de drogas desaparecerá. De hecho, en países como Canadá, donde el Cannabis ya está legalizado incluso para su consumo recreativo, el negocio del contrabando y el mercado ilegal se mantuvieron.
Al respecto, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry señaló que por lo pronto no es seguro que la legalización acabe con las mafias. Y señaló, en todo caso, que “es una discusión que Colombia debe promover, pero no emprender unilateralmente”.
El elefante en la habitación
Más allá de las propuestas para legalizar o no el cultivo de hoja de coca, la verdad evidente es que el negocio del narcotráfico viene en auge en Colombia en los últimos años.
De hecho, pese a los esfuerzos del Gobierno de Juan Manuel Santos con la firma del Acuerdo de Paz y los del Gobierno de Iván Duque con la persecución de narcos de alto perfil, el comercio de drogas ilícitas sigue fuerte en Colombia.
De hecho, según datos de la ONU se espera que para 2022 Colombia produzca más de 1.200 toneladas métricas de cocaína (ver gráfico), una cifra muy similar a la dos últimos dos años y superior a todo lo que se producía en el pasado.
El negocio, además, funciona porque es lucrativo a niveles astronómicos. De acuerdo con los datos de la Policían Nacional, mientras producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína en Colombia cuesta alrededor de 3,2 millones de pesos, en países como Australia se puede llegar a vender a más de 900 millones de pesos.
Freno a la fumigación
Este martes también se conoció otra noticia de peso sobre la lucha contra las drogas en Colombia. El nuevo director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria Cely, aseguró que si bien la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito continuará, la aspersión con glifosato es una alternativa que está completamente descartada.
Así lo señaló en una entrevista con el diario El Tiempo. “Lo que estamos aplicando es la erradicación voluntaria en ciertos sitios donde hemos tenido una reunión de campo de ciertos miembros de la institución y otras entidades del Estado, para motivar la erradicación voluntaria y la sustitución”, aseguró Sanabria Cely.
El general Sanabria también puntualizó que enviaron una solicitud formal a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para frenar la petición de un permiso para usar glifosato.
