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En medio de choques con Gobierno Petro, Fiscalía empapeló a jueza que dejó libres a dos Primera Línea

Se trata de Lilyan Bastidas Huertas, la única funcionaria que ha accedido a la petición de libertades que hizo el Gobierno Petro. La llamó a interrogatorio. El choque entre Petro, el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello sube de tono.

  • Barbosa (izquierda) reclamó que no pasará a la historia como quien quitó órdenes de captura a criminales. La procuradora Cabello (derecha) dijo que “la paz no puede estar por encima de la Constitución” y Petro (centro) contestó que, justamente, la Constitución ordena “hacer la paz como derecho fundamental”. FOTOS: COLPRENSA
    Barbosa (izquierda) reclamó que no pasará a la historia como quien quitó órdenes de captura a criminales. La procuradora Cabello (derecha) dijo que “la paz no puede estar por encima de la Constitución” y Petro (centro) contestó que, justamente, la Constitución ordena “hacer la paz como derecho fundamental”. FOTOS: COLPRENSA
19 de enero de 2023
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Un nuevo frente de batalla se abrió este miércoles entre la Fiscalía de Francisco Barbosa y el gobierno de Gustavo Petro. Al toma y dame que vienen protagonizado por la negativa del fiscal a levantar las órdenes de captura de 16 jefes paras, ahora se sumó un llamado a interrogatorio contra la única jueza que ha autorizado libertades para los de la Primera Línea por petición de la Casa de Nariño.

Se trata de Lilyan Bastidas Huertas, quien funge como coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá y que fue denunciada por la Procuraduría tras dar vía libre a la liberación Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo Súa. Ambos son los únicos procesados por delitos durante el paro nacional de 2021 que han recobrado la libertad al amparo de la figura de gestores de paz, pese a que el Ejecutivo ha postulado a otros 15 jóvenes para ser excarcelados.

En contexto: Primeros beneficiarios del aguinaldo Petro: ¿quiénes quedarán en libertad y qué viene para ellos?

Acogiendo los reparos formulados por el Ministerio Público, el fiscal llamó a la funcionaria a dar explicaciones. ¿La razón? Según el ente que dirige Margarita Cabello, tuvo que haber sido un juez de control de garantías y no la jueza Bastidas quien firmara las órdenes de libertad de los jóvenes. Lo anterior, teniendo en cuenta que cumple un rol más administrativo que judicial.

“La próxima semana se llamará a interrogatorio derivado de una denuncia penal que hizo la procuradora General. En el marco del debido proceso la jueza le deberá explicar a la Fiscalía las razones jurídicas por medio de las cuales no asignó la solicitud a un juez de control de garantías”, explicó Barbosa.

Lo que desnuda la pelea

Si bien se trata de un llamado a rendir cuentas, la solicitud de Barbosa contra la juez pone en entredicho –de forma indirecta–, el aguinaldo que Petro les prometió a los integrantes de la Primera Línea.

Además de atizar la pelea que ya libra el fiscal contra Petro y los cuestionamientos a su política de paz total, esta actuación es también un espaldarazo a Cabello quien –en línea con otras autoridades judiciales y estamentos políticos–, se ha opuesto a la libertad de los procesados por delitos en medio de los disturbios.

Basta recordar que al formular la denuncia contra la jueza, la Procuraduría se refirió implícitamente al Gobierno y reclamó que la funcionaria actuó como “una simple tramitadora de una orden del Ejecutivo, que no contaba con asidero legal”.

Más recientemente, Cabello expresó su apoyo a Barbosa al no suspender las órdenes de captura que pesan contra los 16 miembros del Clan del Golfo y de Los Pachencas que fueron reconocidos por el Gobierno como voceros de paz. “La paz no puede estar por encima de la Constitución”, dijo.

En respuesta, desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial, Petro manifestó que la procuradora incurre en una “profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia”. En ese sentido, advirtió que “todos los funcionarios públicos, incluidos ella y yo, debemos obedecer” ese mandato.

En paralelo, Barbosa concedió una entrevista radial en la que arreció en su postura y señaló que no pasará a la historia “como quien quitó órdenes de captura a criminales”. El funcionario insistió en que la negativa no es un capricho suyo y que no hay condiciones constitucionales.

Lea también: “No incurriré en un delito”: Fiscal otra vez dice no a pedido de Petro

“Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia. No voy a pasar a la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación de personas que, en este caso, son organizaciones criminales y también son los que han matado a líderes sociales y a los reincorporados. No voy a firmar ningún tipo de solicitud”, declaró en entrevista con Blu Radio.

La génesis de las disputas

En el punto más álgido de la polémica por la libertad de miembros de la Primera Línea –que Petro también enmarcó en su paz total–, el mandatario intentó calmar los ánimos y, a mediados de diciembre, sostuvo una reunión con Barbosa para despejar las dudas frente a su polémico aguinaldo.

“Le dije que la única observación que tenía era que toda decisión que se tomara fuera definida por los jueces (...) No hay cheques en blanco”, sostuvo el fiscal en su momento.

No obstante, el primer revés de Petro llegó con la decisión de un juez en Popayán que en las postrimerías de diciembre se negó a ordenar la libertad de dos jóvenes a quienes el Gobierno les concedió el rol de gestores de paz: Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza. El despacho argumentó que ambos son procesados por delitos ajenos a la protesta social y se les investiga por invadir predios en el norte de la capital del Cauca.

Justo esta semana se conoció otra determinación, esta vez proferida por la juez 28 penal del circuito con funciones de conocimiento, que se negó a otorgar la libertad a otros tres jóvenes (Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega).

Ante el pedido del Gobierno, la funcionaria argumentó que “la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales es el juez de control de garantías”.

Adicionalmente, se conoció que la Fiscalía logró que fuera condenado a seis años y seis meses de prisión a Camila Botero Cardozo, una integrante del ELN “que gestionó ante los cabecillas de ese grupo” un aporte de $23 millones para financiar a las Primera Línea de Cali, Medellín y Pereira.

Las decisiones de los jueces, conocidas al tenor de las peleas entre Petro, el fiscal y la procuradora, acrecientan la incertidumbre y las dudas frente al aguinaldo de Petro y siguen poniendo en entredicho su propósito de paz total.

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