En las últimas semanas, los dos procesos en contra de Nicolás Petro —hijo del presidente Gustavo Petro— han avanzado más rápido que antes. El primero se desarrolla por hechos relacionados con corrupción e irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico a través de Fucoso en los que el hijo del mandatario tendría participación; el otro es por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionado con el origen de su patrimonio.
Durante la mañana del 2 de diciembre se llevó a cabo una audiencia relacionada con el primer caso mencionado. Allí, la Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento intramural para el acusado.
La petición no es en vano: el ente acusador presentó pruebas en las que Nicolás Petro hablaba con su esposa Laura Ojeda acerca de huir del país para evadir a la justicia.
Cabe resaltar que, en este proceso, Petro enfrenta cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Las pruebas del presunto plan de huida fueron encontradas en el celular de Ojeda. Aquel dispositivo fue admitido como prueba por un juez el pasado 7 de noviembre. En aquella ocasión, el juez también admitió que se hicieran interceptaciones, no solo al celular de Ojeda, sino también al de Petro y su exesposa Daysuris Vásquez.
Y es que, según el juez, la revisión de los tres dispositivos sería clave para demostrar que, presuntamente, Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de FUCOSO.
En busca de chats y documentos que comprueben aquella tesis, la Fiscalía encontró un mensaje enviado por Petro hacia Ojeda, incluso antes de que el país conociera los hechos por los que ahora le imputan cargos.
“Es una conversación del 5 de diciembre de 2022 donde dice: ‘El fiscal que quiere hacer la investigación es enemigo de ellos, dos opciones, negociar con ella o irnos del país, le dije que si cedo a que nos vayamos a mitad de año, desde ya empezaremos a hacer lo del pasaporte’, dice literalmente”, explicó la Fiscalía.
En ente acusador agregó que Nicolás Petro también habría hablado con su madre, Katia Burgos, acerca de su plan y los trámites para conseguir el pasaporte.
Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde —quien ha denunciado presiones indebidas sobre su independencia para investigar el caso— reforzó su petición de medida de aseguramiento, citando las irregularidades encontradas en la documentación del exdiputado.
Señaló que existen inconsistencias tanto en la hoja de vida como en la declaración de renta del procesado, aspectos que, según expone la fiscal, justifican plenamente la imposición de una medida restrictiva de la libertad.
Por ahora, el juez no ha decretado la medida de aseguramiento, sin embargo, Laborde también fue incisiva en que, según la revisión de conversaciones, Petro habría sido consciente todo el tiempo de las irregularidades que, presuntamente, cometió. El acusado insiste en su inocencia.