El expediente en la Fiscalía contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, no deja de crecer. Pero no es el volumen de pruebas lo que hoy tiene en vilo al ente acusador, sino la tensión política y jurídica que rodea el caso. En los pasillos de la entidad lo describen como una verdadera “olla a presión”. Un proceso cargado de evidencias, pero sobre el que, en la práctica, la Fiscalía tiene las manos atadas.
Aunque el caso está en su cancha, no puede avanzar. El jefe disidente está cobijado por la política de ‘Paz total’ del gobierno de Gustavo Petro, que suspendió su orden de captura para permitir su participación como representante en diálogos con el Estado.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que existen múltiples elementos que apuntan a la comisión de nuevos delitos por parte de ‘Calarcá’ después de haber sido beneficiado con ese estatus. Sin embargo, cualquier intento de actuar choca con el límite institucional, mientras conserve su calidad de negociador, la Fiscalía no puede ejecutar órdenes en su contra.
La situación quedó en evidencia tras un derecho de petición de la senadora Paloma Valencia, quien pidió explicaciones sobre por qué no ha sido capturado. La respuesta del ente acusador dejó ver más que una justificación, reflejó una especie de resignación frente al bloqueo jurídico.
En el documento oficial, la Fiscalía reveló que ya solicitó al presidente Petro la revocatoria de la calidad de representante de ‘Calarcá’ y de otros cuatro jefes de las disidencias. La petición se sustenta en investigaciones que evidenciarían la comisión de nuevos delitos tras haber sido incluidos en el proceso de paz.
Lea también: Ofrecen $50 millones de recompensa por los responsables de la masacre en Popayán que dejó seis muertos
El punto clave es el llamado régimen de condicionalidad. Según la Sentencia C-525 de 2023, los beneficios como la suspensión de órdenes de captura dependen estrictamente de que los beneficiarios cesen sus actividades delictivas. Si reinciden, esos beneficios deben revocarse de manera inmediata.
Pero ahí surge el choque institucional. En reuniones sostenidas entre enero y abril de 2026 con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los ministerios de Justicia y Defensa y la Policía, la Fiscalía expuso sus hallazgos. No obstante, en el encuentro del 6 de abril, el comisionado de paz cambió su postura y sostuvo que la Fiscalía no tiene competencia para reactivar órdenes de captura contra negociadores, pues esa facultad recaería exclusivamente en el presidente.
Lea aquí: Exclusivo | La acusación contra ‘Calarcá’, ‘Mordisco’ y ‘Jhon 40’ por reclutamiento de 100 menores de edad
Esa interpretación, respaldada por la Defensoría del Pueblo, terminó por frenar cualquier actuación directa del ente acusador y abrió un pulso jurídico sobre quién debe evaluar el incumplimiento de las condiciones.
Para evitar un choque de trenes, la Fiscalía optó por trasladar la decisión al Ejecutivo. El pasado 7 de abril solicitó formalmente al presidente la revocatoria del estatus de negociadores de cinco cabecillas: “Calarcá”, Carlos Eduardo García Téllez, Jonathan Jair Narváez Quintero, Farby Édison Parra Parra y Javier Alonso Velosa García.
Conozca: Los 10 argumentos de la Fiscalía para pedir a Petro reactivar orden de captura contra Calarcá
La gravedad del asunto es mayor. Según la Fiscalía, se trataría de presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos después de haber accedido a los beneficios.
Por ahora, el expediente sigue creciendo, pero congelado. La decisión final no está en manos de los fiscales, sino en el despacho presidencial. Y mientras ese paso no se dé, “Calarcá” seguirá siendo, para la justicia, un objetivo identificado... pero intocable.
Regístrate al newsletter