El astuto manejo de la política de “paz total” ofrecida por el Gobierno fue la clave para que la facción de “Calarcá” y otros grupos criminales evadieran los bombardeos de las Fuerzas Militares, mientras continuaban sus operaciones a la sombra.
Los bombardeos siempre han sido el arma más disuasiva contra estas organizaciones, en especial en las zonas rurales. “Gracias a ellos, se rompen sus corredores de movilidad, se evita su avance y consolidación de territorios, se alejan de centros urbanos y se les dificultan las comunicaciones y el comando de su tropa”, señaló un exoficial de la Fuerza Aeroespacial, que solicitó la reserva de la identidad.
Sin embargo, el Gobierno suspendió los bombardeos en los primeros dos años de su periodo, apostándole a pacificar el país con su política de “paz total”.
El 12 de agosto de 2022, tras apenas cinco días de haber llegado al poder, el ministro de Defensa de ese momento, Iván Velásquez, ordenó frenar las llamadas Operaciones Beta con el pretexto de proteger a los menores de edad reclutados a la fuerza.
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La restricción implicaba que los ataques tenían que suspenderse si había información previa sobre la presencia de menores de edad, pero en la práctica frenó toda clase de bombardeos.
La medida coincidió con una barrida de 38 altos oficiales de la Fuerza Pública que fueron llamados a calificar servicios, lo que llenó de temor a los comandantes y nadie se atrevió a autorizar operaciones de ese tipo.
Sin esta estrategia, las organizaciones criminales proliferaron. Su número de integrantes pasó de 15.000 a 27.000, según análisis de las Fuerzas Militares; y sus tentáculos, de 178 municipios a 380.
La medida gubernamental produjo un incentivo siniestro y estos grupos incrementaron el reclutamiento de niños para blindarse contra las bombas.
El Gobierno reaccionó tarde, cuando la crisis de orden público desbordó la capacidad del Estado y la fe ciudadana en la “paz total” estaba perdida. El primer bombardeo fue el 11 de julio de 2024, pero curiosamente no le apuntó a nadie.
Sucedió en el corregimiento El Plateado, del municipio de Argelia (Cauca), y los blancos fueron un campo minado y un campamento deshabitado del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la disidencia que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”).
“No hubo bombardeos contra objetivos humanos, se realizaron para garantizar la seguridad, frente a la posibilidad de existencia de minas y artefactos explosivos en la zona donde debían entrar soldados, de manera que no corrieran ningún riesgo”, dijo el ministro Velásquez.
Desde ese momento hasta el 10 de julio de 2026 las Fuerzas Militares ejecutaron 25 bombardeos, según un documento oficial obtenido por EL COLOMBIANO e información confirmada por fuentes de Inteligencia Militar.
En promedio, hubo un bombardeo cada tres semanas en la segunda mitad del mandato. Nueve fueron en Antioquia; de a tres en Cauca, Guaviare y Norte de Santander; dos en Chocó y de a uno en Arauca, Caquetá, Casanare, Amazonas y Vaupés
Hubo 101 muertes confirmadas, pero el subregistro es más elevado, dado que no todos los cadáveres fueron recuperados (ver la infografía).
Al analizar los lugares y objetivos seleccionados, y sobre todo los descartados, se puede entender cómo las organizaciones criminales maniobraron con las mesas de la “paz total” para eludir esos ataques.
De los 25 bombardeos, 12 fueron contra el EMC de “Iván Mordisco”, con quien el Gobierno rompió acercamientos de paz en marzo de 2023.
Le siguen el Clan del Golfo, con nueve operaciones de esta clase; el ELN, con tres; y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), con una.
Este último caso es el más llamativo, pues el EMBF, bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), fue una de las organizaciones que más hábilmente barajó sus cartas en la mesa de la “paz total”.
En primera medida, “Calarcá” se separó del EMC y de su socio “Iván Mordisco” a mediados de 2023, formó su propia facción llevándose consigo al 60% de la tropa, y retomó los diálogos con la Casa de Nariño en octubre de ese año.
Así obtuvo un blindaje que lo protegió de bombardeos y de operativos militares, lo que le permitió expandirse y socavar las fronteras de sus rivales en Meta, Guaviare, Caquetá, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar y Amazonas.
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