Tras reunirse con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula de las Fuerzas Militares, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, lanzó duras críticas al proyecto del Gobierno nacional, estructurada a través del Ministerio de Justicia, que busca “humanizar las penas”.
En particular, Barbosa criticó la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro que busca brindarle la posibilidad de recibir la medida de detención domiciliaria a quienes hayan sido procesados o condenados por cometer delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
El fiscal general dejó claro que no respaldará esta iniciativa y calificó como “repugnante” el hecho de pensar que una persona condenada por delitos de lesa humanidad podría acceder al beneficio de prisión en su domicilio, donde, según Barbosa, gozaría de comodidades.
“Es absolutamente repugnante que a una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquilo viendo un Netflix o viendo series. Tiene que haber alguna sanción, si no cuál es el mensaje que se le está enviando a este país”, aseguró.
Tal fue el nivel de rechazo del jefe de la Fiscalía General de la Nación frente a esta posibilidad que advirtió que la Corte Constitucional tumbaría esta norma, en caso de que la apruebe el Congreso de la República, donde Petro ha consolidado las mayorías.
“Hay Corte Constitucional, yo creo que rápidamente rechazaría cualquier tipo de norma en ese estilo. Hay Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Procuraduría. No me imagino en el Congreso votando una disposición de ese calado, siempre ha habido ese tipo de propuestas en la historia constitucional de Colombia, lo que llamamos micos”, apuntó el fiscal Barbosa.
En esa línea, el fiscal general planteó que quisiera verle “la cara” al funcionario público que va a sustentar esta polémica propuesta en el Congreso y señaló que no será una iniciativa que pase desapercibida. “Este país tiene muchos límites desde el punto de vista institucional”, apuntó.
Por su parte, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, advirtió que esta propuesta liderada por el Gobierno podría llegar a “reñir con el estatuto de Roma y por supuesto con la Corte Penal Internacional”.
