Las EPS Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud —actualmente bajo control del Gobierno por intervención— quedaron en la mira de la Procuraduría General de la Nación esta semana. El ente de control disciplinario les abrió una investigación por denuncias de supuesto desvío de recursos públicos para la atención médicos de los usuarios del sistema de salud.
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Según informó la entidad, la investigación surgió por un informe que arrojó las visitas técnicas y análisis financieros realizados a esas aseguradoras, que mostraron presuntas irregularidades en el manejo de la plata del sistema de salud. Estos hallazgos también fueron remitidos para definir si puede haber delitos o faltas fiscales en ese sentido ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.
“Los recursos públicos asignados para la atención en salud habrían sido dirigidos a finalidades distintas a las permitidas por la ley”, señaló el informe de la Procuraduría, en el que también detallaron que “los recursos fueron girados, pero no ejecutados en los servicios contractuales, sino redirigidos a pagos sin soporte o justificación, algunos incluso con destino a paraísos fiscales”.
Por otro lado, el ente de control señaló que uno de los hallazgos más complejos son el posible incumplimiento en las metas de atención en salud, a raíz de que “a pesar de haber recibido los recursos, las EPS no ejecutaron la atención en salud efectiva, sino que estos fondos fueron usados en otros conceptos no contractuales o por fuera de los parámetros legales”.
¿Qué encontraron en Coosalud, Emsannar, SOS y Asmet Salud?
El señalado informe muestra que, en el caso de Coosalud, si bien no estaba intervenida por la Superintendencia de Salud cuando lo hicieron, hallaron divergencias en los registros de giros hechos en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024, en comparación con la información que habían informado en documentos oficiales. Así mismo, se indagan los pagos que se hicieron a centros médicos, presuntos vínculos con el conocido “lobista de la salud”, Mario Andrés Urán, así como transferencias sobreestimadas.
Sobre el tema de Urán, la entidad pidió información sobre la actuación del representante legal de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, y el contrato del lobista.
Al respecto, la Procuraduría advirtió vínculos entre los agentes interventores y empresas vinculadas a Urán, por lo cual “habría priorizado contratos y giros a ciertos prestadores, lo que podría haber favorecido intereses particulares en detrimento de los recursos públicos”. Por eso, hizo énfasis en que “la responsabilidad sobre el uso de los recursos públicos no se diluye por el hecho de que las EPS estén intervenidas. Al contrario, recae aún con mayor rigor sobre quienes fueron designados para garantizar su buen uso”.
Las personas mencionadas en ese parte son Jaime Miguel González Montaño (de Coosalud), Luis Carlos Arboleda Mejía y César Augusto Sánchez Gutiérrez (exinterventores de Emssanar), Javier Ignacio Cormané Fandiño (exinterventor de Asmet Salud) y Carlos Marino Escobar Vázquez (exinterventor de SOS).
Por su parte, el reporte sobre Emssanar señala que “algunos anticipos no habían sido legalizados” y se investiga un posible sobrecosto en los pagos por elementos para hacer cirugías reconstructivas en huesos rotos, los cuales pasaron de $3.115 millones a $5.276 millones entre julio y septiembre, sin la justificación necesaria.
De igual manera, encontraron cuentas por cobrar por valor de $20.191 millones, que no estaban compensadas con las que estaban por pagar, que pondrían en tela de juicio la recuperación de esos dineros en caso de que hayan acciones legales.
Entre tanto, el informe detalló que hubo 12 anticipos en Asmet Salud a terceros por un valor que superó los $21.000 millones sin legalizar ni justificar. Según el documento de la Procuraduría, esos aspectos “afectan la certeza sobre los pagos realizados a los prestadores de servicios de salud y ponen en riesgo la recuperación de estos recursos”.
Finalmente, en la caso de Servicio Occidental de Salud (SOS) hubo una diferencia en el seguimiento de recursos transferidos a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) de $455 millones.
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