Dentro de las cosas que dejó el gobierno de Gustavo Petro hay más de 100 investigaciones por presunta corrupción. Ese sería el número de procesos que actualmente llevan la Fiscalía y diferentes organismos de control, por hechos ocurridos durante la pasada administración presidencial.
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Todos estos expedientes se encuentran en diferentes etapas y su coordinación estaría en manos de Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, según reveló Noticias RCN. Entre las entidades con denuncias aparecen el Ministerio de la Igualdad, en proceso de liquidación; la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Y es que un balance hecho por Transparencia por Colombia sobre la lucha contra la corrupción, antes del cambio de gobierno, señala que la administración comenzó con un “impulso discursivo”, pero no logró consolidar cambios en esta materia.
Ahora, varias de las actuaciones que quedaron sobre la mesa están en manos de las autoridades, que deberán establecer qué ocurrió en cada caso y si existen responsabilidades. En junio, este diario hizo una recopilación de 90 escándalos que marcaron el cuatrenio pasado. Estos son algunos.
Los líos del FonIgualdad
Uno de los casos está relacionado con el Fondo para la Promoción de la Igualdad y la Equidad (FonIgualdad), creado como el brazo financiero del nuevo -y ahora extinto- Ministerio de la Igualdad. Desde su puesta en marcha, el fondo quedó en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en algunos procesos de contratación.
Uno de los principales problemas señalados fue precisamente la baja ejecución de los recursos. Auditorías de la Contraloría han advertido que, pese a las millonarias asignaciones recibidas, el fondo mantuvo niveles de ejecución cercanos a cero.
Mientras recursos destinados a programas sociales permanecían sin ejecutar, parte de lo contratado estuvo relacionado con operadores logísticos.
EL COLOMBIANO conoció, por ejemplo, que en octubre de 2025 FonIgualdad firmó un contrato por $55.000 millones con la empresa Publicidad Móvil de Colombia para prestar servicios técnicos, operativos y logísticos “para llevar a cabo los eventos y actividades del Ministerio de la Igualdad”.
A esto se sumó otro contrato, cuestionado por la entonces candidata presidencial Paloma Valencia. En febrero señaló que, antes de comenzar el periodo electoral, el Ministerio de la Igualdad había firmado con Laborando S. A. S. un contrato por $26.289 millones para proveer trabajadores en misión durante 2026.
La SAE es otra de las entidades que aparece dentro de las investigaciones. En febrero, la Contraloría reportó hallazgos fiscales por $8.839 millones correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
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El informe señaló deficiencias en la administración de bienes y en la ejecución de procedimientos de desalojo, además de debilidades en los sistemas de información que podían afectar el manejo de los inventarios.
Este diario reveló, por ejemplo, el caso relacionado con animales incautados. En el sistema digital de la entidad aparecía un inventario de 35.711 semovientes. Sin embargo, la SAE admitió que físicamente solamente estaban identificados 582 animales, como si los más de 35.000 se hubieran “esfumado”.
La lupa en la ANT
Un balance que recientemente hizo la nueva dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) señala que en el gobierno Petro se destinaron $7 billones para la compra de tierras y contratación de servicios, de los cuales $5,1 billones correspondían exclusivamente a la adquisición de predios.
Sin embargo, la meta en entrega de hectáreas tituladas solo llegó al 6,6%. Es decir, la administración de Petro tenía como propósito dar 1,5 millones de hectáreas tituladas, pero, según cifras entregadas por la nueva directora, se habrían entregado apenas unas 99.400 hectáreas.
El panorama tampoco habría sido favorable en materia de formalización de tierras. Según el diagnóstico, la meta para el periodo 2022-2026 era formalizar 3,9 millones de hectáreas, mientras que se habrían formalizado 1,6 millones, cerca del 41 %.
En octubre de 2025, la entonces senadora Paloma Valencia cuestionó que contratos de esa entidad comprometían recursos por cerca de $30.000 millones para la realización de eventos.
Los casos más “sonados”
Otro de los grandes capítulos que dejó el gobierno Petro fue el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de atender emergencias y prevenir sus impactos sobre la población.
El caso comenzó con la compra de 40 carrotanques por $46.800 millones para llevar agua a La Guajira, pero rápidamente se convirtió en una investigación de mayores dimensiones. El expediente terminó poniendo bajo la lupa cerca de $1,2 billones y alcanzó a varios funcionarios, incluidos exministros.
Otro escándalo que, de hecho, tuvo un nuevo capítulo recientemente fue el de Laura Sarabia, quien durante buena parte del gobierno fue una de las funcionarias más cercanas a Petro. La Fiscalía la imputó por los hechos relacionados con someter a su niñera, Marelbys Meza, al polígrafo después de la pérdida de un maletín que contenía miles de dólares en efectivo.
La funcionaria es investigada por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.
Y otro de los nombres que aparece en diferentes investigaciones es el de Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña Petro Presidente y posteriormente llegó a la presidencia de Ecopetrol.
Uno de los procesos en su contra está relacionado con la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá a una sociedad controlada por el empresario petrolero Serafino Iacono. La Fiscalía ha señalado un presunto conflicto de interés y Roa ya fue imputado dentro de ese proceso.
Las autoridades deberán determinar si en cada uno de los casos hubo actuaciones que puedan constituir irregularidades. Pero ahora el problema para mover los casos sería de plata. Aunque algunas de las diligencias ya se realizan con apoyo de Policía Judicial, este tipo de procesos requiere personal especializado en cada expediente.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuántas investigaciones por presunta corrupción enfrenta la administración del expresidente Gustavo Petro?
- La Fiscalía General de la Nación y diferentes organismos de control llevan actualmente
al menos 100 investigaciones por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la pasada administración presidencial.
- ¿Cuáles son las entidades del anterior gobierno que concentran las denuncias?
- Entre las entidades con mayores cuestionamientos y procesos figuran el
Ministerio de la Igualdad (actualmente en proceso de liquidación), la
Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la
Agencia Nacional de Tierras (ANT), además de los millonarios escándalos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
- ¿Qué implicados de alto perfil figuran en los procesos que investiga la Fiscalía?
- Entre los nombres más destacados se encuentran
Laura Sarabia, exfuncionaria cercana a Petro, investigada por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso en el caso de la prueba de polígrafo a su exniñera; y
Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial y expresidente de Ecopetrol, quien fue imputado por un presunto conflicto de interés
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