La Fiscalía General de la Nación radicó este jueves el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo que significa que el expediente en su contra pasa a etapa de juicio.
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González, quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana y se presume que está en Nicaragua, fue señalado “como posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos”.
El ente acusador sostiene que el también exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entre septiembre y octubre de 2023, “habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad” a los entonces presidentes del Senado Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle, detenidos por el mismo caso.
“Se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, –bajo medida de aseguramiento–. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyde Pinilla, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle”, explica la Fiscalía.
Los dineros comprometidos, indica la entidad, provenían de un contrato de adquisición de 40 carrotanques para el transporte y suministro de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira.
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Esta decisión se conoce después de que la Fiscalía anunciara la imputación y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el mismo caso.
Ambos exfuncionarios serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Residencia en Nicaragua y circular roja de Interpol
Sobre Carlos Ramón González se sabe que el pasado 21 de mayo, justo el mismo día en que González fue imputado por la Fiscalía, la Embajada de Colombia en Nicaragua adelantaba trámites para asegurar su residencia en ese país.
De hecho, los documentos evidencian que, además de que las gestiones databan de meses atrás, el propio Gobierno tenía conocimiento que González se mantenía en Nicaragua desde noviembre de 2024.
Semanas después, el 4 de julio, la Fiscalía solicitó a la Interpol que se emitiera circular roja en contra de González, pero solo hasta este 22 de septiembre el organismo dio vía libre y emitió la alerta internacional.
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