Si bien la cifra se mantiene en reserva por ser parte de un expediente penal, el empresario Enrique Vives logró que las familias de las 6 personas que fallecieron luego de que las arrollara con su carro mientras conducía borracho le aceptaran una reparación económica.
Esto se traduce en que los allegados de los cuatro hombres y las dos mujeres que el 13 de septiembre pasado perdieron la vida en Santa Marta, por cuenta de lo que Vives calificó como un “accidente”, desisten de los cargos imputados al empresario. La conclusión: el caso terminaría cerrado tras el desembolso.
El abogado Rodrigo Martínez, apoderado de una de las familias de las víctimas, reveló que el acuerdo de pago se viene trabajando desde el año pasado y que, por cuenta de la gestión de los representantes de Vives, se le pudo dar celeridad al proceso a través de una aseguradora.
De acuerdo con el abogado, se destinó un monto determinado para cada caso y se firmó un documento que prohibiría revelar la suma recibida.
La Fiscalía General le imputó a Vives cargos por los delitos de homicidio bajo la modalidad de dolo eventual y tentativa de homicidio.
Además, el fiscal del caso, Mario Burgos, aseguró durante la audiencia de adición de imputación que el empresario condujo bajo grado 3 de alcohol al momento del accidente que dejó, a parte de las víctimas mortales, a un menor de edad herido.
Los jóvenes que fallecieron fueron Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate, y los hermanos Camila y Lenoir Romero.
Pero, en medio de todo este contexto, se confirmó en la tarde de este lunes que los familiares de Lima se negaron a sellar ese acuerdo económico bajo el argumento de que no quieren dinero, sino justicia.
En efecto, Álex Lima –padre de Laura Valentina– aseguró en varios medios que “el ofrecimiento económico no es justo”.
En ese sentido, agregó, quiere ver es un castigo de carácter penal, lo que implicaría –en términos prácticos– que Vives tiene que seguir enfrentando el proceso ante la Fiscalía, así sea por uno solo de los fallecidos.
Pero también trascendió que los allegados del menor que resultó herido tampoco han admitido ningún acuerdo con la defensa del empresario, quien permanece preso mientras se resuelve su caso, por lo que sería otra de las aristas judiciales que debería seguir enfrentando el samario.
En todo caso, el paso a seguir ahora es que la Fiscalía acoja o prescinda de la solicitud de las familias, pues aún está la posibilidad de que el organismo acusador decida continuar el juicio con las pruebas recogidas y lo señale, finalmente, como responsable del siniestro. La audiencia preparatoria está citada para el 3 de marzo.
