El exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) Andrés Camargo se entregó a las autoridades en la mañana de este miércoles.
El exfuncionario llegó voluntariamente hasta el búnker de la Fiscalía en Bogotá para dar cumplimiento a la orden de captura de la Corte Suprema de Justicia, expedida el pasado 22 de junio, tal y como lo hizo en octubre de 2012, cuando lo condenaron por el caso de la calle 80, y en septiembre de 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia falló en su contra y ratificó la condena del Tribunal Superior de Bogotá.
Por el momento el Inpec está verificando la situación de Camargo, quien tendría que ser trasladado desde la Fiscalía hasta la cárcel La Picota para que cumpla su condena por las irregularidades en la contratación de las losas para la primera fase del sistema Transmilenio en la capital, que se dañaron poco después de su construcción.
Camargo fue condenado a cinco años por el Tribunal Superior de Bogotá en septiembre de 2013. Su defensa interpuso ante la Corte en 2014 un recurso ante la Corte Suprema a fin de ‘tumbar’ la condena, pero este no fue admitido inicialmente.
Luego, la Corte Constitucional concedió una tutela a Camargo y ordenó a la Corte Suprema revisar el proceso.
En junio de este año la Corte ratificó esa condena del Tribunal, al no encontrar mérito alguno para absolver al exfuncionario, hallado responsable por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Corte señaló que Camargo Ardila violó los principios de planeación y responsabilidad en materia de contratación administrativa, puesto que teniendo la capacidad, los medios de control y el conocimiento de la situación para evitarlo -es ingeniero civil y sabía que los materiales que se usaron en la construcción no eran los adecuados-, no lo hizo.
Para la Corte, Camargo dio apertura a la licitación a pesar de no haberse elaborado los diseños suficientes para iniciar la obra y permitió la modificación del material de relleno fluido en el pliego de condiciones.
En ese mismo proceso también fueron condenados Óscar Hernando Solórzano y María Elvira Bolaño, en calidad de asesores del IDU, el constructor Alberto Otoya y el interventor Álvaro Silva Fajardo, por el delito de peculado.
