Las Fuerzas Militares y la Fiscalía siguen a la espera de que el presidente Gustavo Petro firme el decreto para reactivar la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe de una de las disidencias más grandes de las antiguas Farc.
Mientras no exista ese visto bueno, las operaciones contra este hombre no pueden avanzar. Y entre tanto, su estructura sigue operando en buena parte del territorio nacional, con capacidad de moverse, reclutar y ejercer control.
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Los efectos ya se están viendo en terreno y no ahora, desde hace varios meses. En Caquetá, por ejemplo, se conoció el caso de una familia que escondió a sus seis hijos en la selva para evitar que fueran reclutados por esa disidencia. El padre, además, fue señalado por el grupo armado, lo que terminó agravando el riesgo para todos.
La presión no es exclusiva de ese departamento. En Guaviare, campesinos denunciaron restricciones que recuerdan otras épocas, toques de queda impuestos por ese grupo armado y limitaciones para movilizar productos. La economía local, en esas condiciones, queda prácticamente paralizada, según las autoridades.
Alias Calarcá llegó a este punto tras la suspensión de su orden de captura, bajo el argumento de unos diálogos de paz. Sin embargo, en terreno, lo que reportan autoridades locales y analistas es que no hay avances visibles en esas conversaciones, mientras la estructura se fortalece.
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Antes del Gobierno Petro, esa disidencia tenía cerca de 1.400 hombres en sus filas. Hoy, las estimaciones apuntan a unos 3.000. El crecimiento no es menor y coincide, según registros de las Fuerzas Militares, con los periodos de cese al fuego que le dieron margen para reorganizarse y expandirse.
En el mapa, su presencia se ha consolidado en departamentos como Caquetá, Guaviare, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Magdalena Medio, pero también hay alertas sobre una posible expansión hacia Huila y Tolima.
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, reveló que su administración envió más de 100 reportes en lo corrido de 2025 sobre presuntas acciones criminales de estas disidencias, sin que haya una respuesta efectiva del Gobierno Nacional.
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